Violación: un crimen impune

En México solo el 8.6% de los delitos sexuales logran resolverse. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad analizó los crímenes de carácter sexual que han ocurrido en los últimos diez años y detectó que de las 329 mil víctimas, sólo 28 mil han conseguido una sentencia condenatoria, lo que significa que el 91% permanece en la sombra de la impunidad.

Por Valeria Durán y Ami Sosa

23 de noviembre 2023

Jane manejaba su auto por las calles de Celaya, en el estado de Guanajuato, una noche de viernes. Ella y sus dos hijas de 13 y ocho años de edad buscaban un lugar para cenar. Eran las nueve y cuarenta de la noche cuando encontraron una cenaduría. El lugar estaba lleno, por lo que Jane le pidió a su hija mayor que bajara del auto mientras ella buscaba estacionamiento.

Apenas bajó del auto, un hombre abrió la puerta del copiloto y amenazó a Jane con una navaja mientras le exigía que arrancara. Él se sentó al lado de ella, y su hija menor que viajaba en la parte de atrás del auto apenas alcanzó a salir cuando su madre fue raptada.

Jane siguió las instrucciones de su captor, manejando por calles despobladas por aproximadamente dos horas; estuvo amenazada todo ese tiempo y fue abusada sexualmente en dos ocasiones.

Cuando finalmente el raptor la dejó ir, Jane encontró una patrulla en la que iban dos policías y les contó lo que había pasado; les proporcionó las características del hombre que la violó, con la esperanza de que de inmediato fueran a buscarlo y lo detuvieran, pero en lugar de hacerle caso, llamaron a su esposo. “Señor, no se vaya a molestar pero su esposa tiene un novio o amante”, le dijeron al marido.

Jane seguía pidiendo ayuda, pero apenas y accedieron a dejarla en la entrada del Ministerio Público, donde la persona que la recibió volvió a revictimizarla:

“Pues yo tengo mucho tiempo en delitos sexuales y las mujeres que pasan por lo que tú no tienen esa entereza, yo te veo muy bien, la verdad se me hace increíble (...) nadie sale ilesa y se escapa de la manera en que tu saliste, tendrías que estar golpeada o maltratada”. El agente del ministerio público, en lugar de ayudarla, la acusó de haber dejado a sus hijas con extraños para irse a tener sexo con un hombre.

Jane no se llama Jane, pero es el nombre genérico que se utiliza en el Derecho cuando se busca proteger la identidad de una víctima. Aunque su nombre es ficticio, lo que le ocurrió sí es real. Los hechos sucedieron el 4 de abril de 2014 y se encuentran narrados en la recomendación número 64/2016 que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde quedó asentado cómo ella fue revictimizada por las autoridades que se supone debían protegerla.

Lo que pasó con Jane no es un caso aislado. El menosprecio a las víctimas de delitos de índole sexual se ha instalado como una conducta habitual de las autoridades de justicia, lo cual ha derivado en un elevado índice de impunidad, como lo revela esta nueva investigación periodística realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). En la última década, apenas en 9 de cada 100 casos se ha condenado a los depredadores sexuales.

En el caso de la violación de Jane, los investigadores de la CNDH concluyeron que los policías y el agente del ministerio público reaccionaron con una idea preconstruida sobre cómo deben actuar las víctimas de violencia sexual, al afirmar que “estaba muy tranquila ya que en ningún momento se notaba que estuviera alterada después de haber sido violada”.

En la recomendación se lee que ese tipo de expresiones y cuestionamientos “constituyen prejuicios, y la utilización de estereotipos de género negativos en la respuesta y atención frente a la gravedad de la situación de violencia sexual que sufrió la víctima, los cuales son característicos de la cultura que culpabiliza a las víctimas, así como el maltrato por parte de algunas autoridades”.

Al igual que Jane, cientos de miles de víctimas de delitos sexuales han sufrido el menosprecio, la revictimización y la impunidad, como muestran los datos aportados por esta investigación periodística.

Durante un año, el equipo de periodistas se dedicó a conseguir y analizar las cifras de delitos sexuales registrados en todo el país y encontró que de enero de 2012 a diciembre de 2022 se han registrado oficialmente cerca de 329 mil delitos sexuales en México, pero sólo 28 mil de ellos han conseguido una sentencia condenatoria en firme, lo que significa que en México solo el 8.65% de los delitos sexuales logran resolverse.

Del total de víctimas de delitos sexuales, al menos 145 mil corresponden a violación.

La cadena de impunidad

MCCI envió mil 488 solicitudes de Acceso a la Información a cada Fiscalía del País, solicitando las cifras oficiales de los delitos de carácter sexual, como abuso sexual, violación, violación equiparada, violación impropia, estupro, incesto y pederastia y encontró que en los últimos diez años, en México se han registrado oficialmente 328 mil 931 víctimas de delitos sexuales, pero las autoridades solo han iniciado 239 mil 251 carpetas de investigación.

En los procesos de investigación fueron detenidos más de 98 mil sospechosos pero solamente se logró dictar sentencia condenatoria en 28 mil 455 casos, mientras que se registraron tres mil 586 absoluciones.

Las cifras

En abril de 2016, un movimiento digital registrado bajo el hashtag #MiPrimerAcoso inundó la red social que era conocida como Twitter. Centenas de mujeres contaron cómo habían sido víctimas de delitos sexuales y todas tenían un factor en común: nadie les creyó cuando denunciaron.

Las víctimas narraron que sus familiares no les creyeron cuando les contaron cómo habían sido abusadas o violadas. Por si fuera poco las autoridades también las revictimizaron, culpándolas de lo que les había pasado y asegurando, en algunos casos, que ellas se lo habían buscado.

La ceguera por parte de las autoridades que se narró en aquellos testimonios quedó confirmada en esta investigación. Analizando los datos totales por delito, solo un mínimo porcentaje alcanza una sentencia condenatoria.

Para el delito de estupro, que es cuando un adulto tiene relaciones sexuales con un menor de edad, valiéndose del engaño o de la superioridad, el porcentaje de casos que han logrado cerrarse con una sentencia condenatoria irrevocable ha sido apenas del 1.73% en los últimos diez años. Es decir, al menos 98 de cada 100 agresores quedaron impunes.

En el mismo periodo se obtuvo sentencia condenatoria irrevocable de 11% en los delitos de violación, violación equiparada y violación impropia.

Entre 2012 y 2022 se dictaron en el país 16 mil condenas por violaciones, 11 mil 542 por el delito de abuso sexual, 308 por atentados contra el pudor, 223 por pederastia, 202 por estupro y apenas 20 por incesto.

De las 328 mil 931 víctimas de delitos sexuales que oficialmente se registraron en diez años, el 91% permanece en la sombra de la impunidad.

A lo largo de esta investigación periodística se presentan cinco casos que reflejan la impunidad en los delitos sexuales en México. Cada una de esas historias está enfocada en un delito sexual específico que sucedió al interior de la República Mexicana.

NO es NO

Michelle Delgado tenía 19 años de edad cuando el hombre que decía ser su mejor amigo la violó. Ella era estudiante de preparatoria en la Universidad de La Salle, campus Condesa, en la Ciudad de México, cuando conoció a su agresor.

En septiembre de 2019 ambos habían quedado de verse para platicar, pero él no llegó a la cita. De última hora cambió el lugar del encuentro y le pidió que mejor se vieran en su departamento.

Michelle llegó a las seis de la tarde a la casa de su amigo. Él le pidió que pasaran a su habitación para charlar. No había nadie más en la casa, solo ellos dos.

Ella se sentó en la orilla de la cama y comenzaron a hablar. Él le preguntó si seguía con su novio y cuando ella le respondió que no, él le dijo que tampoco tenía ninguna relación, por lo que le pidió que tuvieran sexo.

“Si no tienes novio y yo tampoco, ¿por qué no?”, le dijo.

Michelle cedió ante la insistencia de su mejor amigo: “No encontré algo con qué huir para que entendiera que yo no quería. Me presionó tanto que terminé accediendo. Creo que en ese momento yo era muy así, como que me aguantaba muchas cosas”.

No pasaron más de 15 minutos para que ese sí se convirtiera en no. Mientras la besaba, él la alzó bruscamente y la arrojó contra una repisa que golpeó la parte de arriba de su nuca. Luego la puso boca abajo, la sujetó tan fuerte que ella no pudo moverse más y comenzó a violarla.

Ella gritaba que parara, que ya no quería seguir, que la estaba lastimando, pero él no hizo caso. No escuchó el “no” y siguió penetrándola bruscamente. Michelle no recuerda en qué momento la fuerza abandonó su cuerpo y se quedó inmovil mientras él la movía como si fuera solo una muñeca de trapo.

“Yo no me podía mover. Solo me esperé ahí. Esperé y lloré. Luego un ruido entró por la ventana y se paró. Se escuchó un auto y le comenzaron a mandar mensajes y su mamá le llamó. Por fin pude pararme de la cama y sentí que algo escurría entre mis piernas”.

Hilos de sangre recorrían sus muslos mientras su atacante solo la veía con una expresión de asco. La sangre la marcó como una de las 145 mil víctimas de violación que hubo en el país en diez años.

“Me debiste de haber avisado que estabas menstruando”, le reclamó.

“Me hizo sentir como si encima de todo fuera mi culpa y yo solo le repetí que por eso le decía que me estaba doliendo”.

Las llamadas y mensajes no dejaban de hacer vibrar el teléfono, así que él comenzó a tomar sus cosas y le dijo que se tenía que ir, que ella sabía cómo salir así que le encargó que cerrara el departamento. Michelle estaba inmovil, todavía no podía terminar de procesar lo que había pasado y ahora se iba a quedar sola en la casa de su atacante.

Cuando él vio su rostro pensó que su expresión era por molestía a que la dejara sola y no porque la había atacado, así que le dijo que le diría a sus papás que demoraría un poco y le pidió que se dieran una ducha juntos para que ella pudiera limpiarse la sangre.

Michelle solo se movía por inercia. Recuerda que mientras estaban en la ducha él no la volteó a ver, solo le daba la espalda. Cuando salieron del baño él le quitó la toalla con la que se estaba secando e hizo que se vistiera delante de él mientras la miraba.

Se vistió lo más rápido que pudo y pidió un taxi para irse a casa. Bajó las escaleras del departamento y buscó alejarse del edificio. Él la alcanzó y le enseñó las llamadas perdidas que tenía en su celular. “Me han llamado muchísimo pero aún así yo me quedo contigo porque me preocupa que sí llegue tu uber y sí llegues a casa”.

Ella seguía callada y notó que su silencio sólo lo incomodaba más y más y lo hacía seguir hablando.

Michelle decidió hacer público su caso en una serie de videos que difundió en sus redes sociales, y aceptó contar su historia para este reportaje, ya que siente que le arrebataron la posibilidad de acceder a la justicia.

Negación

Los días pasaron y aunque ella se alejó de su atacante, él le hablaba constantemente, actitud que la hizo comenzar a dudar de lo que había pasado. En su mente ahora la violación parecía una pesadilla lejana pero que no dejaba de estrujarle el pecho.

“Lo veía en la escuela, actuando normal y me sentía muy confundida. Yo no sabía que se podía decir que no a tener relaciones. Me di cuenta que había muchas cosas que yo no supe porque a mí nunca me platicaron nada de esto, que yo podía decir que no. Al contrario, a mi de chiquita me decían que yo me aguantara todo y yo creo que de ahí viene cómo reaccioné, porque yo sentía que yo tenía que aguantarme todo, que yo no tenía que quejarme, que no lo tenía que ver más allá”.

“En ese momento no existía el movimiento feminista como esta ahora. Sí existía, pero no tan fuerte como ahora, entonces yo literal me sentía como sola en eso porque creía que yo era la única que pensaba así, que pensaba que había algo malo, pero no lo podía decir porque nadie lo decía”.

Sí fui violada

“Yo me di cuenta lo que significaba una violación hasta que tuve una clase de derecho. No tenía ni idea de que eso se podía denunciar”.

Cuatro meses después de la violación Michelle estaba estudiando para sus examenes finales. El examen de derecho era sobre la tipificación de delitos como el acoso sexual, la violación, la edad de consentimiento en México y el estupro.

“Yo estaba estudiando y me di cuenta que lo que había vivido fue una violación”.

La realidad se apoderó de ella, se reconoció como una sobreviviente de violación y justo en marzo de 2020, unas semanas después de su examen de derecho, varias alumnas hicieron un “tendedero” en La Salle para denunciar casos de acoso, abuso y violación.

“Al leer lo que habían puesto, cada denuncia, donde incluso hablaban de cómo las miraban, entendí que también podía hablar de lo que me pasó y decidí poner mi caso en el tendedero”.

En esa manifestación, donde decenas de cartulinas contaban historias de abuso sexual y acoso, también salieron casos de profesores que eran acosadores dentro de la preparatoria de La Salle, campus Condesa.

Justicia robada

Michelle comenzó a exigir justicia, primero en la escuela, donde la pandemia y el confinamiento por la COVID-19 truncaron todo acceso a la justicia.

Decidir denunciar formalmente a su agresor le llevó un poco más de tiempo, porque para hacerlo sabía que tendría que enfrentarse a peritajes y cuestionamientos que la harían revivir ese momento.

En abril de 2021 decidió denunciar ante la Fiscalía. Recuerda que de todo el proceso, dos de los momentos más impactantes fueron cuando le realizaron el examen ginecológico y el psicológico.

“En el examen psicológico fueron súper fuertes conmigo. Creo que era la actitud que toman para ver si es cierto o no lo que pasó. Tuve que narrar todo desde cero, yo me trababa y me presionaba para seguir y yo estaba llorando y no me dejaban parar. Había mucha presión como para que no lo pensara de más o para ver si no lo había memorizado”.

Michelle nunca había ido al ginecólogo y su primera revisión con la especialista fue para buscar rastros de la violación. Para ese momento ya había pasado aproximadamente un año y medio y ella se había rehusado a hacerlo porque le habían dicho que era prácticamente imposible que tuviera heridas después de todo el tiempo que había transcurrido.

“Cuando llegué con la ginecóloga solo me dijo que me sentara y desde que me acosté en la camilla comencé a llorar. Recuerdo que me preguntaba cosas pero yo no entendía nada de lo que decía”.

Pese a los casi dos años que habían pasado desde la violación, el peritaje médico arrojó que Michelle tenía un desgarre interno antiguo. Ese desgarre marcó toda la diferencia entre que se investigara o no la violación, ya que el ministerio público le dijo que si no hubieran encontrado el desgarre “ahí se hubiera acabado todo”.

“De hecho nos explicaron que justo había una niña que tenía como 7 años y que dijo que su primo la violó y que justamente le hicieron ese examen y que no apareció nada, algo que decían como himen innato, entonces archivaron su denuncia”.

Los peritajes además arrojaron que ella había sido victima de violencia de género, violencia psicoemocional y violencia sexual.

Su atacante fue vinculado a proceso en junio de 2023, en una audiencia donde los abogados de la defensa la revictimizaron, diciendo que era una mujer con tatuajes y piercings, que al principio había accedido a tener una relación sexual con su cliente y que así como no es no, sí es sí.

El imputado también declaró que se había alejado de ella porque fumaba marihuana, a lo que la jueza respondió que sea como sea o lo que ella haya hecho, sus acciones no se justificaban, por lo que lo vinculó a proceso.

Pero la victoria duró muy poco, ya que en la segunda audiencia, dictada en septiembre de 2023, su agresor quedó en libertad.

“Yo me acuerdo que yo había dicho al principio, cuando me dijeron de la opción de suspensión de proceso, que yo jamás iba a aceptar eso porque es una palmada en la espalda, es nada. Creemos que al final el abogado que yo tenía solo quería cerrar ya el caso y se puso de acuerdo con el otro abogado. No estoy segura pero me parece lo más probable, nos dijo que no había diferencia entre irse a juicio o suspender el proceso, que solo era el tiempo y al final no iba a pasar nada porque él no podía ir a la cárcel ya que no era mayor de edad”.

Su abogado le presentó solo dos opciones: hacer corto el proceso, aceptando la suspensión, o ir a juicio, en donde según sus palabras la iban a revictimizar y tendría que enfrentarse cara a cara con su agresor; obteniendo al final el mismo resultado: que el atacante quedara en libertad.

“Me sentí muy presionada y acepté algo que hasta después entendí que no tendría condena o que dijeran que él era culpable. Busqué a mi abogado y le dije que me había mentido, que ir a juicio no significaba lo mismo pero él me dijo que no era verdad que él jamás me había dicho eso y yo lo tenía grabado”.

La “condena” que el agresor de Michelle recibió solo fue un listado de recomendaciones que tendría que cumplir por ocho meses. Consistían en no dejar la escuela, que conservara su trabajo, que viviera con sus papás, no salir del país, además de tomar terapia de perspectiva de género y de orientación sexual.

Los ocho meses comenzaron a correr desde junio de 2023, por lo que el agresor de Michelle terminará con su “castigo” en febrero de 2024.

¿Y la escuela?

Sabiendo que legalmente no obtuvo justicia, Michelle decidió continuar con el proceso en la escuela donde ambos estudiaban, y con mayor razón después de enterarse que su agresor y su grupo de amigos habían atacado sexualmente a más alumnas.

“Siempre mi objetivo principal fue que no le pasara a nadie más lo que yo viví, porque somos tres estudiantes que yo sepa que hemos sido víctimas del mismo grupo de amigos de él. Un caso es por abuso sexual y fotografías, otro por violación equiparada y el mío de violación agravada”.

El 18 de octubre de 2023, Michelle publicó dos videos en su perfil de Instagram. En él contó cómo fue violada y que la escuela se rehusó a dar seguimiento a su denuncia. Si bien ella ya no estudia en La Salle Condesa, su agresor aún es alumno de la institución.

Cuando ella subió el video rápidamente se viralizó, lo que generó que el Comité de Ética de la preparatoria se pusiera en contacto con ella, pero una de las abogadas del comité le dijo que no podían sacar a su agresor de la escuela porque la jueza había dictado que él debía seguir estudiando, aunque la resolución del juez no especificaba que sus estudios debían continuar específicamente en esa escuela. Pero ellos insistían en que si lo expulsaban, incurrirían en desacato.

El 24 de octubre de 2023, la Universidad le envió una carta donde le explicaron las medidas simétricas que deberá cumplir el agresor de Michelle.

Una lista de tres puntos que incluye un programa integral de reeducación sexual, con perspectiva de género, orientación psicológica y la advertencia de que si vuelve a violentar a una estudiante se le podrán cancelar sus créditos o dar de baja de la institución. Con eso la escuela dio por cerrada la investigación interna respecto a la violación de Michelle.

Carta enviada por el Comité de Ética a la víctima

Infancias rotas

Esta investigación periodística también reveló que el 36% de todas las víctimas de delitos sexuales a nivel nacional son menores de edad.

“Mi regalo de 15 años fue la soledad, el silencio, 50 pesos de cristal, un trago de whisky y abuso sexual”, relata Florencia Escobedo, víctima menor de edad de violencia sexual del estado de Aguascalientes.

El padre de Florencia comenzó a abusar de ella cuando tenía catorce años. Como ella, hay al menos 109 mil 383 niños, niñas y adolescentes que han sufrido violencia sexual en México desde 2012, según solicitudes de información que el equipo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) envió a las 32 fiscalías estatales del país. Es decir, los menores de edad representan más de una tercera parte de todas las víctimas de delitos sexuales a nivel nacional.

Estos datos no incluyen la cifra negra de delitos sexuales contra menores, ya que el subregistro es uno de los mayores retos en las estimaciones sobre violencia sexual, de acuerdo con el informe “Ocultos a plena luz: un análisis estadístico de la violencia contra los niños” de UNICEF. El informe de 2014 revela que entre 30 y 80% de las víctimas no hablan sobre su abuso hasta llegar a la adultez y muchos otros permanecen en silencio toda su vida.

En un país en el que el 90% de las agresiones sexuales contra menores ocurren en el hogar, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico​ (OCDE), no es difícil entender por qué muchos niños, niñas y adolescentes deciden permanecer en silencio.

Aún más, de 2015 a 2020 aumentó un 76% el número de casos por lesiones por violencia sexual contra menores de 5 años, revela la Estrategia para la Prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA), creada en 2022, de acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Salud.

Pederastas de closet

En México, solamente diez estados tipifican la pederastía en sus códigos penales, pero todas las entidades reportan víctimas menores de edad de violencia sexual.

El artículo 209 del Código Penal Federal define la pederastia como “quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de 18 años, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole y ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual, con o sin su consentimiento”.

De acuerdo con esta definición, la mayoría de los estados del país tipifican la pederastia de forma diferente. Hay más de 16 tipos distintos de agresiones sexuales en los códigos penales de las entidades del país, por lo que el criterio de cómo se tipifican los abusos sexuales contra menores de edad depende de las fiscalías estatales y de los jueces que llevan cada caso.

Por ejemplo, en Aguascalientes la violación de una niña de tres años puede ser tipificada como “atentados al pudor”, una figura que engloba delitos que van desde tocamientos hasta penetración.

Aún más, la CDMX, Chihuahua y Nuevo León son los tres estados que acumulan el mayor número de víctimas menores de edad en los últimos diez años. En Sinaloa, el 95% de todas las víctimas de abuso sexual, estupro y violación equiparada son menores de edad. En Morelos y Oaxaca todas las víctimas de incesto son niños y niñas. En Michoacán más de la mitad de todas las víctimas de violación son menores de edad.

El pasado 18 de octubre la Cámara de Diputados aprobó una reforma al Código Penal Federal que establece que los delitos de pornografía infantil, turismo sexual, pederastia, lenocinio y corrupción a menores no tendrán fecha de prescripción. A pesar de que esta reforma promete justicia en papel, la realidad es que no tendrá impacto en los delitos estatales mientras estos no homologuen la tipificación de crímenes contra menores de edad.

Cada vez más desprotegidos

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en 2014, tiene el objetivo de proteger los derechos de las infancias mexicanas. Para garantizar estos derechos, la ley creó el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), que estuvo a punto de desaparecer por la propuesta presidencial de inicios de este año.

También a inicios de este año tres casos de violencia sexual infantil conmocionaron a México. Una niña fue abusada sexualmente por uno de sus compañeros de clase en Tamaulipas, un niño fue agredido sexualmente por cuatro compañeros de sexto grado en una primaria de Ecatepec y un niño de Nuevo León fue víctima de abuso sexual en un salón de fiestas.

A pesar de que el problema de los reportes de abuso sexual infantil han aumentado, el SIPINNA recibe cada vez menos presupuesto para proteger a las infancias.

Para 2024 se estima que el SIPINNA reciba un presupuesto de 966.1 mil millones de pesos, cifra que fue menor al porcentaje asignado en 2023 (10.84%) y considerablemente inferior al porcentaje observado en 2015 (15.04%), según datos de Redim una ONG que lucha por los derechos de la infancia mexicana.

El Poder Judicial castiga pornografía infantil con un regaño

Una muestra de la impunidad en torno a los delitos sexuales es que el propio Poder Judicial de la Federación (PJF) ha aplicado sanciones mínimas a agresores.

En una revisión a la Cuenta Pública de 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que un caso de posesión de pornografía infantil en el PJF había sido sancionado con una “amonestación”, que equivale a un regaño al funcionario involucrado. Lo anterior, a pesar de que el Código Penal de la Federación contempla un castigo de hasta doce años de prisión para ese delito.

Dentro de su revisión, la ASF detectó que en los asuntos ingresados por procedimientos disciplinarios de oficio, y que se marcan como “resueltos por la Comisión de Disciplina 2013-2018”, en la sección de “profesionalismo” existían tres denuncias relacionadas con delitos de carácter sexual.

Los documentos obtenidos para esta investigación revelaron que entre los trabajadores del Consejo de la Judicatura Federal que han sido señalados de cometer delitos o actitudes de caracter sexual está un secretario de juzgado, acusado de posesión de pornografía infantil, y otra más por “actos posiblemente constitutivos de acoso sexual”. Ambas solo derivaron en una amonestación pública como sanción.

Una denuncia por acoso sexual y laboral en el Poder Judicial derivó en la inhabilitación para desempeñar cargos, comisiones o empleos en el servicio público, por 10 años.

Las sanciones aplicadas a los funcionarios involucrados en delitos sexuales fueron sólo de carácter administrativo, pues el PJF no presentó las denuncias ante el Ministerio Público Federal.

“En tres casos, con acciones disciplinarias de oficio a servidores públicos que hicieron uso de recursos para fines distintos para los que fueron asignados y con la posesión de archivos de fotografías y videos con contenido sexual infantil y con el hostigamiento sexual, en las que, con la relación proporcionada, se identificó que únicamente emitieron sanciones administrativas mediante amonestaciones públicas o inhabilitaciones”, describe la Auditoría.

Los casos ventilados por la ASF se quedaron cortos con una revelación que hizo en septiembre de 2021 el entonces Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, en el sentido de que existían más de 50 investigaciones abiertas contra personal del Poder Judicial de la Federación, entre ellas algunas que correspondían a jueces que violaron a trabajadoras.

“Hay dos casos de juzgadores federales donde prácticamente tenían años violando trabajadoras en el Poder Judicial y nadie hacía nada”.

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