Hasta el día de hoy se sigue constatando el uso y abuso de la figura de las adjudicaciones directas. Al igual que sus antecesores, el gobierno de López Obrador sigue entregando 3 de cada 4 contratos por ese mecanismo, en contraste con el mandato constitucional que señala que la licitación pública debería ser la norma. Además, el propio gobierno definió en su Plan Nacional de Desarrollo que las adjudicaciones directas se prohibirían.

Podría argumentarse que la crisis generada por el COVID-19 obligó al gobierno a agilizar los mecanismos de compra y que eso explica el altísimo porcentaje de adjudicaciones directas. No es el caso. La siguiente gráfica muestra de manera contundente que esta práctica está presente desde el primer día de la administración y, cómo se verá más adelante, el uso de las adjudicaciones directas es aún más intenso fuera de las instituciones que están atendiendo la crisis actual.

Fuente: Elaboración propia con base en los contratos ingresados en Compranet.
Datos actualizados al 14 de abril de 2020.
Diseño: Omar Bobadilla

En el discurso oficial se dice que la emergencia sanitaria justifica la agilización de los procedimientos de compra para los equipos y materiales necesarios para atender la pandemia. Tienen toda la razón. Por ello se han flexibilizado los procedimientos correspondientes para las Secretarías de Salud; de la Defensa Nacional, y de Marina; así como el Instituto de Salud para el Bienestar; el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y el Instituto de Seguridad y Servicios.

Pero, ¿qué ocurre si eliminamos las compras de las dependencias que de acuerdo al Diario Oficial de la Federación pueden recurrir a las adjudicaciones directas debido a la emergencia?

Si omitimos de nuestro seguimiento estadístico a las dependencias señaladas en el DOF y nos concentramos en el resto de la Administración Pública Federal, la práctica de evadir las licitaciones no sólo sigue presente, sino que se agrava. Resulta no sólo que la adjudicación directa sigue siendo la forma favorita de contratación, sino que incluso se utiliza más, ya que el 81.7% de los contratos han sido entregados por esta vía, mientras que la licitación pública sólo ha sido utilizada en el 13.6% de las ocasiones.

Total de contratos del Gobierno federal por tipo de procedimiento, 2020

Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP actualizados al 14 de abril de 2020.
Diseño: Omar Bobadilla

Contratos del gobierno por tipo de procedimiento, SIN CONSIDERAR a instituciones involucradas en la atención del COVID-19, 2020

Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP actualizados al 14 de abril de 2020.
Diseño: Omar Bobadilla

Si se consideran todos los contratos del Gobierno Federal con fecha de corte al 14 de abril de 2020, se registraron 39,808 contratos. De estos, 30,340 (76.2%) se entregaron por la vía de la adjudicación directa, mientras la licitación pública sólo ha sido utilizada en 7,015 ocasiones (17.6% del total).  Por el contrario, si excluimos a las dependencias del decreto por el COVID-19, el porcentaje sube a 81.7%

Es decir, si se considera a las instituciones involucradas en la atención del coronavirus, 3 de cada 4 contratos se adjudican directamente, pero al excluirlas, la cantidad sube hasta 8 de cada 10. No sólo se entregan contratos sin licitar para atender el COVID-19, también se hace, y con mayor intensidad, en el resto de la Administración Pública.

Por otra parte, el hecho de que las adjudicaciones directas relacionadas con la pandemia sean legales y necesarias no quiere decir que no deban ser vigiladas. Todo lo contrario. Es en este momento en el que la lupa ciudadana debe vigilar con mayor escrutinio las compras del gobierno, pues, como hemos repetido, las adjudicaciones directas mal ejecutadas abren de par en par las puertas para la corrupción. Algunos casos ya han sido documentados, como las múltiples sanciones por fraude relacionadas con el dueño de la empresa a la que el IMSS ha decidido comprar 2,500 ventiladores médicos o que la empresa seleccionada por la Secretaría de la Defensa Nacional para la compra de 1,330 ventiladores tiene por accionista principal a un polémico funcionario y operador político del PRI. En ambos casos, la adjudicación directa fue el método utilizado para entregar los contratos gubernamentales.

Si nos concentramos en el resto de instituciones fuera de la atención a la pandemia, entre las 10 instituciones que más han acudido a la adjudicación directa por el monto total (sin considerar a quienes están involucrados en la atención al COVID-19) destacan casos como el de la Guardia Nacional, que en sólo 4 contratos de adjudicación directa entregó 2,098 millones de pesos (el principal contrato es uno por 2,081 mdp entregado a la empresa Efectivale para la adquisición de combustible por vía de tarjetas electrónicas) o Seguridad Alimentaria Mexicana, que en 2 contratos adjudicó directamente 739 mdp (en donde destaca un contrato por 645 mdp entregado directamente a Lumo Financiera del Centro —empresa propiedad del priísta y ex vicecoordinador de campaña de Peña Nieto, Luis Humberto Montaño García— para el arrendamiento de vehículos.


Top 10 de instituciones que adjudican directamente, por monto de contrato

Cuando se observa no por el monto total, sino por el número de contratos, resulta llamativo que entre los primeros diez lugares se encuentra la propia Secretaría de la Función Pública, con 477 contratos adjudicados directamente en lo que va de 2020, lo que representa 96% del total de contratos que han dado hasta el momento y que corresponden mayoritariamente a la contratación de personal para diversos servicios de apoyo correspondientes a la propia SFP, como la respuesta a auditorías o los defensores de oficio.

Top 10 de instituciones que adjudican directamente, por cantidad de contrato

De esta manera, el panorama que brindan los primeros meses del 2020 es que no sólo se ha optado por apostar por la adjudicación directa para la atención del coronavirus (lo cual puede resultar materialmente necesario, pero que ya ha comenzado a mostrar sus riesgos cuando los contratistas seleccionados son aquellos con conexiones políticas o un historial fraudulento), sino que, además, el resto de la Administración Pública Federal continúa usando y abusando de esta figura, lo cual es una invitación abierta a la corrupción y la impunidad.