La presidenta Sheinbaum entre la espada y la CNTE

Durante las últimas semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum ha enfrentado una paradoja que el Estado mexicano construyó durante décadas: negociar con el magisterio disidente sin dinero suficiente y sin margen político. A lo anterior, hay que agregar el contexto particular del 2026: los ojos del mundo puestos en México por el mundial de fútbol. No es un pleito entre el gobierno actual y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Es una factura del sistema educativo que priorizó la gobernabilidad inmediata sobre la viabilidad financiera y la relación sindical de largo plazo.

Como advierte el analista educativo oaxaqueño Raúl Hernández Reyes, hay tres demandas del magisterio que representan, cada una, una bomba de tiempo. Cada cuál tiene particularidades y ninguna es nueva. Sin embargo, hoy convergen en un contexto financiero y político que las vuelve especialmente explosivas.

Este conflicto tiene como dimensión adicional la transparencia y el uso de recursos públicos. Cada una de las demandas magisteriales implica compromisos presupuestales de largo plazo que inevitablemente recaen sobre las finanzas públicas. La discusión no se limita únicamente a determinar si las exigencias son viables o deseables, sino a comprender cómo serán financiadas, qué impacto tendrán sobre el gasto público y cuáles serían sus efectos para las próximas generaciones de mexicanas y mexicanos. La opacidad con la que históricamente se han gestionado muchos de estos compromisos ha contribuido a que el problema se acumule sexenio tras sexenio sin una solución estructural.

Existe además una dimensión específica poco discutida: la transparencia de las negociaciones. Desde hace años, distintos sectores de la sociedad civil han planteado que las mesas de diálogo entre el gobierno y las dirigencias magisteriales deberían desarrollarse bajo escrutinio público, especialmente cuando las discusiones pueden implicar compromisos presupuestales. Sin embargo, tanto las organizaciones sindicales como los gobiernos en turno han privilegiado mecanismos de negociación cerrados. El resultado es que la ciudadanía suele conocer los acuerdos hasta después de alcanzados, pero rara vez tiene acceso oportuno a los argumentos, costos, alternativas y criterios que guiaron las decisiones. En un debate que involucra recursos públicos presentes y futuros, la transparencia no es un asunto accesorio, sino que forma parte del problema y también de la posible solución.

1. Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007: la mirada en 2032

Esta es la demanda principal y la que está por estallar. La razón es demográfica y financiera: las primeras generaciones de maestros bajo el régimen de cuentas individuales de Afores se retirarían alrededor del año 2032. El contraste es brutal y el magisterio lo aterriza con números.

Un ejemplo práctico lo explica: un trabajador del sistema educativo que se jubila con un salario de 20 mil pesos bajo el llamado “régimen solidario” del Estado Benefactor se iría con esos 20 mil pesos mensuales de pensión. Ese mismo trabajador, bajo el esquema de Afores, tras hacer la corrida financiera, se llevaría aproximadamente 6 mil pesos. Esa es la diferencia entre una pensión solidaria y lo que el propio magisterio llama “un producto financiero”. Esa brecha es la que alimenta la movilización. 

El problema para el gobierno federal es que la solución planteada por la CNTE implica una presión financiera de enorme magnitud. Diversos funcionarios federales han señalado que una reversión del régimen de pensiones tendría costos equivalentes a veinte puntos del Producto Interno Bruto durante las próximas décadas. Aunque existen diferencias sobre las estimaciones precisas, el fondo de la discusión permanece: el Estado enfrenta una tensión entre atender una demanda que responde a preocupaciones legítimas del magisterio y preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Es cierto que el Fondo de Pensiones para el Bienestar, impulsado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, buscó reducir parte de esa brecha mediante mecanismos complementarios. Sin embargo, para amplios sectores de la CNTE la medida resulta insuficiente porque no alcanza los montos de las pensiones en el régimen previo a la reforma de 2007.

2. Abrogación de las reformas educativas: la “Reforma Peña-AMLO-Sheinbaum”

El segundo punto tiene nombre propio en la narrativa magisterial: la Reforma Peña-AMLO-Sheinbaum. A Enrique Peña Nieto lo señalan por el carácter punitivo de la evaluación propuesta en la reforma educativa de 2013. A Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum los ubican en otro plano: el cambio del régimen jurídico que regula la relación laboral y profesional del magisterio.

El matiz es técnico, pero profundamente político. Para la CNTE, las modificaciones constitucionales y legales posteriores no resolvieron los problemas de fondo y mantuvieron mecanismos que consideran lesivos para sus derechos laborales. Por ello exigen la abrogación tanto de la reforma educativa de 2013 y  la de 2019. No se trata únicamente de una discusión sobre evaluación, sino sobre el marco jurídico que regula el ingreso, promoción y permanencia dentro del sistema educativo.

Esta exigencia se tradujo en una demanda concreta: la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM). Este organismo es el encargado de regular los procesos de admisión, promoción y reconocimiento del personal docente. Para la CNTE, la USICAMM reproduce mecanismos de control administrativo heredados de reformas anteriores; mientras tanto, para el gobierno, representa una herramienta institucional para ordenar y transparentar la carrera magisterial. La disputa refleja diferencias profundas sobre quién debe definir las reglas del sistema educativo.

3. Incremento del 100%: una demanda de 1979 que hoy incluye a jubilados

El tercer punto es histórico. Desde 1979 el magisterio pedía un incremento del 100% al salario base de forma permanente. Lo novedoso es que la exigencia actual incorpora también a los jubilados, solicitando que los beneficios salariales y prestaciones alcancen igualmente a quienes ya concluyeron su vida laboral activa.

La presidenta ya respondió: hay temas para los que el presupuesto público simplemente no alcanza. El gobierno federal declaró desde 2025 que no existen recursos suficientes para atender integralmente esta demanda. En tanto, los gobiernos estatales tienen poco margen de maniobra. A partir de la centralización de la nómina educativa a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), gran parte de la capacidad de negociación financiera se trasladó a la Federación.

Una historia sin villanos

No se trata de responsabilizar exclusivamente al gobierno federal actual, a los gobiernos estatales o al magisterio. Lo que existe es un problema acumulado durante décadas por un sistema que privilegió acuerdos políticos de corto plazo sin construir mecanismos sostenibles para financiar sus compromisos de largo plazo.

La CNTE ha demostrado una notable capacidad para construir narrativas e impulsarlas en la conversación pública. Desde los medios de comunicación hasta las comunidades más apartadas, sus mensajes circulan entre alumnos, padres de familia, autoridades y organizaciones sociales. Conceptos como “pensión solidaria” frente a “producto financiero” o la denominación “Reforma Peña-AMLO-Sheinbaum” muestran su habilidad para traducir debates complejos en mensajes comprensibles y políticamente efectivos.

Su estructura organizativa está fuertemente influida por mecanismos asamblearios de deliberación colectiva. Desde fuera, sus procesos pueden parecer lentos y prolongados. Sin embargo, suelen generar acuerdos sólidos y una capacidad de movilización que pocos actores sociales conservan en México.

Cuando la CNTE advirtió que podría trasladar sus acciones al contexto del Mundial de Fútbol, la amenaza parecía especialmente sensible para un gobierno que buscaba proyectar estabilidad ante la mirada internacional. Sin embargo, los acontecimientos recientes mostraron una dinámica distinta. El inicio de las actividades relacionadas con el Mundial transcurrió sin una escalada significativa del conflicto y posteriormente se observó un repliegue parcial de las movilizaciones.

Pero la disminución de la tensión no debe confundirse con una solución. Lo ocurrido parece responder más a una pausa táctica que a la resolución de las diferencias de fondo. Ni el gobierno federal encontró una ruta financieramente viable para atender las principales exigencias del magisterio, ni la CNTE obtuvo respuestas que modifiquen sustancialmente sus demandas históricas.

La lección es conocida en la política mexicana: el conflicto volvió a administrarse sin resolverse. Las autoridades ganaron tiempo; el sindicato conservó capacidad de movilización; y el problema estructural quedó intacto. La discusión sobre pensiones, carrera magisterial, transparencia en la negociación y sostenibilidad financiera seguirá presente mucho después de que desaparezcan los reflectores internacionales.

La encrucijada de Sheinbaum continúa siendo la misma: cómo responder a demandas con profundas implicaciones presupuestales sin comprometer las finanzas públicas y sin romper la relación política con uno de los movimientos sociales mejor organizados del país. El Mundial pasará pero las obligaciones pensionarias, los desafíos del sistema educativo y las presiones presupuestales permanecerán. Y 2032 está más cerca de lo que parece.