En 2015 se publicó la primera edición de Anatomía de la corrupción como una apuesta por reunir la información derivada de estudios, indicadores, encuestas y reportes sobre la corrupción en México. 

Con el convencimiento de que cualquier política pública en materia de corrupción requiere evidencia para comprender el problema, imaginar soluciones, vigilar su implementación y evaluar sus resultados, el estudio ofrecía información para comparar a México con otros países y entender las distintas dinámicas del fenómeno de la corrupción en el gobierno, en las empresas, la experiencia de las personas en su interacción con las oficinas públicas y también sus costos y consecuencias.

Le siguieron las ediciones de 2016 y de 2020, que actualizaron la información y expandieron la perspectiva. Se incluyeron nuevos análisis y se puso atención a la forma en la que el gobierno mexicano parecía estar dando respuesta al problema, primero con la construcción de un Sistema Nacional Anticorrupción a partir de una reforma constitucional que dio pie a un complejo entramado legal e institucional que anticipa la construcción de una política nacional y el establecimiento de sistemas estatales en cada entidad federativa— y después con la realineación política que significó el triunfo del partido Morena en las elecciones presidenciales de 2018, con la promesa explícita de hacer del combate a la corrupción una prioridad.

En la tercera edición se concluía con un mensaje optimista: “Si las cosas se hacen bien, Anatomía de la Corrupción puede dejar de ser un retrato del presente y convertirse en una fotografía del pasado”. 

Nos equivocamos. En esta cuarta edición, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a punto de concluir y con evidencia actualizada sobre el estado de la corrupción en México, lejos de poder documentar avances encontramos estancamiento en el mejor de los casos y retrocesos en el peor. 

Registramos con frustración que no han cambiado ni la frecuencia ni las formas en que las personas y empresas experimentan su interacción con los distintos niveles de gobierno y con las instituciones de procuración y administración de justicia; que el gobierno federal sigue con las mismas prácticas de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, conflicto de interés, simulaciones, asignaciones directas en las compras y obras a su cargo y, sobre todo, la gran opacidad con que opera el gobierno y la casi absoluta  impunidad. 

El diagnóstico que se presenta está lleno de matices y se aleja de los mensajes fulminantes de los políticos o de las visiones parciales de quiénes se esfuerzan por encontrar un villano detrás de la corrupción. Los datos aquí reportados demuestran que la corrupción está anidada en muchas prácticas rutinarias de los ciudadanos, los empresarios y los políticos; la ineficacia de las instituciones públicas para combatirla y; la impunidad o impartición selectiva de la justicia en los delitos de corrupción.
Como en las anteriores ediciones, mostramos que la corrupción no nos conviene porque mina la efectividad de las políticas públicas y de los servicios a los que tenemos derecho; porque nos cuesta en el bolsillo; porque provoca el desperdicio de recursos; porque incide negativamente en la inversión y el empleo, y porque afecta el aprecio en la democracia. 

Al tiempo de ser  un corte de caja acerca del estado de la corrupción en México es también un diagnóstico que debería servir a la siguiente administración como punto de partida para identificar los retos y desafíos de esta agenda, largamente pospuesta. 

Para entender este fenómeno complejo y poder ofrecer una explicación de cómo se encuentra el país al cierre de la administración, Anatomía de la corrupción ofrece al lector un amplio reporte en el que podrá encontrar, en el capítulo 2, la presentación de los datos globales que muestran que México tiene índices alarmantes de corrupción comparado con el resto del mundo, con otros países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o con países de América Latina También se proporcionan datos acerca de la relación entre corrupción y desarrollo económico, calidad de vida y democracia. 

En el tercer capítulo se hace un análisis pormenorizado de la corrupción en los distintos ámbitos de gobierno. Se inicia con el ámbito nacional y luego se explora la situación de los estados y los municipios del país, así como la confianza en las instituciones públicas. Más adelante, en el capítulo 4, la atención la ponemos en las empresas: exploramos las modalidades de la corrupción en el sector privado y lo que dice la evidencia sobre la percepción y la experiencia de los empresarios. En el capítulo 5 se explora la corrupción desde la perspectiva ciudadana: cómo se percibe, cómo se vive cotidianamente y cómo su experiencia de corrupción e impunidad transforma su relación con la ley y su confianza en los gobiernos.

En los siguientes capítulos, analizamos los costos económicos, sociales y políticos de la corrupción (capítulo 6), y explicamos cómo la corrupción es facilitada y sostenida por los altos índices de impunidad (capítulo 7). Finalmente, hacemos una revisión de los esfuerzos viejos y nuevos para combatir la corrupción en México (capítulo 8). En este análisis, destacamos los déficits de desempeño del modelo de Sistema Nacional Anticorrupción, pero también la insuficiencia de las medidas tomadas desde 2018. Pese a las altas expectativas del diseño institucional del SNA y de la promesa política del gobierno que tomó posesión en 2018, lo cierto es que el legado es un entramado institucional débil, una ineficacia evidente en abatir la corrupción y un creciente desencanto ciudadano. 

Y ese es el reto que tiene por delante el Estado mexicano: en efecto, la corrupción no se resolverá con una sola ley o una institución, pero tampoco a partir de una sola persona o de un cambio de partido. La radiografía que aquí se presenta del problema ofrece evidencia precisa sobre los distintos frentes de batalla, sobre las múltiples responsabilidades y sobre todo sobre la urgencia de que gobiernos, empresas y ciudadanía en conjunto enfrentemos, de una vez por todas, el desafío de dejar a las siguientes generaciones un país donde la corrupción no es normalizada, y donde las instituciones son capaces de prevenirla, detectarla y sancionarla. Ese México será mejor.