La Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió una investigación por denuncias recibidas en contra de la entonces directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), María del Rocío García Pérez —nombrada en enero de 2022 subsecretaria del Bienestar— y dos de sus colaboradoras. García Pérez fue acusada de obligar, al menos desde 2019, a funcionarios del DIF a entregar entre 2 y 4 % de su salario como condición para mantener su empleo.
Un cálculo elaborado por Animal Político consideró que las entregas ascenderían a más de 650 000 pesos mensuales en total. García Pérez decía que el dinero entregado en efectivo era para el “Programa Ahijado” del que no hay registro oficial en el DIF. Los trabajadores de la institución recibieron de la directora un documento con las tarifas que debían aportar dependiendo de su plaza. Éstas iban desde 3,000 pesos para una dirección general hasta 500 pesos para soportes administrativos.
