El presidente Andrés Manuel López Obrador logró un apoyo mayoritario en 2018 con la promesa de acabar con la corrupción. En los primeros meses de su gestión era posible constatar la alta expectativa de la sociedad mexicana: más de la mitad de las personas esperaba que disminuyera la corrupción en los siguientes 12 meses. Tras cuatro años de gobierno, la esperanza generalizada se agotó: en 2022, 68% de las personas cree que la corrupción seguirá igual o aumentará durante el próximo año. Este reporte confirma que esta percepción es acertada.

Durante estos cuatro años el gobierno ha dejado impunes la mayor parte de los actos de corrupción de sexenios pasados. A la vez, hay una preocupante acumulación de casos recientes que simplemente han sido descartados bajo la excusa de ser ataques de sus “adversarios” o con alguna otra de las trilladas muletillas que se repiten en las conferencias matutinas. El recuento de los hechos de corrupción sucedidos en 2022 da muestra de un año más sin cambios sustantivos en materia de combate a la corrupción. Es, sin duda, el cuarto año sin transformación.

Tras revisar algunos de los hechos de corrupción de 2022 se evidencian dos tendencias. La primera es la persistencia del uso de la justicia como herramienta política. Quienes no comulgan con el proyecto del presidente o deciden oponerse a las decisiones del poder enfrentan la amenaza de ser tratados con severidad por las instituciones de justicia. Quienes optan por ceder ante las presiones del poder, pueden recibir un trato más “flexible” e incluso evadir por completo la acción de la justicia.

La segunda es la tolerancia a los hechos de corrupción que involucran a los integrantes del grupo político en el gobierno. Ante la evidencia de corrupción pueden detectarse tres tipos de respuesta: negar, minimizar o desestimar las acusaciones como supuestas maquinaciones de los opositores para descarrilar el proyecto de transformación; defender a los acusados calificándolos de honestos, honorables y “buenas personas” y; afirmar que no tenía conocimiento pero que ordenará una investigación. Desde cuestionamientos válidos sobre posibles conflictos de interés en la familia y círculo cercano del presidente hasta el desvío de miles de millones de pesos documentado en Segalmex, todos los señalamientos reciben la misma respuesta una y otra vez.

El uso discrecional de la justicia y la negativa a procesar cualquier acusación de corrupción sobre los funcionarios del gobierno son malos antecedentes para el último tramo del sexenio. El riesgo de que ambas tendencias sean utilizadas para crear condiciones inequitativas de cara a la elección de 2024 debería ser razón suficiente para replantear las preocupaciones del gobierno y de toda la sociedad mexicana. El combate a la corrupción sigue siendo un tema pendiente que, a la luz de lo sucedido en estos primeros cuatro años de gobierno, no arroja esperanza alguna. Todos los casos aquí mencionados deberían ser investigados objetivamente y sancionados. Sabemos que no será así.