Durante la gestión de Ignacio Ovalle como director general de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), empresas proveedoras de Diconsa estaban obligadas a pagar el equivalente al 3 % de cada contrato a una empresa que resultó ser una fachada. El Manual de Políticas y Procedimientos para la Adquisición de Bienes para Comercializar de Segalmex establece que la dependencia tenía que cobrar a los proveedores de Diconsa y tenía que destinar estos recursos al mejoramiento de tiendas rurales o adquisición de vehículos para la flotilla de la dependencia.
Las aportaciones se hacían a la empresa Film & Marketing 18k S. A. de C. V. Esta empresa fue constituida con la identidad robada de Alma Karina Cruz Íñiguez, una persona que vive en una colonia marginada de la zona metropolitana de Guadalajara.
Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, el actual director de Segalmex, Leonel Cota, reconoció el cobro de aportaciones en la institución. Desde abril, Ignacio Ovalle fue removido como director de esta dependencia para ser nombrado coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).