Compra Consolidada de Medicamentos una catástrofe evitable

En México, hablar de salud pública es hablar del dolor de los pacientes. De la madre que recorre tres clínicas buscando el antibiótico para su hijo. Del adulto mayor que se queda sin antihipertensivos y termina en urgencias. De la niña con cáncer cuya quimioterapia se interrumpe por “falta de esa clave”. 

Todo esto ocurre en un país que presume tener un sistema de compra consolidada de medicamentos que, en los hechos, lejos de resolver el problema del abasto, lo perpetúa. Lo peor es que lo hace de forma sistemática, predecible y, por lo tanto, evitable.

El sistema de compra consolidada no es una novedad. Nació hace poco más de dos décadas con una lógica entendible: aprovechar el poder de compra del IMSS y unificar las adquisiciones del resto de las instituciones del gobierno para conseguir mejores precios. Sin embargo, en lugar de evolucionar hacia un mecanismo ágil, eficiente y centrado en el paciente, mutó en un aparato opaco, hipertrofiado, profundamente burocrático y, por su naturaleza misma, muy permeable a la corrupción. Hoy, es un sistema diseñado para alimentarse a sí mismo, no para servir a los pacientes.

La lógica detrás del modelo es defectuosa desde su origen. El Estado mexicano decidió convertirse no solo en comprador, sino también en almacenador, distribuidor, prescriptor y dador físico de medicamentos. Asumió todas las funciones de la cadena, con una maquinaria obesa, costosa y sin claridad operativa. Se habla de “piezas” y “claves”, pero nadie —fuera de los burócratas y fabricantes— sabe qué significan esas cifras; mucho menos los pacientes más necesitados de estos medicamentos. No se informa el detalle de qué se compra, quién lo pide ni dónde está lo adquirido.

Desde 2019, el sistema de compras de medicamentos vive en una crisis permanente (los detalles específicos pueden consultarse en una publicación mía de 2022: “La Tragedia del Desabasto”). Primero se acusó a los distribuidores de ser “intermediarios encarecedores”, sin entender que los laboratorios no tienen la capacidad logística para entregar en miles de lugares. Luego se excluyó a los grandes operadores logísticos, lo que provocó una escasez de más del 70% de los medicamentos. Después vino el experimento fallido con el efímero INSABI, que debió, a su vez, contratar la UNOPS que también falló en su misión y generó un costo de más de 100 millones de dólares a los contribuyentes mexicanos. El sexenio pasado terminó con la puesta en marcha de una “megafarmacia” que más parece un monumento al despropósito que una solución funcional. Birmex, la resucitada empresa pública hoy encargada de las compras, ha tenido al frente a personas sin experiencia en salud ni logística y hoy está en el foco de la corrupción que ha detenido por enésima vez el proceso. La tendencia es clara: fracaso tras fracaso.

El arranque de 2025 ha sido especialmente desastroso. La compra bienal 2025-2026, que debió negociarse desde octubre de 2024, comenzó con meses de retraso. La publicación de licitaciones y fallos se concentró entre diciembre y febrero, cuando los medicamentos deberían haber estado ya en circulación. Según datos del Instituto Farmacéutico de México (INEFAM), se publicaron procesos con más de 3 000 millones de piezas estimadas y montos que superan los 290 mil millones de pesos. Pero nada de eso sirvió. Los laboratorios, imposibilitados para fabricar y distribuir en tiempos absurdos y con precios base irreales, simplemente no pudieron cumplir. El sistema se detuvo. Otra vez.

Lo que siguió fue una cadena de errores agravados: cancelación de contratos, acusaciones de sobreprecios por parte de la Secretaría Anticorrupción y una peligrosa apertura a adjudicaciones directas bajo criterios discrecionales. El 16 de abril, el IMSS canceló contratos clave, dejando suspendida la provisión de medicamentos para cientos de miles de pacientes. Ese mismo día, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que, ante el desabasto de medicamentos oncológicos, autorizaba una compra emergente mediante “subasta inversa” (el mecanismo original usado hace más de siete años) para adquirir los fármacos necesarios. Así, los pacientes seguirán esperando sus medicamentos “en este mes y el próximo”. Según ella, el precio de algunos medicamentos, que en la licitación inicial era de 38 mil pesos, se redujo más de la mitad. Una vez más, la economía se puso delante de los pacientes.

En medio de todo esto, ¿quién piensa en ellos? ¿Quién se pregunta por la señora que lleva meses sin su medicamento para insuficiencia cardíaca? ¿Quién responde por el adolescente con artritis juvenil que ha interrumpido sus tratamientos porque “no llegaron las piezas”? Nadie. En el discurso oficial, solo se habla de “claves”, “licitaciones”, “tabuladores” y “ahorros”. El nuevo portal de la compra consolidada es una muestra del enfoque institucional: un catálogo técnico para burócratas y fabricantes, con postulados en “ahorros”, “optimización” y “planificación”. Ni una sola mención al paciente, quien se ve cada vez más obligado a comprar de su bolsillo los medicamentos que el Estado debería asegurarle. No en balde México es uno de los países de la OCDE con mayor gasto de bolsillo.

Y esto no es una casualidad. Es el reflejo de un sistema que parte de una mala concepción del derecho a la salud. El artículo 4º constitucional obliga al Estado a garantizar el acceso a servicios de salud, no dice que debe poseerlos todos. En México, confundimos ese mandato con la idea de que el Estado debe tener, desde médicos en nómina, hasta farmacias propias y ser el único distribuidor y dispensador de medicamentos. Así, hemos construido un sistema único en el mundo: un monopsonio disfuncional, caro y altamente susceptible a la corrupción.

El modelo actual no funciona porque nunca fue diseñado para responder a las necesidades reales del paciente. Se diseñó para el sistema mismo: para justificar plazas, oficinas, almacenes, discursos y hasta carreras políticas. Por eso, incluso si las compras se ejecutan a tiempo, los medicamentos siguen sin llegar a los pacientes. Porque el sistema de distribución y dispensación es obsoleto. Porque la farmacia de la clínica sigue siendo el único punto de acceso. Porque los horarios, las filas, la actitud de los empleados y la desinformación siguen siendo parte del drama cotidiano de los pacientes.

La solución no es reformar el modelo actual. Es eliminarlo. Así de claro.

Imaginemos otro sistema, como el que ya funciona en varios países: digitalización completa de prescripciones, recetas electrónicas válidas en cualquier farmacia, precios negociados previamente entre gobierno y fabricantes, así como reembolsos automáticos a las farmacias privadas. El paciente sale del consultorio con una receta y va a surtirla a donde le convenga o le guste. Y si no puede desplazarse, la farmacia se lo entrega a domicilio. Es simple, eficiente, probado.

Este modelo beneficiaría a todos: a los pacientes, que accederían a sus medicamentos de forma inmediata y sin burocracia; a las farmacias, que tendrían nuevos ingresos; a los fabricantes, que no tendrían que lidiar con las complejidades logísticas y burocráticas del sistema público; y al Estado, que ahorraría millones a los contribuyentes al reducir su carga operativa y burocrática.

Pero para ello se necesita una decisión política real: dejar de usar el sistema de salud como un botín y empezar a construirlo con el paciente en el centro. Hoy, los pacientes trabajan para el sistema. Es hora de que el sistema trabaje para los pacientes.