En seguimiento al estudio llevado a cabo por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) cabe resaltar que a diferencia de lo que se había ofrecido en la presente administración, las prácticas sobre las compras y contrataciones que realiza el gobierno muestran el mismo patrón de comportamiento que en administraciones pasadas.
Al analizar los contratos que se encuentran en la plataforma Compranet queda demostrado que no hay diferencia entre las administraciones de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador en lo que toca a la proporción de contratos asignados por las tres vías que señalan la Constitución y las leyes en la materia y que en todas ellas se abusa de la excepcionalidad que abre la ley para la asignación por la vía de adjudicación directa.
En el último año de cada uno de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, el porcentaje de adjudicaciones directas fue de 67.7% y 76.2% respectivamente mientras que en los tres primeros meses del presente gobierno la cifra alcanza ya el 74.3%. En contraste, los porcentajes para el método de licitación abierta “mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente”, sólo alcanzan el 19.1%, 14.7% y 18.3%.
Contratos gubernamentales
Es de resaltar que los contratos analizados a partir de Compranet son sólo una parte del problema ya que no incluyen los contratos que se dan al amparo de los regímenes de excepción que establecen las propias leyes. Tal es el caso de las empresas productivas del Estado como Pemex y CFE.
Preocupa este patrón de comportamiento no sólo porque se aleja de la legalidad vigente sino porque las compras y contrataciones que realiza el gobierno son dos de los principales espacios para la creación de relaciones de corrupción. Más del 20% del presupuesto de egresos de la federación se utiliza en contrataciones gubernamentales. La posibilidad de incidir discrecionalmente en la decisión de quién puede o no ser proveedor de un bien o servicio abre la puerta a negociaciones en las que se eleva sensiblemente la posibilidad de que quede fuera la búsqueda de la mejor relación precio-calidad y de que ésta sea sustituida por una relación de beneficio propio.
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