Réquiem por el Instituto Nacional de Transparencia

¿Cuántos delitos, robos, estafas, cochupos y chingaderas han hecho los políticos a lo largo de la historia de México de los que la gente nunca se ha enterado? Por definición, la corrupción se trata de esconder a toda costa por sus perpetradores. A la gente no le gusta enterarse que le tranzaron su dinero, que le vieron la cara o que algún funcionario abusó de su poder, pero estoy seguro que la lista de casos es kilométrica. Por eso, los gobernantes de la época priista hegemónica sacaban el garrote cuando algún periodista olvidaba que no le pagaban para pegarle al gobierno —o, en términos contemporáneos, que se portaban mal y no estaban del lado del pueblo— y denunciaba con pruebas algún acto de corrupción. 

¿Cómo se comprueba un acto de corrupción? Con evidencias. ¿Y dónde están esas evidencias? Con mucha seguridad, en los archivos del gobierno. Y ahí es donde está el meollo del asunto: resulta que el vigilado es el dueño de los archivos que podrían demostrar que hizo algo mal, mientras que el vigilante (que lo mismo puede ser un periodista que un ciudadano de a pie) tiene que encontrar la manera de darle la vuelta a este problema. 

Cuando el PRI controlaba todos los hilos del poder el siglo pasado, la gran tragedia era que la información oficial que se podía consultar públicamente era muy limitada. Si se quería investigar a los gobiernos, el camino más seguro era hacerse amigo de los propios funcionarios del sistema. Así, en medio de las peleas internas entre las facciones del poder, uno podía conseguir alguna filtración o pitazo, casi siempre con la intención de perjudicar o beneficiar a alguien; y hasta enriquecerse, como hizo el infame periodista Carlos Denegri, retratado en la novela El vendedor de silencio. 

Poder revisar de primera mano la información del gobierno, sin intermediarios, fue una de las batallas que muchos sectores de la sociedad dieron  a principios del siglo XXI contra el velo de opacidad del régimen que escondía todo. Fue fundamental la pelea que dio un grupo de activistas e intelectuales conocido como Grupo Oaxaca, en el que había figuras que hoy están del lado del gobierno, como Jenaro Villamil, actual titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. 

En la información oficial del gobierno están las evidencias de crímenes atroces, como los vuelos de la muerte con los que el Ejército mexicano asesinó y lanzó desde aviones al mar los cuerpos de cientos de personas que eran incómodas para el gobierno durante los años 70. En esos archivos también se esconde la información sobre los desvíos de recursos, pues si bien no hay una base de datos de actos de corrupción, si hay rastros que los delitos van dejando a su paso.

No es casualidad que la información para descubrir La Estafa Maestra, el caso de corrupción más grande del sexenio de Peña Nieto, estuviera guardada en las bases de datos de la Auditoría Superior de la Federación. Igualmente, el caso de Segalmex (el desvío de recursos comprobado más grande de la administración de López Obrador, ahora llamado Alimentación para el Bienestar para tratar de borrar la huella del pasado) pudo ser identificado gracias a información pública almacenada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) del INAI. Muchos otros casos de corrupción y opacidad han podido documentarse precisamente gracias a la información del INAI o a su intervención.

Resguardar y permitir que cualquier ciudadano consulte los archivos y documentos del gobierno es un tema de vital importancia. Pareciera que hemos entendido eso sobre el pasado, pues ahí está el Archivo General de la Nación (AGN), que con sus más de 375 millones de documentos guardados, resguarda información que hoy sigue siendo materia de investigaciones y revelaciones periodísticas. Por ejemplo, en estos archivos se encontraron las evidencias que permitieron al Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico documenta cómo el gobierno mexicano, principalmente a través de las fuerzas armadas, destruyó la vida de miles de activistas, campesinos, indígenas y periodistas que se atrevían a alzar la voz.

Pero cuando se trata del presente y del futuro, parece que la cosa cambia. Al gobierno en turno lo último que le interesa es preservar la memoria histórica de los documentos sobre su propia gestión. Mejor hablar de la corrupción del pasado que la del presente.

Creo que el ejemplo más claro, al que no se está poniendo la suficiente atención, es sobre lo que pasará con la PNT al desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia. La PNT, al igual que el Archivo General de la Nación, es un repositorio de información oficial del gobierno al que cualquier persona puede entrar. Aquí no sólo está la información del gobierno federal, sino que están los datos de 7,407 instituciones. De estas,  6,684 (90%) son instituciones de estados y municipios, mientras que 723 son federales; sin embargo, solo 270 son del gobierno dirigido por Claudia Sheinbaum.

Por ley,  estas más de siete mil instituciones tienen que subir a esta plataforma la información de temas tan importantes como los sueldos de los funcionarios, los contratos del gobierno, los padrones de beneficiarios de programas, los servidores públicos sancionados o cómo usaron el presupuesto. Si se suman los datos que ahí están almacenados, resulta que hay alrededor de 15 mil millones de archivos; es decir, un 15 seguido de nueve ceros. Si comparamos eso con los 375 millones de documentos del AGN, resulta que por cada documento del Archivo General de la Nación, hay 40 archivos en la PNT. 

¿Y cuál es el problema? Pues que, como otros especialistas han documentado en este mismo blog, la reforma que plantea la desaparición del INAI dejaría inoperante a la PNT o, en el mejor de los casos, solo tendría la información correspondiente al gobierno federal. Para los gobiernos locales, básicamente la instrucción es que cada quien se rasque con sus propias uñas y, si quiere conocer información de un estado o municipio, vaya directamente allá a buscarla.

Esto nos lleva a un segundo problema con la desaparición del INAI: el mecanismo para quejarse cuando el gobierno se niega a entregar información va a dejar de estar en manos del órgano constitucional autónomo y será entregado, ni más ni menos, que al propio gobierno. 

Una de las mentiras más exitosas de los políticos de Morena y aliados ha sido crear la percepción de que cuando algún documento está clasificado o las autoridades se niegan a entregarlo, quien esconde la información es el INAI. Vaya que hay que tener cara dura para sostener esa patraña, pues el INAI solo provee el vehículo para facilitar la solicitud de información a través de la PNT, mientras que los entes obligados a responder eran las propias instituciones del gobierno. Ellos mismos son los responsables de esconder la información de los ciudadanos cuando declaran su inexistencia, la reservan o simplemente hacen caso omiso para transparentarla. 

Como documentamos recientemente en un análisis de los datos de las solicitudes al INAI, los recursos de revisión presentados ante el instituto (que es cuando los ciudadanos reciben una respuesta no satisfactoria por parte de las autoridades a su solicitud de información) crecieron 231% en el sexenio de López Obrador con respecto al de Calderón y son 116% más grandes que los que recibió el gobierno de Peña Nieto. Es decir, cada vez el gobierno se niega a entregar más y más información que los ciudadanos solicitan. 

Pocos ejemplos son tan elocuentes como la denuncia de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Ellos han denunciado abiertamente cómo el Ejército se ha negado a entregar documentos que tienen evidencias que existen, como documentó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su último informe antes de tener que salir del país. El gobierno que prometió ser el más transparente de la historia le dio la espalda incluso a las víctimas de las que se aprovechó políticamente y prefirió esconder la información que mostrarla a la ciudadanía. 

La preocupación por la desaparición del INAI y su sustitución por cualquier cosa que salga de la imaginación e improvisación del nuevo gobierno no es gratuita; tampoco está solo basada en la ya de por sí cuestionable idea de que el vigilado va a ser el custodio de las propias evidencias que lo incriminan. Hay ejemplos prácticos de que las actuales autoridades saben vender buenas intenciones, pero pésimos resultados. 

Por ejemplo, durante la gestión de Claudia Sheinbaum como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, uno de los programas estrella que creó la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), comandada entonces por Pepe Merino, fue el llamado Tianguis Digital. Se trataba de una brillante herramienta que, presumían, ofrecería en un solo sitio y de manera sencilla toda la información sobre los contratos del gobierno capitalino. El diseño del sistema era impecable, al punto que recibió múltiples premios internacionales que la propia Sheinbaum ha presumido como prueba del éxito de la plataforma. El detalle: solo fue una carcasa lustrosa, pues ahí no hay documentos de un solo contrato público realizado entre 2019 y 2024, como pudimos documentar  ampliamente en otra investigación. Y no tienen que creernos a nosotros, cualquiera puede acudir al sitio del Tianguis Digital y comprobar por sí mismos que la plataforma, si bien sirve para conocer información sobre la planeación de las compras o sobre los proveedores, no transparenta la información a la ciudadanía, como fue prometido. 

En el plano federal, es todavía más preocupante el caso de CompraNet, la plataforma donde están los archivos de la gran mayoría de los contratos de las instituciones del gobierno federal y que durante el sexenio de AMLO tuvo al menos dos grandes “caídas del sistema” que duraron varias semanas. Resulta que en el periodo entre el cambio de gobierno, y sin ninguna explicación previa, desaparecieron de la plataforma los archivos de casi 2 millones de contratos realizados entre 2012 y 2023, que representan 4.7 millones de millones de pesos. Las autoridades reaccionaron con un comunicado que terminó reconociendo las fallas en el sistema y que nos pide confiar ciegamente, pues, dicen “la información contenida dentro de dicho sistema se encuentra íntegramente resguardada y en ningún momento ha habido pérdida de datos”. Si usted conoce a algún periodista, vaya y pregúntele si puede consultar sin problemas los datos de CompraNet del sexenio pasado y verá que el problema sigue presente. 

Un último caso: durante el sexenio de López Obrador desaparecieron o dejaron de actualizarse 7 de cada 10 bases de datos que generaba el gobierno por su cuenta y que podían consultarse en el sitio www.datos.gob.mx. De más de 12,570 bases de datos, para 2023 ya eran 8,890 los conjuntos de información abandonados por al menos dos años. Las instituciones con más bases de datos dejadas al olvido fueron el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la Oficina de la Presidencia de la República, el Centro Nacional de Control de Energía, la Secretaría de Bienestar y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Toda esta información, o más bien, las evidencias de la desaparición de la misma, forman parte de un reporte que titulamos “Sin otros datos. El legado de la política de transparencia de AMLO y el abandono de la información pública”. 

Como se ha visto, la desaparición del INAI que es parte de las reformas constitucionales impulsadas por el gobierno en turno no solo implica un retroceso en términos históricos, considerando lo avanzado con respecto a la secrecía en las épocas del PRI. También representa una grave amenaza al derecho de acceso a la información por la desaparición de la PNT y sus 15 mil millones de archivos, así como la eliminación de la única institución que podía obligar a un gobierno municipal, un sindicato, un partido político, un gobierno estatal o una secretaría de Estado a entregar información solicitada por los ciudadanos. 

Sin ninguno de estos mecanismos y con los múltiples antecedentes de los gobiernos de Morena escondiendo, destruyendo o negando información pública, lo que viene hacia adelante es una marcha cuesta arriba donde los derechos que creíamos ganados tendrán que volver a disputarse con unas autoridades dispuestas a todo para eliminar molestas herramientas que permitan que los ciudadanos lo vigilen o, peor aún, se atrevan a levantar la voz para criticarlas o cuestionarlas. Habrá quienes estén muy contentos con esta situación, principalmente todos los funcionarios y políticos corruptos del país. La noche se acerca y ahora comienza una nueva época de nuestra guardia.