LOS “OTROS DATOS” Y LA OPACIDAD EN LOS CONTRATOS DEL NUEVO COMPRANET

NOTA METODOLÓGICA

En esta entrega de Nuestro Dinero encontramos importantes fallas de transparencia e irregularidades durante los primeros meses de 2023, pues después de la caída de CompraNet el año pasado, se creó un nuevo sistema que sigue presentando múltiples problemas y en el que encontramos violaciones a la ley.

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Estos son los principales hallazgos:

  • La nueva plataforma de CompraNet ahora publica su información en dos bases de datos diferentes y no en una sola como antes. La información es incompleta, errónea y está mal clasificada, por lo que se dificulta la transparencia y la rendición de cuentas para la ciudadanía.
  • Para poder analizar los datos de CompraNet, unimos las dos bases de datos y realizamos correcciones, pues hay contratos registrados con ceros de más, como un contrato de la Marina de 77 mil millones de pesos, que realmente era de 77 millones.
  • En los primeros meses de 2023, 140 mil 527 millones de pesos, 58% del gasto total en contratos, se clasificaron como “Otros”, en lugar de reportar de manera precisa si fueron adjudicaciones directas, invitaciones restringidas o licitaciones. Nunca antes se había reportado una cifra equivalente.
  • Según los nuevos datos de CompraNet, las adjudicaciones directas representan 7 de cada 10 contratos y 14 de cada 100 pesos gastados, una aparente mejoría con respecto a años previos. Pero los datos están mal clasificados.
  • Para saber qué había en los “Otros” contratos, hicimos una revisión a detalle de sus expedientes. De los 140 mil millones que se encontraban como “Otros”, en realidad 58 mil millones de pesos correspondieron a adjudicaciones directas y 64 mil millones a licitación pública.
  • En realidad, durante los primeros meses del 2023 el gobierno entregó por adjudicación directa 21,256 contratos por 90 mil millones de pesos; que son 37 de cada 100 pesos, no 14 de cada 100 como se reportaba originalmente. Es una diferencia de 164%.
  • Hay 156 contratos, que suman más de 116 millones de pesos, de los cuales no es posible consultar ni un solo documento sobre el proceso de contratación.
  • 310 contratos de licitación pública, que suman más de 46 mil millones de pesos, simularon competencia: la convocatoria para que las empresas pudieran participar se publicó después de que el contrato ya había iniciado.
  • 629 contratos, que suman 58 mil millones de pesos, fueron realizados por procedimientos excepcionales sin una justificación sobre por qué no se utilizó la licitación pública, a pesar de estar obligados a ofrecer una.
  • La reciente extinción aprobada del INSABI compromete más de 400 contratos por 70 mil millones de pesos realizados de manera consolidada y plurianual para abastecer al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto Nacional de Cancerología y al Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” con medicamentos, material de curación y vacunas. No tenemos información ni declaración de las autoridades sobre qué pasará con ese dinero y las compras que realizaron. Algunos de ellos concluyen hasta 2024.


Te explicamos la nota
Renata Gómez, investigadora de MCCI, explica las fallas de transparencia e irregularidades durante los primeros meses del año.
Renata Gómez Lameiras
Renata Gómez Lameiras

La plataforma de CompraNet, que es el espacio oficial donde se concentran los procesos y la información de las compras del gobierno, ha tenido problemas que, en lugar de solucionarse, han ido agravándose hasta el punto de dificultar la vigilancia ciudadana de cómo se usa Nuestro Dinero. Las irregularidades incluyen la caída de esta plataforma por más de dos semanas a mediados de 2022, la falta de pago, espacio de almacenamiento y mantenimiento (que el mismo proveedor del soporte de la plataforma denunció por parte de las autoridades encargadas de CompraNet en la Secretaría de Hacienda); la tardía publicación de la información de 2023 después de un mes sin información, así como fallas en el nuevo sistema que incluyeron el rezago y atraso de las compras de medicamentos del sector salud del país.

La revisión que hicimos de los contratos de los primeros tres meses de 2023 nos ha mostrado una nueva serie de problemas relacionados con CompraNet. Esto nos lleva a lanzar una señal de alarma sobre el riesgo persistente a la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno con la ciudadanía.

Detectamos irregularidades y opacidad en la clasificación de los procesos de contratación, así como cambios drásticos en la manera de contratar de la Administración Pública Federal con respecto a años anteriores. Por ejemplo, ahora predomina la poco transparente clasificación de “Otros” contratos para la mayor parte de los recursos contratados. Igualmente, destacan fallas con documentos incompletos o faltantes en los archivos de los contratos, expedientes sin datos correctos y la separación de la información, que antes se reportaba en una sola base de datos, en dos documentos diferentes.

Problemas en CompraNet

En 2023 el seguimiento a los datos de CompraNet ha tenido muchos más obstáculos que en años anteriores. El primer reto es que ahora hay dos bases de datos para consultar los contratos realizados con recursos federales de 2023: la versión 5.0 y una segunda versión. Desde finales del año pasado, el proveedor encargado de dar mantenimiento, almacenamiento y soporte a CompraNet cambió. Pasó de la empresa Bravo Solutions a Sinergy Solutions. Con este cambio de proveedor vino también una renovación de la plataforma que, al iniciar el año, presentó problemas en los procesos de compra. Mientras antes la información se actualizaba diariamente, durante todo el mes de enero de 2023 no se publicaron datos (cuestión que denunciamos públicamente desde MCCI).

Actualmente, al descargar la información pública de los contratos hay dos bases de datos activas: CompraNet para 2023 y CompraNet 5.0 2023. Un problema fundamental para la transparencia y la rendición de cuentas es que ahora las bases tienen distinta información en lugar de contar con un solo documento accesible para la ciudadanía, como se hacía anteriormente. Estos cambios solo hacen más difícil y limitada la posibilidad de vigilancia desde la sociedad civil y el periodismo como contrapesos, pues ponen más barreras para saber realmente cómo se usan los recursos públicos. Además hay deficiencias importantes en la calidad y cantidad de los datos. A continuación, mostramos una imagen de cómo se ven actualmente las bases de datos disponibles.

Versiones 2023 para descarga de contratos

Captura de pantalla de las bases de datos

Para el primer trimestre de este año, en la versión 5.0 de CompraNet se reportaron 8 mil 661 contratos por un total de 278 mil 803 millones de pesos. En la otra base de datos —de la cual verificamos que no existían registros duplicados con la versión 5.0 y que, por lo tanto sigue ofreciendo información de 2023—, la autoridad dice haber realizado 21 mil 20 contratos por un total de 40 mil 920 millones de pesos. En total, esto implicaría que en los primeros 3 meses de 2023, el gobierno gastó alrededor de 320 mil millones de pesos.

Esta cifra resulta difícil de creer si se considera que, según el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública (PAAASOP), que es el plan de compras anuales, la Administración Pública Federal estimó que en todo 2023 gastará un total de 548 mil millones de pesos en contrataciones públicas. Los contratos de los primeros tres meses implicarían haber gastado cerca del 58% de los recursos planeados para todo el año, lo cual no coincide con la dinámica de gasto del gobierno reportada históricamente.

Para verificar esta información, revisamos los contratos con montos más altos, para identificar posibles anormalidades. Un primer hallazgo fue que, tal como encontramos en años anteriores, había contratos mal capturados en la base de datos. En particular, identificamos el contrato DAF/OC/S/004/2023 para el Servicio de videovigilancia para las escuelas náuticas mercantes de Mazatlán, Tampico y Veracruz entregado por la Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional (FIDENA). El contrato se registró en CompraNet por un monto de 77 mil millones de pesos, cuando el monto correcto era de 77 millones de pesos. Esta información solo pudimos conocerla una vez que consultamos directamente los documentos de la contratación, ya que lo registrado en CompraNet indicaba que ese era el contrato más grande de los últimos años, pues estaba registrado con tres ceros de más.

De esta manera, la información conjunta de ambas bases corregidas nos muestra que en los primeros tres meses de 2023, en realidad el gobierno federal gastó un total de 242 mil 541 millones de pesos. Una vez que unimos y corregimos las bases, revisamos una de nuestras estadísticas básicas de seguimiento: cuántos contratos y cuánto dinero se entregaron a través de los principales procedimientos de compra (licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa). De acuerdo con los datos oficiales, en 2023 el número de contratos entregados por adjudicación directa fue de 70% y representó el 14% del monto contratado en 2023. Esta última cifra representa una anormalidad, pues los registros de años anteriores la colocan siempre por arriba de 30%. Una vez más, el dato resulta difícil de creer.

La explicación de esta aparente mejora se encuentra en que, al analizar qué procedimientos se utilizaron, identificamos un crecimiento importante de los contratos clasificados como “Otros”. Esta categoría está compuesta por los contratos entre entes públicos y las contrataciones realizadas con crédito externo. De acuerdo con nuestros análisis previos, desde el inicio de la actual administración las compras públicas realizadas por el tipo de contratación “Otros” habían ido en aumento, pero nunca se había llegado a los niveles que detectamos este año. En cuanto a número de contratos, el 14% de los procedimientos fueron catalogados como “Otros”, pero representa una proporción mucho mayor del monto total.

Número de contratos de la APF en CompraNet en el primer trimestre de cada año (2018-2023)

El 58% del monto registrado correspondió a contratos catalogados como “Otros”. Es decir, según la información oficial, prácticamente 6 de cada 10 pesos gastados en los primeros tres meses de 2023 habrían sido bajo la nada informativa categoría de “Otros” contratos, lo cual excede cualquier registro de años anteriores, como puede verse en la siguiente gráfica. Esto representa un grave problema en términos de transparencia y rendición de cuentas, pues con esta forma de clasificar los contratos, se dificulta el seguimiento preciso de las compras del gobierno, pues obliga a la revisión individual de miles de procedimientos para poder conocer de qué se trata cada uno de ellos.

Monto de contratos de la APF en CompraNet en el primer trimestre de cada año (2018-2023)

Este crecimiento de los contratos que se reportan como “Otros” es una clara anormalidad con respecto a los años anteriores. Las principales instituciones responsables de estos contratos son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); la Guardia Nacional; la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Marina. Estas 5 instituciones concentran 129 mil millones de pesos, el 92% del monto clasificado en “Otros”.

En la siguiente tabla mostramos las 10 instituciones que mayor monto clasificaron en esta categoría, en la segunda columna se encuentra el monto total en millones de pesos de cada institución y en la tercera columna se encuentra el porcentaje relativo del monto clasificado en “Otros” de los contratos que asignaron.

Top 10 instituciones con mayor monto clasificado como “Otros”

Institución Monto (en millones de pesos) clasificado como “Otros” Porcentaje de “Otros” por institución
Instituto Mexicano del Seguro Social $103,999 74.00%
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado $19,525 13.89%
Guardia Nacional $3,046 2.17%
Secretaría de Educación Pública $1,933 1.38%
Secretaría de Marina $1,393 0.99%
Instituto Nacional de Cancerología $960 0.68%
Hospital Infantil de México Federico Gómez $673 0.48%
Diconsa S.A. de C.V. $671 0.48%
Instituto Nacional de Pediatría $572 0.41%
Instituto Nacional de Antropología e Historia $520 0.37%

Ninguna autoridad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha dado una explicación de la razón para que haya información separada en dos bases para el mismo año de contrataciones públicas. Tampoco se ha explicado el motivo de clasificar tantos contratos en “Otros”.

Por ello, en la Unidad de Investigación Aplicada de MCCI nos dimos a la tarea de analizar distintas variables para tratar de saber qué tipo de procedimiento se escondía detrás de esa clasificación de “Otros”, pues si bien logramos identificar que la mayoría de estos procedimientos se referían a compras consolidadas y adquisiciones plurianuales, esto no justifica que no se reporte directamente cómo se entregó el contrato, pues estos procedimientos se usan conjuntamente con licitaciones, invitaciones restringidas o adjudicaciones directas.

Esto implicó una revisión a detalle de los títulos, plantillas y documentos de los expedientes de compra para encontrar aquellos que mencionan cómo se había realizado realmente cada contrato. Una vez que profundizamos en la categoría de “Otros”, identificamos que había un grupo importante de 124 mil millones de pesos en contratos en que podíamos determinar cómo se entregaron.

Los datos reales de CompraNet corregidos por MCCI

De los 140 mil millones de pesos que el gobierno clasificó como “Otros”, logramos identificar el mecanismo de contratación de casi 124 mil millones, correspondientes a más de mil contratos. Es decir, solo 12% de los contratos que decían “Otros” permanecieron bajo esa categoría, luego de nuestro análisis. En realidad, 58 mil millones de pesos fueron por adjudicación directa (41% de “Otros”) y 64 mil millones por licitación pública (47%). La siguiente gráfica muestra a qué rubros se reclasificaron los montos de “Otros” una vez realizada la corrección de los datos en las bases de datos de CompraNet.

Contratos de la APF en CompraNet en 2023

Solo después de este proceso es que pudimos, finalmente, analizar cómo contrató realmente el gobierno durante el primer trimestre de 2023. Es necesario reiterar que si bien este trabajo pudo ser realizado por parte del equipo de MCCI gracias a la experiencia en el análisis de las contrataciones públicas, no es correcto ni deseable que se presenten estas trabas para el análisis por parte de cualquier ciudadano. En lugar de transitar hacia mecanismos que faciliten la transparencia y la rendición de cuentas, este es un paso más en el sentido contrario, hacia la opacidad.

En total, 325 instituciones de la Administración Pública Federal realizaron 29 mil 681 contratos de compras públicas. El monto total gastado en contratos para los primeros tres meses del año fue de 242 mil 541 millones de pesos. Al comparar el gasto realizado en contratos de este periodo con los mismos de años anteriores, encontramos que el monto es el mayor registrado en los últimos 6 años. De cada 100 pesos gastados durante el primer trimestre de este año, 55 fueron por licitación pública, 37 por adjudicación directa, 7 por otro tipo de contratación y 1 por invitación restringida. Este es el dato del gasto real del gobierno durante el inicio de 2023, no el que reportaron oficialmente. Las diferencias son importantes, pues en el caso de los montos entregados por adjudicación directa, por ejemplo, hay una diferencia de 164% entre el dato oficial y el dato corregido, donde se registraba que 14 de cada 100 pesos se entregaban por esta vía.

A continuación se presenta la gráfica con la información corregida con los montos reales de los contratos por tipo de procedimiento durante los primeros meses de 2023:

Monto de contratos de la APF en CompraNet con reclasificación de MCCI

Al analizar la proporción por tipo de contratos, encontramos que 7 de cada 10 contratos se realizaron por adjudicación directa, dos fueron por licitación y el resto por invitación a cuando menos tres proveedores y contratos clasificados como “Otros”. En la siguiente gráfica se muestra en el área roja, de la columna que corresponde a 2023, que un total 21 mil 256 contratos se realizaron por adjudicación directa, lo cual lo convierte en la principal manera de realizar contratos. Le siguió la licitación pública, en color verde, con 4 mil 468 contratos. En la categoría de “Otros” se mantuvieron 2 mil 913 contratos y por invitación a cuando menos tres proveedores se acumularon mil 44 contratos.

Contratos de la APF en CompraNet en el primer trimestre de cada año (2018-2023) con reclasificación de MCCI
Contratos de la APF en CompraNet en el primer trimestre de cada año (2018-2023) con reclasificación de MCCI

Errores, ausencias y contratos sin justificación

Si bien la proporción de recursos asignada por licitación pública aumentó con respecto a años anteriores, pasando de 40% en 2022 a 55% en 2023, encontramos que también aumentó el número de contratos en los que la publicación de convocatoria se hizo una vez que ya había iniciado el contrato. Esto implica un aumento de la simulación de competencia, pues la información para que las empresas pudieran participar en el concurso “abierto” no se hizo pública sino hasta después de que ya se había definido al ganador.

Tan solo en el primer trimestre de 2023 hubo 310 contratos que hicieron esta simulación, lo cual implica más contratos que en todo el año anterior, cuando se registraron 298 casos. La suma del monto de los contratos iniciados antes de la publicación de sus respectivas convocatorias fue de más de 46 mil millones de pesos. Este es el monto de nuestro dinero que supuestamente se asignó de manera competitiva, pero solo fue una simulación.

Las principales instituciones que asignaron contratos con competencia simulada fueron el IMSS, con 251 contratos que iniciaron antes de que se hiciera pública la convocatoria para participar en CompraNet, por un monto de 45 mil 838 millones de pesos. Le sigue el Instituto Nacional de Cancerología, con 17 contratos por un monto de 79 millones y 16 contratos del ISSSTE por 462 millones de pesos.

Top instituciones con más simulación de competencia en sus convocatorias, primer trimestre 2023

Institución Número de contratos Monto (en mdp)
Instituto Mexicano del Seguro Social 251 $45,838.66
Instituto Nacional de Cancerología 17 $79.82
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 16 $462.18
Aeropuertos y Servicios Auxiliares 3 $3.81
Hospital Infantil de México Federico Gómez 3 $0.82
Servicios de Atención Psiquiátrica 3 $0.96
Secretaria del Bienestar 2 $175.24
Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA 2 $17.46
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 2 $7.57
Administración del Sistema Portuario Nacional-Puerto Chiapas 1 $0.48

Otra de las irregularidades que detectamos fue que hay 156 contratos por 116 millones 101 mil 125 pesos de los cuales no podemos consultar ni un solo documento de las distintas etapas del proceso de contratación. Esto imposibilita conocer más a detalle información que podría permitirnos saber por qué se decidió por cada tipo de procedimiento, qué tanta competencia hubo en concursos, así como verificar que no haya irregularidades.

Un caso para ilustrar esto es una compra realizada por el IMSS por 13 millones 345 mil pesos, donde no solo no hay ningún documento, sino que la información de CompraNet tampoco da información, ya que en la descripción y título del contrato solo dice “AA-050GYR018-E1085-2022, CONTRATO: S3M0001”. Lo que sí sabemos es que se realizó por adjudicación directa a la empresa DESARROLLOS AXIS SA DE CV, pero fuera de esta información, no podemos conocer documentos sobre qué se compró ni en qué cantidades.

Sumado a lo anterior, encontramos 629 contratos realizados por adjudicación directa o invitación restringida, que deberían cuando menos tener algún fundamento sobre por qué no se hizo por licitación, que debería ser la regla general. Estos contratos, que suman más de 58 mil 257 millones de pesos, no tienen ninguna justificación para exceptuar la licitación.

Es decir, en 1 de cada 4 pesos gastados por procedimientos que deberían de ser excepcionales, no tienen siquiera un motivo que justifique por qué se pasó por encima de lo que debería de ser la regla. Una vez más al analizar qué 10 instituciones más irregularidades tienen en este rubro destaca el sector salud, encabezado por el IMSS, donde más de 50 mil millones de pesos no tienen justificación o motivo por el cuál se usaron procedimientos de excepción.

Top 10 instituciones con mayor monto en procedimientos de excepción sin fundamento legal

Institución Número de contratos Monto sin fundamento (en mdp)
Instituto Mexicano del Seguro Social 155 $50,667
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 123 $7,051
Instituto Nacional de Cancerología 152 $219
Hospital Infantil de México Federico Gómez 164 $205
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 1 $41
Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes 1 $17
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. 1 $14
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 1 $13
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 1 $11
Secretaría de Bienestar 1 $3

INSABI: Compras consolidadas y riesgos de desabasto

Uno de los motivos de que el monto para este trimestre sea tan inusual respecto a otros años es que la mitad del dinero gastado en este primer trimestre se hizo a través de compras consolidadas y plurianuales. Esto significa que la duración del contrato es de más de un año y que se realizó para abastecer a más de una unidad compradora. Como se vio en la sección anterior, las instituciones de salud destacaron en estos mecanismos, así como en la clasificación de sus contratos como “Otros”.

Las compras consolidadas son un mecanismo de contratación que busca comprar a mejores precios al adquirir grandes volúmenes, donde una unidad realiza la contratación de bienes o servicios y abastece a varias dependencias. Sin embargo, en este caso preocupan las compras consolidadas y plurianuales debido a que una de las principales dependencias que usó este mecanismo fue el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

El martes 25 de abril, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley General de Salud que desaparece al Instituto de Salud para el Bienestar y lo fusiona con el IMSS-BIENESTAR. El 28, tres días después, esta reforma se aprobó también por el Senado de la República, lo que aseguró la desaparición de esta institución de salud. Al cierre de este análisis, solo está pendiente la promulgación de la reforma. Tras el fracaso de INSABI y su extinción, se abre una ventana de riesgo e incertidumbre para el acceso a la salud, así como para poder vigilar el uso del dinero.

El motivo es que el INSABI firmó 46 contratos en este primer trimestre por un total de 865 millones 876 mil 883 pesos. El 45% de ellos son contratos plurianuales por un total de 812 millones 791 mil 523 pesos y el 25% son compras consolidadas por 62 millones de pesos. La ciudadanía tiene derecho a saber qué pasará con los contratos del INSABI: ¿se mantendrán? ¿Cambiarán las fechas para la entrega de bienes y servicios que se adquirieron? ¿Se cancelarán y realizarán nuevos procesos de contratación? Necesitamos que las autoridades expliquen con claridad el destino de los contratos llevados a cabo por el Instituto de Salud para el Bienestar.

La extinción del INSABI compromete, además, otros 423 contratos por un total de 73 mil millones de pesos de otras instituciones del sector salud que en la descripción del contrato hacen referencia a compras consolidadas del INSABI o a compras de medicamentos para abastecer al INSABI. Estos contratos fueron realizados de manera consolidada por el INSABI y abastecen al Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional de Cancerología y el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” con medicamentos, material de curación y vacunas. Hace falta saber qué sucederá con ellos, en tanto que en algunos casos se extiende la entrega de bienes hasta finales de 2024, pero hasta el momento la incertidumbre persiste sobre esta importante cantidad de recursos.

RECOMENDACIONES

La opacidad en el uso de los recursos genera mayores riesgos de desvíos de dinero, así como de malas prácticas en contrataciones como colusión o simulación de competencia. Esto permite generar hechos de corrupción. Por eso, es necesario que las autoridades tomen medidas para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Nuestro dinero debe utilizarse de manera eficiente y transparente, de modo que tengamos la certeza de que los bienes y servicios que compra el gobierno es la más adecuada a las necesidades de la ciudadanía.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encargada de la plataforma CompraNet, así como la Secretaría de la Función Pública, encargada de la vigilancia en las contrataciones públicas, necesitan dar seguimiento puntual a la información que se publica en la plataforma. De este modo, podrían verificar que los procedimientos se están clasificando de forma correcta, que los montos son los indicados y establecer sanciones en los casos que la información es incorrecta o incompleta.

Por parte de las autoridades hacendarias, también necesitamos una explicación sobre qué cambios ha presentado la plataforma y por qué hay más opacidad y trabas al acceso a la información. En los casos en los que la clasificación de las contrataciones está mal, hace falta que corrijan y den a conocer la razón de estas irregularidades. El gobierno debe garantizar nuestro derecho de acceso a la información como premisa básica para comparar su política de combate a la corrupción.

Tal como se presenta ahora, la información publicada genera opacidad en áreas donde no había antes. A esto hay que sumar que la autoridad encargada de nuestro derecho al acceso a la información, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), está imposibilitada de actuar porque no cuenta con el número de personas comisionadas para sesionar. Así, no podemos descartar malas prácticas de contratación y riesgos de corrupción cuando la información tiene obstáculos para su acceso. Independientemente de si es un problema de incompetencia, de fallas técnicas en la plataforma digital o de omisiones para hacer más difícil conocer cómo se usa nuestro dinero, toda esta evidencia de opacidad constituye un atentado grave a la transparencia que no dejaremos de señalar.

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