Esta semana presentamos una investigación sobre los pagos que realizó el Gobierno de Michoacán a empresas señaladas por el SAT como simuladoras de operaciones y las respuestas de las dependencias estatales, que aseguraron no contar con la documentación relacionada con esos recursos.

También revisamos el análisis de María Amparo Casar sobre el contraste en el trato que reciben distintos personajes frente a la justicia. A ello se suma una nueva entrega de la investigación sobre el huachicol fiscal, que documenta los vínculos entre una empresa texana investigada por autoridades de México y Estados Unidos y una firma ligada al entorno de Amílcar Olán.

Otro tema del que tenemos que hablar es el de la violencia contra la prensa en México. En lo que va del sexenio ya suman 19 periodistas asesinados y la impunidad sigue siendo uno de los principales factores que permiten que estos ataques continúen, con graves consecuencias para la libertad de expresión y la democracia.

Finalmente, compartimos los resultados del IC500 2026, que este año cumple una década evaluando las políticas de integridad de las 500 empresas más grandes del país. Los datos muestran avances importantes: cada vez más empresas fortalecen sus mecanismos de integridad y transparencia.

Esto y más encontrarás en Cuentas Claras, esperamos que sea de tu interés.

Entre julio y septiembre de 2023, el Gobierno de Michoacán realizó pagos por servicios de hospedaje, alimentos y combustible a dos empresas catalogadas por el SAT como empresas fantasma definitivas y a tres contribuyentes incluidos en la lista de presuntos simuladores de operaciones.

Los recursos fueron ejercidos por la Subsecretaría de Investigación Especializada de la Secretaría de Seguridad estatal, entonces encabezada por José Antonio Cruz Medina, quien posteriormente fue nombrado secretario de Seguridad por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para consolidar el llamado "Plan Michoacán".

Esta investigación identificó pagos a personas y empresas incluidas en los listados del SAT y verificó que los comprobantes fiscales permanecen con estatus "vigente". Sin embargo, al solicitar por transparencia las facturas y la documentación relacionada, las secretarías de Seguridad, Finanzas y Gobierno respondieron que no contaban con información sobre esos pagos.

Tan solo en junio de 2026 fueron asesinados tres periodistas. En lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum, la cifra asciende ya a 19 comunicadores asesinados. Veracruz, Guerrero, Michoacán, Guanajuato y Puebla concentran la mayor parte de los casos, de acuerdo con registros de Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas.

Durante décadas se ha discutido cómo la violencia contra la prensa erosiona la democracia, pero las respuestas siguen siendo insuficientes. El Gobierno ha creado mecanismos de protección que no han logrado garantizar la seguridad de los periodistas y fiscalías que, hasta ahora, no han conseguido revertir la impunidad. Esa falta de consecuencias sigue siendo uno de los principales factores que permiten que continúen las agresiones contra quienes ejercen esta profesión.

Esta semana, María Amparo Casar analiza el contraste en el trato que el actual gobierno da a personajes cercanos a su movimiento frente a quienes considera parte de la oposición.

Por un lado, está el caso de Ernesto Ruffo, detenido por su presunta participación en una red de huachicol fiscal. Por el otro, el de Rubén Rocha Moya, señalado por presuntamente haber pactado con los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán a cambio de apoyo político, sobornos millonarios y coacción electoral, además de encubrir las operaciones del Cártel de Sinaloa.

Mientras Ruffo permanecerá en el penal de Almoloya en tanto se determina su responsabilidad penal, a Rocha Moya no se le imputó ningún delito y únicamente acudió ante la Fiscalía para testificar. El contraste en el trato hacia ambos es evidente.

María Amparo Casar llama a no dejar que este caso caiga en el olvido y a alzar la voz frente a las múltiples violaciones al Estado de derecho. Advierte que, si la aplicación de la justicia depende de criterios políticos y no de la ley, cualquier ciudadano puede quedar expuesto a un trato similar.

Ikon Midstream, la empresa texana investigada por el FBI y la FGR e involucrada en el escándalo del huachicol fiscal, hizo negocios con Portacelis Gas and Oil, una firma creada por Juan Carlos de la Cruz Murillo, contador de Amílcar Olán, empresario cercano a Andy y Gonzalo López Beltrán.

Portacelis comenzó a importar diésel desde Texas en febrero de 2025 con Ikon como su primer proveedor y, en apenas seis meses, realizó 444 operaciones por más de 15 millones de litros de combustible. Sin embargo, el 1 de agosto de 2025 fue suspendida del padrón de importadores de hidrocarburos por irregularidades detectadas.

El crecimiento empresarial de Amílcar Olán ha coincidido con su cercanía con Andy y Gonzalo "Bobby" López Beltrán. MCCI ha documentado, mediante audios, conversaciones en las que Olán asegura recibir instrucciones atribuidas a Gonzalo sobre negocios relacionados con el suministro de balasto para el Tren Maya. En una de esas grabaciones, incluso afirma que "Bobby" López le ofreció explotar minas en Oaxaca para abastecer de balasto tanto al Tren Maya como al Tren Interoceánico.

¡Ya están aquí los resultados del IC500 2026! 

Este año, IC500 cumple 10 años evaluando la existencia, calidad y publicidad de las políticas de integridad empresarial de las 500 empresas más grandes de México. Para quienes aún no lo conocen, se trata de una iniciativa de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Transparencia Mexicana y la revista Expansión.

En esta década, los avances han sido significativos. En 2026, 49% de las 500 empresas más importantes del país obtuvo 90 puntos o más en el IC500. En contraste, en 2017 apenas dos empresas superaron esa calificación.

Además, 69 empresas alcanzaron la máxima calificación de 100 puntos en el IC500, 15 más que en 2025. Esto significa que casi 1 de cada 7 empresas evaluadas (15%) obtuvo un puntaje perfecto.