Esta semana en MCCI revelamos que Manuel Marcué Díaz, excolaborador de Adán Augusto López, autorizó para operar apuestas por internet a una empresa vinculada con el entorno de Amílcar Olán, amigo de los hijos del expresidente López Obrador.

 También documentamos que una empresa señalada por EE.UU. de canalizar recursos del Cártel del Noreste a campañas políticas recibió contratos millonarios del gobierno de Samuel García en Nuevo León. 

En Desarmar la Corrupción, Adrián Arellano Regino analiza cómo los abusos de autoridad en casos de huachicol fiscal pueden afectar a empresas legales y abrir la puerta a la extorsión.

Finalmente, en A juicio de Amparo, María Amparo Casar cuestiona el nuevo programa de Ordenación del Valle de México y sus posibles efectos sobre el predial, la propiedad privada y los derechos ciudadanos.

Esto y más encontrarás en Cuentas Claras, esperamos que sea de tu interés.

Un día antes de dejar su cargo en la Secretaría de Gobernación, Manuel Marcué Díaz, excolaborador de Adán Augusto López, autorizó a Superjuegos Robin y Luxury de México operar apuestas por internet. En esta última empresa participaron el abuelo y el contador de Amílcar Olán, amigo de los hijos del expresidente López Obrador.

Curiosamente, Marcué Díaz ya había beneficiado a Olán durante su paso por el gobierno de Tabasco, donde otorgó contratos por más de 214 millones de pesos a Romedic, una de sus empresas. Además, el contador de Olán, Jesús Medina Córdova, ocupó cargos en las dos compañías autorizadas para operar apuestas en línea.

MCCI también identificó la participación de Víctor Hugo Rosales Angulo en Luxury de México. Fuentes consultadas lo señalan como presunto operador financiero de Olán y aseguran que habría controlado ambas empresas de apuestas. Rosales Angulo fue investigado por la entonces PGR por su presunta relación con el caso Oceanografía y tiene vínculos familiares con una empresa que participa en un desarrollo inmobiliario de Olán en Polanco.

El abogado Adrián Arellano Regino analizó esta semana una dimensión poco conocida del huachicol fiscal. ¿Qué pasa cuando las autoridades abusan de sus facultades al perseguir los casos de contrabando de combustible?

En Desarmar la Corrupción, el autor parte del aseguramiento de más de 59 millones de litros de combustible en Guanajuato, el cual fue cuestionado después de que la empresa involucrada afirmara que el producto era legal.

Arellano explica que estas prácticas pueden afectar a empresas que operan legalmente. Aunque acrediten el origen lícito del combustible, las autoridades pueden retener durante meses o incluso años sus vehículos y mercancías, lo que genera pérdidas económicas y abre la puerta a posibles actos de corrupción y extorsión para acelerar su devolución.

Esta semana en A juicio de Amparo, María Amparo Casar analiza el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), el cual es cuestionado por los posibles aumentos al predial, la venta de terrenos, restricciones a la propiedad privada, además de concentrar el poder del gobierno.  

A diferencia de Claudia Sheinbaum, Clara Brugada no puede culpar a sus antecesores pues al menos durante 30 años, la Ciudad de México ha sido gobernada por el mismo círculo político: antes el PRD y ahora, Morena y ninguno ha resuelto la carencia de agua potable, drenaje, transporte, pavimentación, bacheo, inseguridad, crimen organizado, comercio informal y corrupción e impunidad.

María Amparo expone que este programa es principalmente recaudatorio y propone como una posible solución formalizar el empleo para aumentar los ingresos sin vulnerar los derechos de los ciudadanos.

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la semana pasada la reforma contra el nepotismo y aseguró que esta práctica, en la que un funcionario favorece con un cargo público a familiares o amigos, ya no existe la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, tenemos datos para afirmar que no es así.

Después de la cuestionada elección judicial de 2025, identificamos que el 56% de los nuevos miembros de la SCJN tienen al menos un familiar en otros puestos de gobierno. 

En el caso del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), 60% de sus integrantes están en dicha situación, mientras que en la Sala Superior del Tribunal Electoral este porcentaje sube hasta 71%. En total, identificamos 27 familiares de los juzgadores con vínculos con el gobierno.

El pasado 13 de octubre, las autoridades estadounidenses dieron a conocer que la empresa Construcciones y Edificaciones Garza Elías ha sido empleada por el Cártel del Noreste para canalizar fondos a campañas electorales. Dicha compañía ha recibido contratos millonarios del gobierno de Samuel García para obras en la zona del puente fronterizo Colombia-Laredo.

Desde el arranque de la administración de Samuel García, en octubre de 2021, la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León (CODEFRONT) es dirigida por Marco Antonio González Valdez, ex diputado local priista y después morenista, quien firma todos los contratos otorgados a la empresa del Cartel del Noreste sancionada.