Esta semana vuelve a quedar claro un patrón: opacidad en la toma de decisiones, discrecionalidad en el manejo de recursos y una rendición de cuentas que sigue siendo débil e incompleta.

Comenzamos con una nota que pone el foco en un esquema de operación política y financiera: Morena y Financiera para el Bienestar (Finabien) dispersaron más de 250 mil “apoyos sociales” en todo el país sin reportarlos al Instituto Nacional Electoral (INE), lo que habría significado un desembolso millonario.

En estos días, también publicamos que dos empresas en las que han participado como socios y operadores personas señaladas por la FGR como integrantes de una red de tráfico de armas, son las encargadas de vigilar los puntos de inspección y salas de espera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)

En paralelo, persiste una narrativa política que atribuye problemas al pasado, mientras fallas estructurales siguen sin corregirse, como señala María Amparo Casar en su columna A juicio de Amparo. 

Además, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Turismo (México) habrían cedido el Campo Marte para un negocio privado sin contraprestaciones claras.

Y el conflicto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) expone otra constante: decisiones fiscales de alto impacto negociadas sin transparencia suficiente.

El resultado es el mismo en distintos frentes: decisiones públicas relevantes tomadas en zonas grises, donde la legalidad formal no siempre garantiza rendición de cuentas real.

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena utilizó la infraestructura de Financiera para el Bienestar (Finabien) para dispersar hasta 252,901 pagos identificados como “apoyos sociales” entre 2022 y junio de 2024, mediante un convenio que permaneció vigente incluso semanas después de la elección presidencial. 

De acuerdo con documentos oficiales y una auditoría interna de Finabien, el partido pagó al menos 3.5 millones de pesos en comisiones por estas operaciones, aunque solo se concretó poco más de la mitad de los pagos previstos, lo que derivó en reintegros millonarios. La revisión también detectó irregularidades en el cobro de comisiones y omisiones en los controles de prevención de lavado de dinero.

 Ni el contrato ni las transferencias fueron reportados al Instituto Nacional Electoral (INE), pese a que expertos consultados sostienen que los partidos políticos no tienen atribuciones legales para otorgar “apoyos sociales”.

La Secretaría de Marina asignó la vigilancia de las terminales 1 y 2 del AICM a las empresas SERPROSEP y Armour King, que recibieron contratos por más de 1,190 millones de pesos. Ambas compañías han estado vinculadas a Jorge Enrique Alberts Ponce y Sandalio Alfonso Sainz de la Maza, señalados por la FGR como presuntos integrantes de una red de tráfico de armas e hidrocarburos.

Documentos mercantiles consultados por MCCI, muestran que ambos figuraron como accionistas, apoderados o funcionarios de estas empresas, y no existen registros públicos que acrediten formalmente su salida. La investigación de la FGR señala que habrían utilizado empresas de seguridad privada para facilitar el tráfico de armas y otras actividades ilícitas.

Aunque los señalamientos eran conocidos desde 2025, las empresas continuaron obteniendo contratos gubernamentales. La Marina afirmó que, mientras no exista una resolución judicial firme, no puede presumir responsabilidades, aunque indicó que los casos serán revisados por las autoridades competentes.

Esta semana, María Amparo Casar analiza la tendencia de los presidentes a culpar a gobiernos anteriores por los problemas del país, señalando que esta práctica se intensificó en el sexenio de López Obrador, quien responsabilizó a administraciones pasadas de casi todos los males de México. Pese a ese discurso, varios indicadores de economía, seguridad y política social habrían empeorado o permanecido sin mejora significativa.

También afirma que la actual presidenta no ha roto con esa narrativa, sino que ha mantenido la defensa del proyecto anterior y la atribución de problemas al “neoliberalismo”, sin usar la estrategia de culpar al sexenio previo. Además, destaca que el gobierno actual no enfrenta contrapesos institucionales relevantes, lo que reduce la rendición de cuentas.

El Gobierno federal, mediante la SEDENA y la Secretaría de Turismo, habría otorgado el uso gratuito del Campo Marte a la empresa The Mates Contents para organizar un festival de 40 días durante el Mundial 2026.

El proyecto, llamado Campo Marte 26 Santander, incluirá transmisiones de partidos, conciertos, áreas gastronómicas y zonas VIP, con boletos de distintos precios que llegarían hasta los 24 mil pesos. De acuerdo con estimaciones, el evento podría generar más de 500 millones de pesos, sin que la empresa pague por el uso del recinto ni por varios servicios públicos como la seguridad.

El reportaje cuestiona el uso de un espacio público estratégico para un negocio privado de alto valor sin contraprestaciones claras al Estado.

Esta semana en Desarmar la corrupción, el autor Jorge Oropeza, analiza cómo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha mantenido la presión sobre el gobierno en un conflicto que expone tensiones históricas del sistema educativo mexicano, especialmente en pensiones, reformas laborales y financiamiento público.

El magisterio plantea tres demandas centrales: la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 por el impacto en las pensiones, la eliminación de las reformas educativas recientes junto con el organismo USICAMM, y un incremento salarial del 100% que también incluiría a jubilados. Estas exigencias implican compromisos presupuestales de gran magnitud que el gobierno considera difíciles de sostener.

El blog también destaca un problema recurrente: la falta de transparencia en las negociaciones entre autoridades y magisterio, que suelen realizarse sin escrutinio público pese a sus efectos en el gasto público a largo plazo.

Aunque el conflicto ha tenido momentos de mayor tensión, incluso en el contexto del Mundial 2026, no se ha resuelto.