La corrupción y la impunidad no siempre se manifiestan en grandes escándalos, sino también en las zonas grises donde faltan documentos, sobran contradicciones y nadie asume responsabilidades. El caso de la colaboración entre Adidas, Someone Somewhere y las artesanas de Naupan es un ejemplo: mientras el Ayuntamiento asegura que nunca autorizó el uso de la Casa de la Cultura para ese proyecto y que no existió convenio alguno con las empresas, la polémica deja al descubierto las consecuencias de operar con acuerdos informales y sin mecanismos claros de rendición de cuentas.

También revisamos la brecha entre el discurso y los hechos. En Desarmar la Corrupción, Christian Martínez Olivera analiza si la Cartilla Moral y la Guía Ética de la Cuarta Transformación lograron traducirse en una administración más íntegra, mientras María Amparo Casar cuestiona las implicaciones de la presunta participación del FBI en la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y recuerda que la defensa de la soberanía sólo tiene sentido cuando se ejerce con congruencia y respeto al Estado de derecho.

A ello se suman dos casos que ilustran la importancia de seguir la ruta del dinero y de los vínculos de poder: la permanencia en la Aduana de Matamoros de la hermana de un presunto operador financiero del CJNG sancionado por Estados Unidos, y la detención de Gilda Lozoya, cuya presunta participación en la trama financiera del caso Odebrecht fue documentada por MCCI desde 2019. Todos estos casos tienen un denominador común: sin transparencia, instituciones sólidas y rendición de cuentas, las promesas de legalidad y combate a la corrupción difícilmente pueden convertirse en realidad.

El Ayuntamiento de Naupan, Puebla, aseguró que nunca autorizó el uso de la Casa de la Cultura como taller para la colaboración entre Adidas y Someone Somewhere, y afirmó desconocer cualquier convenio o relación comercial entre las empresas y las artesanas de la colectiva Mujeres Unidas Chakalxochitl.

La postura surgió tras la polémica por las condiciones laborales de las artesanas y los señalamientos de activistas sobre posible precarización y apropiación cultural. El gobierno municipal informó, tras una solicitud de acceso a la información, que no existe documento que acredite acuerdos entre el municipio y las empresas involucradas.

El Ayuntamiento explicó que la Casa de la Cultura fue prestada gratuitamente por un año tras una solicitud verbal de apoyo de las artesanas, pero sostuvo que desconocía que el espacio sería utilizado para elaborar las prendas de Adidas. También afirmó que no obtuvo ningún beneficio económico y que los acuerdos comerciales fueron establecidos directamente por las artesanas.

Esta semana en Desarmar la Corrupción, Christian Martínez Olivera, analiza la efectividad de la estrategia ética impulsada por la Cuarta Transformación mediante documentos como la Cartilla Moral y la Guía Ética para la Transformación de México, ocho años después del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, 

Ambos textos buscaban promover valores como la honestidad, el combate a la corrupción, la austeridad y el servicio público, pilares del discurso del llamado humanismo mexicano.

Sin embargo, diversos casos protagonizados por funcionarios y gobiernos vinculados a Morena han generado críticas sobre la aplicación real de esos principios. Señalamientos contra administraciones estatales y municipales por presuntos actos de corrupción, nepotismo, opacidad y problemas de gobernabilidad han evidenciado una brecha entre el discurso ético promovido y las prácticas de algunos representantes públicos.

La experiencia de estos años muestra que la difusión de principios morales no ha sido suficiente para erradicar conductas contrarias a la transparencia y al Estado de derecho. 

Esta semana, María Amparo Casar analiza en su columna la posible participación del FBI en la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y las implicaciones que este caso podría tener en la relación entre México y Estados Unidos. Señala que la acusación de Claudia Sheinbaum contra el exembajador Ken Salazar, por presuntamente haber dado una versión falsa sobre el operativo, representa un punto de inflexión diplomático.

Casar cuestiona por qué el gobierno mexicano no investigó antes la posible intervención estadounidense y plantea dudas sobre la actuación de las autoridades frente a otros casos relacionados con seguridad y crimen organizado. También advierte que recurrir al argumento de la soberanía exige congruencia y no sólo una aplicación selectiva según las circunstancias políticas.

La hermana de Óscar Guillermo Juraidini Silva, identificado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como presunto operador del CJNG en una red de contrabando de combustible, trabaja desde 2019 como jefa del Departamento de Trámites y Asuntos Legales de la Aduana de Matamoros, una de las aduanas señaladas por autoridades estadounidenses como punto clave para el ingreso ilegal de hidrocarburos.

De acuerdo con registros oficiales, Analee de Jesús Juraidini Silva ocupa el mismo cargo que desempeñó Carlos Eugenio Benítez Orta, exfuncionario detenido y extraditado por presuntos vínculos con esta red. Fuentes citadas por Reforma señalan que ambos habrían tenido responsabilidades relacionadas con el control de operaciones aduaneras en Matamoros.

Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, fue detenida por la FGR. Desde 2019, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó su presunta participación como beneficiaria de una cuenta suiza utilizada para triangular recursos vinculados al caso Odebrecht y financiar la compra de propiedades en Lomas de Bezares e Ixtapa.

Las investigaciones de MCCI también revelaron que esa cuenta, a nombre de la empresa fachada Tochos Holding, realizó transferencias millonarias a empresas relacionadas con OHL y fue utilizada para cubrir gastos de inmuebles y otros pagos vinculados a Emilio Lozoya. La FGR incluyó estos movimientos como parte de las investigaciones que derivaron en órdenes de aprehensión contra familiares del exfuncionario.

Además, documentos obtenidos en la filtración FinCEN Files mostraron que el banco UBS identificó a Gilda Lozoya como presunta prestanombres de su hermano y cuestionó que, siendo estudiante universitaria, figurara como titular de cuentas que recibían depósitos de hasta un millón de dólares por contrato.