Esta semana en Cuentas Claras nos hacemos una pregunta incómoda: ¿qué pasa cuando las cuentas públicas muestran una parte de la historia y el discurso oficial, otra?

El huachicol salpicó al gobierno de Mara Lezama en Quintana Roo. Más de 150 millones de pesos en contratos públicos terminaron en empresas con vínculos societarios, administrativos y de domicilio con una compañía señalada por la FGR como facturera de combustible obtenido ilícitamente. 

En Texas, un empresario cercano a Andy López Beltrán abrió tres nuevas compañías conectadas entre sí y con un mismo domicilio familiar. Mientras tanto, en su Segundo Informe, la presidenta Claudia Sheinbaum no mencionó una sola vez la corrupción. Un silencio llamativo considerando que ese problema sigue entre las principales preocupaciones ciudadanas.

Finalizamos con otro tema importante: la revocación de las visas estadounidenses a políticos y funcionarios, algunos vinculados a Morena. Esto no significa que las personas hayan cometido un delito, pero tampoco es algo irrelevante.

El gobierno de Quintana Roo, encabezado por la morenista Mara Lezama, y municipios de la entidad otorgaron más de 150 millones de pesos en contratos entre 2023 y 2024 a cinco empresas que mantienen vínculos societarios, administrativos o de domicilio con Tabasco Capital, compañía que la Fiscalía General de la República (FGR) identificó como presunta facturera de combustible obtenido ilícitamente dentro de una red de huachicol relacionada con el empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen Miss Universo.

Las conexiones aparecen en actas mercantiles y documentos oficiales. Tabasco Capital ha compartido domicilios, socios, administradores o apoderados con Construindustrial y de Servicios SIMMA, Construservicios ESL, AF Instalaciones y otras compañías.

Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario cercano a Andy López Beltrán y beneficiario de contratos millonarios durante el gobierno de AMLO, expandió sus negocios a Estados Unidos en junio y julio de 2026 mediante la creación de tres empresas en Texas: Stone Basaltico LLC, Quincar LLC y Basalt Group LLC. 

Las compañías están vinculadas entre sí y comparten como domicilio una vivienda propiedad de su tía Teresa Olán, mientras que Quincar fue creada por Silvia Gabriela Cárdenas Arias, señalada como presunta operadora de Olán en la venta de balasto para obras ferroviarias. 

Curiosamente, apenas un mes antes del retiro de la visa a Andy, su amigo Amílcar Olán había terminado de establecer una red de empresas en Texas.

Esta semana, en A juicio de Amparo, María Amparo Casar analiza cómo el 2.º Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presenta una visión optimista del país, mientras deja fuera problemas centrales como la corrupción y la impunidad.

Casar cuestiona la distancia entre las cifras oficiales y la realidad que viven millones de mexicanas y mexicanos en ámbitos como la salud, la educación, la economía y la seguridad. El informe enumera avances y resultados, pero ¿qué tan cerca están esos datos de la realidad cotidiana?

La autora plantea, además, una pregunta incómoda: ¿por qué los derechos de las audiencias permiten exigir veracidad y distinguir entre hechos y opiniones a los concesionarios privados, pero no establecen el mismo estándar para la comunicación de las autoridades?

En su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo más de 7 mil palabras pero, como lo mencionamos anteriormente, no pronunció una sola vez la palabra “corrupción”. El dato llama la atención porque su combate fue una de las banderas centrales de la 4T y porque hoy el 58.9% de los mexicanos la considera el segundo problema más importante en sus comunidades. Sheinbaum ha reducido en 76% el uso del término en sus mañaneras frente al promedio de López Obrador.

En marzo de 2026, MCCI documentó el caso individual de corrupción y huachicol más grave en cuanto al monto implicado. Una sola empresa, Marlaya S.A. de C.V.  habría evadido más de 29 mil millones de pesos. Pese a ello, el caso no ha sido mencionado por la presidenta ni una sola vez. 

En Desarmar la Corrupción, la autora María de los Ángeles Estrada analiza el creciente uso de la revocación de visas por parte de Estados Unidos como una herramienta de presión frente a políticos y funcionarios mexicanos. Aunque perder una visa no significa ser culpable de un delito ni implica necesariamente una investigación penal, los casos recientes, varios de ellos relacionados con integrantes de Morena, han generado dudas por la falta de información pública sobre las razones detrás de estas decisiones.