De importar autos usados a mover $3 mil 348 millones en supuestos aceites y aditivos

Bases de datos de comercio exterior analizadas para esta investigación muestran que entre 2021 y 2023 Customs Link ARL declaró importaciones de aceites y aditivos por alrededor de 3 mil 348 millones de pesos. La mayor parte se concentró en 2021, cuando la compañía registró 19 mil 443 operaciones por 146.5 millones de dólares, equivalentes a unos 2 mil 971 millones de pesos al tipo de cambio promedio de ese año.

El cambio en las operaciones de la compañía fue abrupto. En 2019 y 2020, Customs Link había realizado casi 5 mil operaciones de importación de autos usados procedentes de Estados Unidos. La empresa aprovechó así el régimen que permitía la importación definitiva de vehículos usados, cuya vigencia fue prorrogada en marzo de 2019 por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entre 2019 y 2020, la empresa Customs Link ARL se dedicó a importar miles de autos usados.
Entre 2019 y 2020, la empresa Customs Link ARL se dedicó a importar miles de autos usados.

aditivos
A partir de 2021 la empresa dio un giro radical y se enfocó en importar millones de litros de aditivos y lubricantes, fracciones utilizadas para encubrir huachicol.

En 2021 el perfil de la empresa se transformó y ese año sus operaciones se multiplicaron hasta llegar a 21 mil 536; no obstante, nueve de cada diez estuvieron relacionadas con aceites de petróleo, lubricantes y aditivos. El negocio de los autos usados pasó a segundo plano.

La fracción con mayor número de registros fue la correspondiente a los aceites de petróleo, de las que Customs Link realizó 14 mil 692 operaciones por 103.6 millones de dólares.

A ellas se sumaron 2 mil 352 operaciones de los denominados aceites ligeros, mil 967 de aditivos y 432 de otros derivados del petróleo. En conjunto fueron 19 mil 443 operaciones por 146.5 millones de dólares solamente durante 2021.

Un reportaje de N+ identificó a Customs Link ARL como parte de una red de tráfico ilegal de combustible adquirido en Texas y que era introducido camuflado como aceites y aditivos.

El propio gobierno federal restringió en octubre de 2023 la importación de diversas mercancías comprendidas en esas fracciones arancelarias, tras el hallazgo de que eran usadas para ocultar la importación de combustibles sin pagar impuestos.

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Más de 3 mil millones de pesos en tres años

Aunque las importaciones de aceites y aditivos disminuyeron después del extraordinario crecimiento de 2021, Customs Link mantuvo ese tipo de operaciones durante los dos años siguientes.

En 2022 realizó 2 mil 085 operaciones por unos 9.7 millones de dólares. Entre ellas aparecen 403 operaciones de importación de “aceites minerales puros del petróleo”. En 2023 fueron 675 operaciones bajo esa misma descripción. A ellas se sumaron mil 271 operaciones de aditivos para aceites lubricantes.

Al convertir a pesos el valor declarado utilizando el tipo de cambio promedio de cada año, las importaciones de aceites de petróleo, lubricantes y aditivos realizadas por Customs Link entre 2021 y 2023 sumaron aproximadamente 3 mil 348 millones de pesos.

Si esas operaciones hubieran ocultado gasolina o diésel adquirido a un valor de importación cercano a 11 pesos por litro, equivaldría a alrededor de 300 millones de litros, cuyo valor de venta en México habría rondado los 7 mil millones de pesos.

A partir de 2024 el patrón volvió a cambiar. En las bases analizadas ya no aparecen operaciones de Customs Link dentro de las partidas de aceites de petróleo y aditivos examinadas. La empresa retornó ese año al negocio de la importación masiva de autos usados, en coincidencia con un decreto emitido por el gobierno de AMLO que regularizó los llamados “vehículos chocolate”.

Tan sólo en 2024, la empresa concretó la importación de 4 mil 558 vehículos usados.

Customs Link ARL comparte domicilio en Reynosa con Servicios Aduanales JR, investigada por la FGR como una de las mayores huachicoleras.
Customs Link ARL comparte domicilio en Reynosa con Servicios Aduanales JR, investigada por la FGR como una de las mayores huachicoleras.

Comparte domicilio con huachicolera

Customs Link ARL ha compartido domicilio en Reynosa, Tamaulipas, con Servicios Aduanales JR, empresa que la Fiscalía General de la República ha colocado entre las compañías centrales de una de las mayores investigaciones por contrabando de combustible.

El inmueble se encuentra en Prado Sur número 1394, colonia Del Prado, Reynosa.

En la fachada todavía puede observarse un directorio que distribuye las oficinas. Customs Link ARL aparece en el número 1394; Roberto Alfonso Juárez Segovia, uno de sus principales socios y gerente de la compañía, en el 1394-A; y Servicios Aduanales JR en el 1394-B.

El acta constitutiva de Servicios Aduanales JR confirma que desde su creación, el 17 de noviembre de 2021, estableció como domicilio Privada Prado Sur 1394-B, en Reynosa. Su accionista y administrador era Armando III Riestra Fernández, detenido en enero de 2026 y actualmente preso en el penal federal del Altiplano, acusado por la FGR de ser cabeza de una red de huachicol fiscal que introdujo por la Aduana de Matamoros 144 millones de litros de diésel y gasolina, declarados como solución de cloruro de calcio.

Servicios Aduanales JR se constituyó precisamente en 2021, el mismo año en que Customs Link experimentó el enorme crecimiento de sus operaciones con derivados de petróleo.

El 20 de marzo de 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) suspendió a Customs Link ARL del Padrón de Importadores, bajo la causal XII de las Reglas Generales de Comercio Exterior, aplicable a quienes no cuentan con la documentación que ampare sus operaciones de comercio exterior.

Meses después, la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas 4 sancionó a Customs Link por omisiones en el cumplimiento de los artículos 17 y 18 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado de dinero.

La legislación establece obligaciones para quienes realizan actividades consideradas vulnerables, entre ellas identificar a sus clientes, recabar información sobre beneficiarios controladores, conservar documentación y presentar avisos a Hacienda.

La empresa combatió la resolución ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El expediente 5146/25-06-01-1 muestra que el litigio fue promovido contra la autoridad fiscal de Tamaulipas y que el 9 de septiembre de 2026 el tribunal declaró la nulidad.