Una empresa creada como una pequeña comercializadora de autopartes importó alrededor de 360 millones de litros de sustancias presumiblemente vinculadas al huachicol fiscal, y tuvo negocios con al menos 38 distribuidoras de combustible, entre ellas Ahavat Logistics Solution, boletinada por el gobierno de Estados Unidos por sus vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Esa empresa es JSC Servicios Aduanales, constituida en Reynosa, Tamaulipas, el 21 de marzo de 2021, teniendo como única accionista y administradora a una mujer sin aparente experiencia empresaria.
Según su boleta de inscripción ante el Registro Público de Comercio de Reynosa, JSC se constituyó como sociedad por acciones simplificada (SAS), con un objeto social explícito: “comercio al por menor de partes y refacciones usadas para automóviles, camionetas y camiones”.
La figura de la SAS existe en México desde 2016 para simplificar la formalización de micro y pequeños negocios, y por eso la ley le impone un límite de ingresos. Conforme al artículo 260, dentro del Capítulo XIV de la Ley General de Sociedades Mercantiles, una SAS no puede facturar más de 5 millones de pesos anuales —monto que se actualiza cada 1 de enero y que, para el periodo 2021-2025, osciló entre 6.3 y 7.4 millones de pesos según el año—. Si una sociedad rebasa ese límite, la ley la obliga a transformarse en otro régimen de sociedad.
JSC nunca hizo esa transformación. Registros de comercio exterior consultados por MCCI muestran que, entre su constitución y agosto de 2025, realizó 10 mil 027 operaciones de importación por un valor acumulado de 74 millones 488 mil dólares y un volumen equivalente a alrededor de 360 millones de litros de productos declarados como aditivos para aceites lubricantes o aceites minerales, fracciones que de forma recurrente se usan para ocultar huachicol fiscal.
Al tipo de cambio promedio del periodo mencionado, las importaciones de JSC representaron un valor de alrededor de mil 469 millones de pesos.
Toda la mercancía provenía de Estados Unidos, y entró casi en su totalidad por dos aduanas tamaulipecas: Cd. Reynosa (8,067 operaciones) y Matamoros (1,959 operaciones), por vía carretera en el 97% de los casos.
El proveedor dominante fue, por mucho, Hevi Logistics, con 9,180 operaciones conjuntas por 61 millones 340 mil dólares, que representa el 82% de todo lo que JSC importó en cuatro años y medio.
El segundo proveedor en volumen fue Ikon Midstream LLC, con 59 operaciones por 2 millones 880 mil dólares. Ambas empresas texanas están entre las involucradas en el escándalo de huachicol fiscal en México.
La cadena de huachicol involucra al CJNG
JSC Servicios Aduanales ha sido proveedor de empresas y personas investigadas por ser parte de la cadena de comercialización de huachicol.
En una auditoría, la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información de las operaciones de JSC, y en los documentos entregados constan depósitos por 188 millones de pesos realizados a una cuenta entre octubre y diciembre de 2021.
Una de las empresas que tuvo negocios con JSC es Ahavat Logistics Solution, que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este año por sus vínculos con el esquema de contrabando de combustible del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Según los documentos bancarios, Ahavat transfirió a JSC 34 millones 620 mil pesos mediante 98 operaciones entre noviembre y diciembre de 2021.
Los estados de cuenta revelan que otra de las contrapartes de JSC fue Dalcrise, comercializadora de hidrocarburos que aparece en la causa penal 325/2025 iniciada por la Fiscalía General de la República a partir del aseguramiento del buque Challenge Procyon en marzo de 2025. Dalcrise tiene además participación accionaria en Impulsora de Productos Sustentables (IPS), empresa investigada por la FGR por el contrabando de 21.5 millones de litros de diésel introducidos por el puerto de Tuxpan en octubre de 2019 a bordo del buque Atlantic Bay.
MCCI documentó también que el representante legal de Dalcrise lo ha sido también de Mefra Fletes, otra de las compañías involucradas en la red de contrabando de combustible descubierta tras los decomisos de Tampico.
Entre quienes transfirieron dinero a JSC aparece también Julia Mendoza Cruz, comercializadora de combustibles a quien el SAT incluyó en junio de 2024 en el listado definitivo de contribuyentes que simularon operaciones, tras determinar que emitió facturas por venta de gasolina y diésel sin contar con activos, personal ni capacidad material para realizar esas operaciones. Entre 2017 y 2018 había recibido cuatro permisos de la Secretaría de Energía para importar hasta 220 millones de litros de diésel y 50 millones de litros de gasolina.
MCCI documentó que Mendoza Cruz realizó más de 2 mil 700 operaciones de importación de diésel y productos químicos por las aduanas de Ciudad Juárez, Matamoros y Nogales. Alrededor de 80% del valor de esas importaciones fue declarado como “preparaciones antidetonantes y aditivos” y “aceites minerales”, fracciones utilizadas con frecuencia para ocultar la introducción de combustibles y evadir el IEPS.
En febrero de 2026, el SAT le determinó un adeudo histórico de 3 mil 121 millones de pesos por impuestos omitidos. La investigación de MCCI la ubicó además dentro de una red de factureros que recurrió a la clonación de pedimentos y a la declaración de fracciones arancelarias distintas de las mercancías realmente importadas, un mecanismo identificado por las autoridades como huachicol fiscal.
La cuenta bancaria de JSC recibió asimismo transferencias de Construindustrial y de Servicios SIMMA, S.A. de C.V., compañía conectada con otra red investigada por tráfico ilegal de combustibles. MCCI documentó que SIMMA compartió domicilio en Querétaro con Tabasco Capital, empresa que la FGR identificó como utilizada para facturar combustible obtenido ilícitamente dentro de la organización relacionada con el empresario Raúl Rocha Cantú. Adrián León Ayala, socio fundador y primer administrador de Tabasco Capital, asumió en 2019 la gerencia de SIMMA. Años después ambas compañías reportaron como domicilio San Martín de Porres 111, en la colonia Carrillo Puerto de Querétaro.
Las operaciones bancarias permiten así ubicar en una misma cuenta, desde finales de 2021, recursos procedentes de empresas y personas que años después aparecerían en distintas investigaciones oficiales sobre huachicol fiscal.
Suspendida del padrón
De acuerdo con información recabada para este reportaje, el 6 de junio de 2024 el SAT suspendió a JSC del Padrón de Importadores por tres causales simultáneas: incumplimiento de obligaciones fiscales, ausencia de documentación que acreditara las operaciones de comercio exterior y desatención de los requerimientos de información emitidos por la propia autoridad.
La suspensión ocurrió meses antes de que la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas iniciara, en octubre de 2024, la auditoría que permitió reconstruir los movimientos bancarios de la empresa. En el requerimiento, la autoridad estatal exigió a JSC que acreditara el origen y procedencia de los depósitos mediante contratos, facturas, recibos, comprobantes y demás documentación relacionada con cada operación.
