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El Índice de Estado de derecho en México: una herramienta para la toma de decisiones

Por tercera ocasión, The World Justice Project publica el Índice de Derecho en México que ofrece un diagnóstico para cada entidad. Aquí te explicamos cómo funciona, para que sirve y qué encontraron este año.

Hace unos días, en el World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial o WJP) tuvimos el gusto de presentar la tercera edición del Índice de Estado de derecho en México. Este Índice es una herramienta para conocer la situación del Estado de derecho en la práctica, desde las perspectivas y experiencias de la ciudadanía en las 32 entidades del país.[1]

¿Cómo se construye el Índice?

El Índice de Estado de derecho en México se basa en tres fuentes de información: una encuesta a población general (a 25,600 personas en los 32 estados del país, 800 en cada uno); encuestas a especialistas en salud pública, justicia civil, justicia penal y derecho laboral (más de 2,300 entrevistas completas), así como datos de fuentes terciarias, que incluyen encuestas y registros administrativos publicados por instituciones como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Este Índice se basa en la metodología que el WJP ha aplicado a nivel global durante más de una década en más de 120 países, aunque fue adaptado para reflejar el contexto nacional y la arquitectura institucional del país.

El Índice se compone de ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil, y justicia penal. Estas dimensiones del Estado de derecho se desagregan en más de 40 indicadores[2], que a su vez se calculan a partir de más de 600 variables. El resultado permite hacer un diagnóstico más preciso sobre las fortalezas y debilidades institucionales para cada entidad.

Hallazgos destacados

  1. Todas las entidades tienen retos y los datos muestran un estancamiento en el fortalecimiento del Estado de derecho. Los resultados del Índice de Estado de derecho en México 2020-2021 sugieren que todas las entidades tienen retos para alcanzar un Estado de derecho robusto; de hecho, los estados con los puntajes más altos –en una escala que va de 0 a 1, donde 1 significa mayor adhesión al Estado de derecho– son Yucatán (0.47) y Coahuila (0.45), lejos de la calificación idónea. Los datos también evidencian un estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de derecho robusto, con cambios marginales en los puntajes generales de la mayoría de las entidades federativas desde la última edición del reporte. Los cambios más importantes se dieron en dimensiones específicas del Estado de derecho, como la justicia penal.
  1. El principal reto durante la emergencia sanitaria fue el sistema de justicia penal. El puntaje para el Factor 8, Justicia penal, cayó en 16 estados desde la última edición del Índice. Los indicadores con descensos más marcados fueron el subfactor 8.2, que evalúa la eficiencia y eficacia de los sistemas de procuración e impartición de justicia; y el subfactor 8.4, que mide el respeto al debido proceso de las personas acusadas de algún delito — incluye la presunción de inocencia, la igualdad y la ausencia de discriminación, el trato digno, la defensa adecuada, y el acceso a un juicio público ante una jueza o un juez competente e imparcial–.
  1. Se observó una reducción en las tasas de incidencia y prevalencia delictivas, aunque la seguridad sigue siendo uno de los principales desafíos en México. Se registraron mejoras en los indicadores de incidencia y prevalencia delictiva en la mayoría de los estados como lo muestra el subfactor 5.2, que mide ausencia de delitos, con mejoras para 26 estados de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2020 del INEGI, que mide delitos ocurridos en 2019. Sin embargo, existen retos persistentes, reflejados en las tasas de homicidio (subfactor 5.1) y la percepción de inseguridad (subfactor 5.3). Igualmente, se registró una caída en los puntajes de ausencia de corrupción en la policía y las fuerzas de seguridad (subfactor 2.3) en 20 entidades del país. 
  1. El país sigue enfrentando retos en el área de investigación penal. Por tercera ocasión, el indicador peor evaluado en la mayoría de las entidades federativas fue la efectividad en las investigaciones de la policía y del ministerio público, medido en el subfactor 8.1 del Índice. De hecho, la cifra negra, que captura los delitos que no se denuncian o para los cuales no se inició una carpeta de investigación, alcanzó 92.4% a nivel nacional, según la ENVIPE 2020.
  1. Se registró un preocupante debilitamiento de los contrapesos más efectivos al poder gubernamental en los estados. Por tercera ocasión, los contrapesos más efectivos al poder ejecutivo estatal son la sociedad civil y la prensa (medido en el subfactor 1.5). Sin embargo, los datos del Índice muestran un continuo debilitamiento de la libertad de prensa y una contracción del espacio cívico, con caídas para 16 estados en este indicador desde la última edición del Índice.

Un dato adicional

Se registraron amplias desigualdades en el acceso a la salud. De hecho, solamente 31% de las y los especialistas de salud pública que respondieron nuestra encuesta consideran que los sistemas de salud estatales logran garantizar el derecho a la salud a todas las personas, sin importar sus recursos. Así, “la presión que impuso la pandemia por covid-19 al sistema de salud público evidenció sus debilidades estructurales”. Como nota, este dato se basa en 347 cuestionarios que se respondieron entre julio y octubre de 2020. 

¿Para qué sirve el Índice?

Además de su función para identificar las fortalezas y debilidades en cada entidad, el objetivo del Índice de Estado de derecho en México es fomentar el diseño e implementación de políticas públicas que fortalezcan el Estado de derecho en el país. Prueba del potencial de este Índice como herramienta para la toma de decisiones es que ha sido incluido en múltiples instrumentos de planeación de gobiernos estatales y del gobierno federal, incluyendo el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024, de la Secretaría de Gobernación.

En el WJP reconocemos que el fortalecimiento del Estado de derecho no es un tema simple, pero esperamos que el Índice sirva para que las personas funcionarias públicas tengan un panorama amplio de la situación en el tema y monitoreen la evolución de las soluciones que propongan para lograrlo. Como identificamos en el libro Control de la corrupción: Clave para el Estado de derecho, un elemento que comparten los estados que tienen mejores resultados en materia de control de la corrupción es una planeación que reconozca la transversalidad, multicausalidad y complejidad de este tipo de problemas, donde se planteen iniciativas fundamentadas en indicadores, y que además cuenten con objetivos claros y medibles. Sin una ruta transparente, en la que todas y todos podamos consultar los avances sobre el progreso hacia nuestras metas, estamos destinados a nunca alcanzar un México con un Estado de derecho robusto.

Mario Rodríguez Vigueras y Leslie Solís. Investigadores del World Justice Project


[1] Para el WJP, el Estado de Derecho “es un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades están sujetas al cumplimiento de la ley, la cual es respetuosa de los derechos humanos y se aplica de forma equitativa, justa y eficiente”. Ver: Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021.

[2] Por ejemplo, el Factor 8, que evalúa la efectividad de los sistemas de justicia penal estatales, incluye seis indicadores: 8.1. La policía y el MP investigan los delitos de manera eficaz, 8.2. Los sistemas de procuración y de impartición de justicia son expeditos y eficaces, 8.3. Los derechos de las víctimas se garantizan efectivamente, 8.4. El debido proceso legal de las personas acusadas de algún delito se garantiza efectivamente, 8.5. El sistema de justicia penal es imparcial, independiente y está libre de corrupción, y 8.6. El sistema penitenciario garantiza la seguridad y el respeto a los derechos de las personas privadas de la libertad.

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