Miranda Carballo Corrales
Los servicios de salud proporcionados por el Estado deberían asegurar que, de forma gratuita y sin restricciones, todas las personas cuenten con un servicio de calidad, atención pertinente y seguimiento apropiado. Estas condiciones podrían garantizar que haya confianza en nuestro sistema de salud. Sin embargo, en México no sucede así. El presente ensayo demostrará cómo es que los servicios de salud proporcionados por el Estado, como lo son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), tienen una alta percepción de corrupción entre la ciudadanía.
El IMSS, ISSSTE y el INSABI son organismos descentralizados que garantizan el derecho a la salud, asistencia médica, protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. El IMSS brinda servicios y atención a los trabajadores formales, que constituyen el 51%1 de la población, el ISSSTE por su parte, brinda los mismos servicios pero para trabajadores del estado, con una afiliación del 7.7% 2 del total de la población. El INSABI, por otro lado, es una institución que se creó con el fin de atender a la población que no cuenta con una afiliación a ninguna de las otras instituciones, misma que atiende al 35.5% 3 de la población. 4 De acuerdo con el reporte del 2021 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), México cuenta con una cobertura universal de salud (CUS) alta con el 76%, 5 no obstante, se ha documentado que la atención disponible es muy variada con respecto al servicio solicitado. Por ejemplo, la cobertura en atención prenatal es de 94%, mientras que la de tratamiento VIH es de 55%. 6
De acuerdo con la Encuesta MCCI - Reforma 2022, 60.8% de las personas encuestadas considera que existe mucha o algo de corrupción en el IMSS, 59.5% en el ISSSTE y 48.7% en el INSABI. Porcentajes bastante altos para instituciones que se encargan de salvaguardar la salud y vida de las y los mexicanos. No obstante, esta percepción parece razonable ante los escándalos que se han suscitado durante la emergencia sanitaria por COVID-19, así como por el poco apoyo que se dio al personal médico en las mismas fechas, los casos de facturas falsas en el sector, así como la falta de acceso y el desabasto de medicamentos.
En primer lugar, en los primeros meses de la pandemia, en el portal “Denuncia Corrupción” hasta el 17 de noviembre del 2020 se registraron 105 actos de corrupción, los cuales abarcaban desde sobornos en efectivo hasta favores sexuales para poder acceder a pruebas de detección, atención y/o asignación de camas en terapia intensiva. 7 La corrupción provenía desde el gobierno federal. Un claro ejemplo fue la compra de 20 ventiladores respiratorios por 31 millones de pesos en el IMSS Hidalgo. Se trató de los ventiladores más caros en la historia, en tanto que cada equipo costó un millón 550 mil pesos cuando en promedio los ventiladores costaban entre 500 mil y 800 mil pesos. 8
Además de la deuda que se tiene con la ciudadanía, el gobierno mexicano también tiene una gran deuda con el personal médico. Como consecuencia de la falta de material y suministros de protección durante el primer año de la pandemia, las y los médicos tuvieron que reutilizar mascarillas, cubrebocas y demás elementos para cubrir con sus tareas. Con base en el último informe de la Secretaría de Salud con corte en octubre del 2021 se registraron 4,517 defunciones oficiales de personal de salud, 9 lo cual posiciona a México entre los cinco países más letales durante la crisis sanitaria de COVID-19 para el personal médico y de salud, 10 según la OMS. Muchas de estas muertes son atribuibles a la falta de material proporcionado por el gobierno a los hospitales. 11
En tercer lugar, las facturas falsas y el desvío de recursos de los cuales han sido víctima las instituciones de salud han abonado mucho a esta percepción de corrupción. De acuerdo con un informe 12 realizado por Impunidad Cero y Justicia Justa de 2014, a principios del 2019 se emitieron 22,933 facturas falsas en el sistema de salud pública. Con ellas se desviaron 4 mil 179 millones de pesos en 30 de los 32 estados de la república, en los cuales participaron el IMSS y el ISSSTE. Hasta el momento no se han tomado medidas concretas para evitar dichos fraudes ni acciones legales en contra de los responsables.
Además de las facturas fantasmas, otro de los actos de corrupción más comunes a los cuales recurre el gobierno mexicano es comprar a sobrecostos a un número reducido de proveedores. De acuerdo con la organización PODER 13 entre 2008 y 2018, se han pagado 18.4 mil millones de pesos en sobrecostos de compras realizadas por parte del IMSS.
Aunado a lo anterior, el desvío de recursos que ha padecido el sistema de salud mexicano desde hace años también ha contribuido a la falta de acceso de los servicios de salud de las y los mexicanos. De acuerdo con Transparencia Internacional, 14 existe una clara relación entre el limitado acceso a los servicios de salud y el bienestar de las personas. Como resultado de la reducción de servicios por el desvío de fondos, hay menos capacidad para atender a la población usuaria y para pagar al personal de salud para atenderles.
Con base en su censo de 2020, el INEGI contabilizó que aún 33 millones de mexicanos no cuentan con derechohabiencia o acceso a algún servicio de salud, sea público o privado. 15 En 2021, el CONEVAL 16 compartió un informe en el cual recalca que la mayoría de las personas que no cuentan con ninguna afiliación a servicios de salud son las que se encuentran en el último decil de ingreso, sobre todo las que viven en áreas rurales y no cuentan con esos servicios cerca de su residencia. Esta falta de servicios tiene grandes repercusiones en los bolsillos de las personas para poder acceder a servicios de salud privados, 17 como lo son el pago del tratamiento, los medicamentos y transporte para poder acceder a estos. El IMCO en su informe “Pequeños pasos para transformar al sistema de salud” estima que una familia con un ingreso promedio de $10,608.75 mensuales tendría que endeudarse y/o perder todo su patrimonio para poder costear el gasto anual completo del tratamiento de diabetes en una institución privada. 18
Finalmente, la estrategia del actual gobierno para combatir el sobrecosto de medicamentos del sexenio pasado ha desembocado el mayor desabasto en la historia del país. Esto sucede en concreto para los medicamentos de enfermedades crónicas, como lo son cáncer, diabetes, hipertensión y VIH. De acuerdo con el colectivo Cero Desabasto, 19 entre febrero de 2019 y 2021 se recolectaron 7,996 reportes ciudadanos de desabasto de medicamentos.
Todavía no se ha resuelto el problema del desabasto de medicamentos y tampoco ha habido repercusiones legales contra las empresas acusadas por corrupción de medicamentos. La falta de acceso a medicamentos proporcionados por el gobierno, además de agravar las enfermedades, ha creado un impacto directo en el bolsillo de la población. De gastar en promedio $2,358 en el 2018, en 2020 este gasto se incrementó un 40%, con $3,299, 20 según un cálculo estimado por las organizaciones Cero Desabasto y Nosotrxs en su Informe de Transparencia en Salud 2017-2021. Esto representa 25.51% del salario promedio 21 para un profesional en México, mientras que para una persona con salario mínimo, alrededor del 33% de la población, con un ingreso promedio de $5,255, este gasto representa más de la mitad de su ingreso (62.77%) en medicamentos que debería proveer el gobierno. 22
La corrupción en México se ha vuelto una enfermedad que ha llegado a todos los espacios. Afecta el sistema de salud y deja a la deriva la vida de millones de mexicanos que luchan día a día por un espacio dentro de un hospital, por una prescripción de medicamento y, en general, por el derecho a vivir una vida sana. La corrupción en las instituciones de salud, que deberían ser lugares seguros para las mexicanas y mexicanos, hace que lidiar con su derecho a la salud se convierta en su peor pesadilla.