Javier Martínez
Bajo el argumento del combate a la corrupción, las fuerzas armadas han aumentado sus funciones, presupuesto y poder. A pesar de los riesgos que esto implica para el gobierno civil, la Encuesta MCCI - Reforma 2022 muestra que un amplio sector de la población considera que las instituciones castrenses son de las menos corruptas. Esto, sumado a la alta percepción de la corrupción de otras instituciones, ha propiciado un alto nivel de apoyo a las políticas de militarización. Sin embargo, este apoyo no parece influir en proyectos concretos como la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA).
El peligro de que los militares ejecuten golpes de Estado se ha reducido con el establecimiento de procesos de democratización y el desarrollo de mecanismos de control civil. Sin embargo, esto no significa que las relaciones cívico-militares estén consolidadas. Como advertía Casas Zamora, “[l]a mera ausencia de golpes de Estado no agota ni resuelve el problema de la influencia militar en los regímenes democráticos”.1 En particular, en México ha habido una creciente amenaza al control civil derivado de la disminución de los límites a las funciones de las fuerzas armadas.
La delegación de funciones civiles a los militares se ha visto como una solución sencilla y a distintos problemas públicos, pero se han ignorado los peligros. En particular, la administración actual ha argumentado que es una medida contra la corrupción. Incluso, el mismo secretario de Marina ha llegado a declarar que “México carece de servidores públicos honestos, por eso tenemos este problema de una alta corrupción”.2 Esto para justificar la creciente participación de las fuerzas armadas en tareas civiles.
De esta manera, se ha registrado una transferencia de las tareas civiles a la jurisdicción militar. De acuerdo con el Inventario Nacional de lo Militarizado, entre 2007 y 2021, el Ejército y la Marina acumularon 246 funciones que, pese a no estar relacionadas con la disciplina militar, les fueron asignadas. Entre éstas, destacan tareas de seguridad pública, obra, protección ambiental, política social, protección civil, migración, entre otras.3 En consecuencia, el presupuesto ejercido de las secretarías de Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar) ha aumentado 44% en términos reales entre 2013 y 2021. Incluso, si lo vemos como porcentaje del presupuesto federal, pasó del 2% al 2.7% en términos reales.
Ante esta situación, la Encuesta MCCI-Reforma 2022 muestra que las fuerzas armadas son percibidas como menos corruptas en comparación a otras instituciones. Como se puede observar en la siguiente gráfica, menos del 50% de las personas consideran que hay corrupción en la Marina y en el Ejército. Eso los coloca en el primer y tercer lugar de las instituciones con menor corrupción.
Adicionalmente, como se ha mencionado en pasadas investigaciones de MCCI, la Guardia Nacional está conformada en un 75% de elementos militares, la mayor parte del presupuesto ejercido para su funcionamiento está en Sedena, se pretende transferir su administración al Ejército y, en los hechos, ha sido administrada por los altos mandos militares.4 Por ello, también se puede considerar una institución militar o, al menos, militarizada. Eso podría explicar que sea la quinta institución con menor percepción de corrupción.
Además, los resultados históricos de la Encuesta MCCI - Reforma muestran que estos resultados han sido constantes a través del tiempo. Un cambio destacable es que la percepción de corrupción del Ejército disminuyó 7 puntos porcentuales entre 2019 y 2022. En consecuencia, la opinión con respecto a esta última institución se colocó por debajo de la registrada por la Guardia Nacional.
Una posible consecuencia de que se perciba a las instituciones castrenses significativamente menos corruptas en comparación a otros casos es que se considere que la participación de estas instituciones servirá para disminuir la corrupción. Por ejemplo, cuando se les pregunta a las personas cuál será el efecto de incorporar legalmente a la Guardia Nacional al Ejército, el 39% opina que servirá para reducir la corrupción, 20% que seguirá igual y 25% considera que aumentará.
Asimismo, cuando se pregunta sobre el efecto de la participación de las fuerzas armadas en la construcción de obras públicas, el 40% de los ciudadanos estima que ha servido para disminuir la corrupción, lo cual contrasta con el 18% de personas que opina que ha aumentado. No obstante, un porcentaje importante de personas —el 35%— opina que sigue igual.
Cabe destacar que el porcentaje de personas que considera que las mencionadas políticas de militarización reducen la corrupción —alrededor del 40%—es consistente con el 44% que opina que hay poco o nada de corrupción en el Ejército (44%). A partir de ello, puede plantearse la hipótesis de que la percepción de baja corrupción de las fuerzas armadas, probablemente impulsada por la opinión negativa de otras instituciones, es una causa del apoyo social a los procesos de militarización de las funciones civiles.
En contraste con el apoyo a la participación de los militares en la construcción de proyectos de infraestructura, el 53% consideró que hubo corrupción en la construcción del AIFA y 32% que no hubo. Por su parte, los resultados registrados en la construcción del Tren Maya y la Refinería de dos Bocas son iguales. Se esperaría que la percepción de la corrupción en el aeropuerto sea menor derivado de la participación del Ejército; sin embargo, no fue así.
En conclusión, la más reciente edición de la Encuesta MCCI-Reforma muestra que existe un apoyo importante a la militarización como método para reducir la corrupción. En parte, esto puede derivar de la baja percepción de corrupción de las instituciones militares, pero la evidencia actual no parece indicar que haga una diferencia en casos concretos como la construcción del AIFA, pero sí parece ser determinante en la percepción de la Guardia Nacional.
A pesar de tales resultados, hay que advertir los peligros de seguir esta dirección. Aunque este militarismo no amenaza la subordinación militar al gobierno civil en el corto plazo, sí puede ser un obstáculo para la consolidación de las instituciones democráticas. Hasta el momento se ha observado que bajo este pretexto las instituciones civiles han perdido capacidades, presupuesto y funciones. Peor aún, no hay rutas claras para contrarrestar este proceso si las instituciones democráticas son afectadas por las fuerzas armadas.
Como señala Rut Diamint, en este proceso “[l]as autoridades civiles se vuelven directa y dramáticamente dependientes de la milicia”.5