La corrupción en el sector salud, aún en tiempos ordinarios, causa pérdidas económicas y facilita la violación de derechos humanos. Con la propagación del coronavirus en México, calificada por el Consejo de Salubridad General como enfermedad grave, existe una alta probabilidad de que actos indebidos (como sobornos y compras públicas irregulares, o la opacidad en el tratamiento de información pública o de datos personales), se hagan presentes en medio de esta crisis. Por ello la ciudadanía debe llamar a la acción.
Como lo ha sostenido Transparencia Internacional,[1] la corrupción en el sector salud causa pérdidas mundiales por 500 mil millones de dólares cada año —más de lo que costaría implementar una cobertura de salud mundial. Si tales son los números en tiempos ordinarios, tenemos que dimensionar los abusos que pueden existir en periodos extraordinarios durante el tratamiento de una pandemia a nivel mundial.
En México, ante el reconocimiento de la epidemia por el virus SARS-COV2 —conocido también como “COVID-19” o “coronavirus”— como una enfermedad grave de atención prioritaria, han sido implementadas ciertas acciones por parte del gobierno federal y los gobiernos locales, como lo fue la instalación del Consejo de Salubridad General el pasado 19 de marzo.[2] Éste es el órgano que ha empezado a dictar medidas generales y obligatorias para todo el país.[3]
El tratamiento de una epidemia, sin embargo, no autoriza a la creación de un estado de excepción en el que dejen de cumplirse las normas y principios básicos, como el de legalidad. Aunque conforme a la Constitución mexicana[4] el presidente, con la aprobación del Congreso y la revisión de la Suprema Corte, puede restringir o suspender el ejercicio de ciertos derechos y garantías constitucionales, ello no implica que el Estado Mexicano pueda dejar de rendir cuentas a la ciudadanía.
En una situación de crisis como la que ha generado el coronavirus en México, es indispensable que los gobiernos informen a los ciudadanos sobre las medidas que se están tomando y las razones para hacerlo. Evitar contradicciones entre declaraciones de uno u otro funcionario, por ejemplo, es un acto de responsabilidad política y administrativa, que coadyuva al mejor tratamiento de la crisis. Es además muy importante que las autoridades supervisen, con mayor atención, las compras públicas que deben hacerse con motivo de las medidas destinadas a combatir esta epidemia.
De manera particular, deben atenderse con mucha atención, rapidez y diligencia las denuncias presentadas por personas que sean víctimas de actos de corrupción con motivo de la detección y tratamiento del coronavirus: sobornos, prestación de servicios médicos a cambio de actos sexuales, tráfico de influencias, entre otros.
Las preguntas que tienen que hacerse, en un momento como el que vivimos actualmente, requieren un mayor conocimiento sobre el protocolo de actuación que deben seguir las autoridades sanitarias al atender un caso confirmado o sospechoso de coronavirus. ¿Qué procedimientos deben seguir los médicos? ¿En qué áreas del hospital debe darse la atención y tratamiento de la enfermedad? ¿Cuál es la prueba clínica que debe aplicarse al paciente, y cuáles son sus costos, tiempos y denominación? Al día de hoy, existe poca claridad en la información pública al respecto.
También debemos cuestionar si las instituciones del sector salud a nivel nacional y local están adquiriendo el material necesario para la debida atención del COVID-19, tales como respiradores, camas, reanimadores, jabón, mascarillas, guantes, etcétera. De manera particular, el Estado debe dar a conocer con transparencia cuáles son las empresas vendedoras del material y equipo necesarios, y cuáles son los costos, calidad y procedimientos a través de los cuales se están efectuando esas compras.
Sería reprochable a los gobiernos que efectuaran adquisiciones de manera opaca y con precios inflados o excesivos; de manera similar a lo sucedido a inicios de 2019 con motivo de la atención del “huachicol” y la compra por adjudicación directa de 671 pipas por un valor de 92 millones de dólares.
Ante las preocupaciones y preguntas que genera la situación del coronavirus, la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción —parte de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey— y la organización civil Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano (DLM) —que promueve la rendición de cuentas, con una perspectiva de derechos humanos— desarrollaron la plataforma #DenunciaCorrupcionCoronavirus. A través de esa herramienta, las y los ciudadanos mexicanos, así como las personas extranjeras —víctimas o familiares de éstas— podrán denunciar actos de corrupción en la atención, tratamiento y detección del coronavirus, además de que podrán reportar las fallas operativas más importantes que han experimentado. Con ello, se pretende exigir que sean sancionadas las personas responsables y, a partir de la generación de una estadística sobre las necesidades existentes en hospitales y centros médicos, proponer alternativas para un mejor manejo de la crisis de salud, que no replique las desigualdades sociales y económicas que tiene México.
En tiempos de una tragedia sanitaria, como la que gobiernos y medios de comunicación han reportado con más alarma este último mes, pareciera no ser importante la denuncia de actos de corrupción, la revisión de las compras gubernamentales y la exposición pública sobre los procedimientos y protocolos a seguir. Sin embargo, la recuperación de la crisis económica, de salud, emocional y de confianza, dependerá en buena medida de la contención y control de actos irregulares.
María de los Ángeles Estrada
Directora Ejecutiva de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey. Síguela en @AngEstrada5.
Carlos G. Guerrero Orozco
Presidente de Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano, A.C. Síguelo en @CarlosGuerreroO.
[1] TRANSPARENCY INTERNATIONAL. “The ignored pandemic. How corruption in healthcare service delivery threatens Universal Health Coverage”. Marzo de 2019, disponible en http://ti-health.org/wp-content/uploads/2019/03/IgnoredPandemic-WEB-v3.pdf.
[2] En voz de críticos como el ex ministro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío Díaz, la instalación del Consejo de Salubridad General se llevó a cabo de forma tardía. Ver. COSSÍO Díaz, José Ramón. “Connotaciones del coronavirus”. El País, 17 de marzo de 2020, disponible en https://elpais.com/elpais/2020/03/17/opinion/1584401938_022605.html
[3] Véase el Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia», disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020
[4] Véase el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala textualmente lo siguiente: “En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde. (…)”
