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La agenda anticorrupción no fue una prioridad en el sexenio de López Obrador:

Una investigación de Mexiro documentó que 88% de los Sistemas Anticorrupción no cuentan con al menos una designación.

El gobierno de Claudia Sheinbaum inicia solamente con el 12% de designaciones completas de las instituciones que previenen, detectan, investigan y sancionan faltas administrativas y hechos de corrupción. El Gobierno de López Obrador desarticuló los Sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción en complicidad con el Senado y los Congresos Estatales: 88% de los Sistemas Anticorrupción de México no cuentan con todas las designaciones necesarias.

La corrupción lejos de ser un problema resuelto, como lo declaró el ahora exmandatario Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias matutinas, es un problema que agrava la violación a los Derechos Humanos. La falta de designaciones, así como las reformas aprobadas en los últimos días de su gobierno, son una muestra del nivel de autoritarismo del gobierno de la cuarta transformación, que ha dinamitado los mecanismos democráticos, para tener un control político sobre ellos. 

Los Sistemas Anticorrupción son una instancia de coordinación entre diversas instituciones y órganos colegiados que tienen como finalidad la prevención, investigación, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos. Para que puedan funcionar adecuadamente, es necesario que estén todas las personas necesarias. Por ello, la falta de designaciones ha mermado su operación durante el gobierno de la cuarta transformación. Muestra de ello es el seguimiento trimestral que hemos realizado a través del Proyecto CO+MÚN: Observatorio Anticorrupción de México. En el primer trimestre de 2024, denunciamos que 76% de los Sistemas tenían pendiente al menos una designación.

Al segundo trimestre de 2024, los poderes legislativos no realizaron ningún nombramiento y esa cifra se mantuvo. En el último trimestre del gobierno de López Obrador terminó con 29 de los 33 Sistemas sin por lo menos una designación; esto representa 88% del total. Tomando en consideración la afirmación de López Obrador de haber resuelto el problema de la corrupción, la desarticulación de los Sistemas resulta alarmante e intolerable. 

A continuación desglosamos las designaciones pendientes en las instancias que componen a los Sistemas: las Comisiones de Selección (CS), los Comités de Participación Ciudadana (CPC), las Secretarías Ejecutivas (SE), las Comisiones Ejecutivas (CE), las Fiscalías Anticorrupción (FA), los órganos garantes de transparencia, las magistraturas administrativas de salas regionales y tribunales estatales.

  1. Comisiones de Selección (CS)

Las Comisiones de Selección son las instancias encargadas de nombrar a las personas integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Están  integradas por nueve personas, designadas por el congreso del estado en el caso de los Sistemas Estatales y por el Senado en el caso Nacional.

A la fecha, 23 de las 33 Comisiones de Selección de los Sistemas Anticorrupción (69.69%) se encuentran incompletas. Las entidades en esta situación son: Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Sistema Nacional Anticorrupción. 

Específicamente, en 17 estados y a nivel nacional no hay ningún integrante nombrado. Los estados son: Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz.

Además, resaltamos que:

  1. El Sistema de Tlaxcala no contempla en su normativa a la Comisión de Selección. El Congreso es quien lleva directamente las designaciones de los CPC, sin embargo, no se han realizado las designaciones correspondientes desde julio de 2023.
  1. En Colima el Congreso lleva 3 años y 9 meses sin realizar el proceso de designación.
  1. En el Sistema de Tamaulipas, la legislatura saliente realizó la convocatoria, pero postergó la etapa de entrevistas hasta próximo aviso.
  1. El Congreso de Oaxaca eliminó los decretos con los que se creó la Comisión de Selección.
  1. En Chiapas, la Comisión de Vigilancia y Anticorrupción del Congreso declaró desierto el procedimiento. Iniciarán de nueva cuenta los trabajos para elegir a quienes ocuparán las vacantes de la Comisión de Selección.
  1. Comité de Participación Ciudadana (CPC)

Los CPC se encuentran integrados por cinco personas, quienes se hayan destacado por su contribución en materia de anticorrupción, transparencia o rendición de cuentas. El Comité tiene como función emitir propuestas y opiniones sobre la Política Nacional o Estatal Anticorrupción, además de vincular y coordinar acciones con la sociedad civil y emitir medidas anticorrupción.

Actualmente, el 70% de los CPC no se encuentran completos, es decir, 23 de los 33 Sistemas. De estos, nueve —Colima, Ciudad de México, Guerrero, Querétaro, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Sonora y Veracruz— no cuentan con ningún integrante. En el resto:

  • Tlaxcala tiene cuatro designaciones pendientes. 
  • Campeche, Michoacán y Nayarit tienen tres designaciones pendientes.
  • Hidalgo tiene dos designaciones pendientes.
  • Una designación pendiente: Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Zacatecas y el Sistema Nacional Anticorrupción. 

Asimismo, existen casos que merecen una mención particular:

  • Guanajuato, Jalisco, Puebla y Sinaloa ya tienen convocatorias que finalizarán con sus designaciones en octubre de 2024. 
  • En el Sistema de Morelos, dado que el CPC se quedó sin ningún integrante, se aprobó que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción asuma temporalmente la titularidad del Comité Coordinador y del Órgano de Gobierno de esta instancia.
  • El Congreso Estatal de Oaxaca a través de una reforma Constitucional, eliminó el decreto mediante el cual se creó el CPC local. 
  • La presidenta del CPC de Hidalgo renunció en agosto de 2024 por presiones del gobierno estatal.
  • La presidenta del CPC de Tamaulipas finaliza su cargo el 4 de octubre de 2024, por lo que es urgente que el Congreso Estatal finalice el proceso de designación de la Comisión de Selección, para que puedan iniciar la convocatoria para completar el CPC. 
  • En San Luis Potosí, Juan Ramón Infante Guerrero, padre de una de las víctimas mortales del antro «Rich«, que sucedió en la Plaza Alttus el pasado 7 de junio, presentó su renuncia como primer miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Aseguró que han sucedido múltiples actos de corrupción que se suscitan dentro del Sistema Estatal Anticorrupción y varios organismos.

La falta de estos nombramientos no sólo debilita el funcionamiento de los Sistemas, desde el Comité Coordinador hasta la Comisión Ejecutiva, sino que restringe el derecho de la sociedad a participar en la agenda anticorrupción y restringe el diseño, propuestas y seguimiento de política pública en la materia.

  1. Secretarías Ejecutivas o Técnicas (SE)

Las Secretarías Ejecutivas o Técnicas se encargan de formular propuestas, metodologías e indicadores para medir la corrupción, así como para gestionar y ejecutar los acuerdos del Comité Coordinador; además puede proponer políticas públicas. Es un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y con autonomía técnica. El órgano de gobierno es el responsable de nombrar a la persona titular de esta secretaría.

Al tercer trimestre del año, ocho Secretarías Ejecutivas no cuentan con titulares, es decir, 24%. Las entidades en esta situación son: Baja California, Ciudad de México, Colima, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Sonora.  

De estos, destacamos tres Sistemas que cuentan con la figura de Encargados de Despacho o de suplencia ocupando la titularidad, estos son Baja California, Nuevo León y Sonora. En el caso de Puebla ya existe una convocatoria para la designación de la persona titular de la Secretaría Técnica. 

  1. Comisiones Ejecutivas (CE)

Las Comisiones Ejecutivas (CE) se presiden por la persona titular de las Secretarías Ejecutivas y se integran de  cuatro miembros del CPC, excepto por quien ocupe el cargo de la presidencia. Para que puedan operar, estas deben de contar con al menos dos integrantes CPC y la persona titular de la Secretaría Ejecutiva. Estas Comisiones formulan propuestas para aprobación del Comité Coordinador en materia de prevención, control, disuasión de hechos de corrupción, entre otras.

A la fecha, en 39% de los estados esta figura se encuentra inoperante; es decir, en 13 Sistemas. Estos son: Ciudad de México, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Querétaro, Sonora y Veracruz.

  1. Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción o  Fiscalía Anticorrupción (FA)

La Fiscalía Anticorrupción (FA) es una oficina que depende de la Fiscalía General del Estado o de la República, la cual tiene como facultad investigar, sancionar y perseguir las conductas consideradas como hechos de corrupción de personas servidoras públicas y particulares. 

Al tercer trimestre del año, 6% de los Sistemas Anticorrupción no cuentan con una persona titular de la Fiscalía Anticorrupción; estos sistemas cuentan con encargados de despacho. Se trata de Coahuila y Guerrero.

Aunado a ello, es de llamar la atención que:

  • Entre el 18 y el 22 de septiembre se registraron 12 aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila, ante el Congreso del Estado, 4 mujeres y 8 hombres. El 8 de octubre finaliza la designación.
  • El 2 de mayo, el Fiscal General de San Luis Potosí renunció y el Congreso estatal intentó realizar un nombramiento por siete años, en lugar de hacerlo por los cinco meses que hacían falta para concluir su periodo, violando la constitución estatal.
  • En Quintana Roo, el periodo del Fiscal Anticorrupción concluye en septiembre, por lo que le corresponderá a la siguiente Legislatura llevar a cabo el proceso de restitución. 
  1. Institutos de transparencia y acceso a la información, magistraturas administrativas de salas regionales y tribunales estatales

Desde el ámbito local, es importante alertar sobre las designaciones pendientes del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP) y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima (INFOCOL). 

En el caso del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno de Oaxaca (OGAIPO), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la designación de las nuevas personas comisionadas. Esta resolución implica que los actuales nombramientos no tienen validez jurídica, como  resultado de una acción de inconstitucionalidad promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el ya desaparecido Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca (IAIP).

Por otro lado, resulta lamentable que hayan pasado 552 días sin que el Senado cumpla con su responsabilidad de realizar los nombramientos pendientes de las tres personas comisionadas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Además de ello, la propuesta del expresidente López Obrador busca la desaparición de su autonomía y que la garantía de nuestros derechos de acceso a la información y protección de datos personales pase a manos del Poder Ejecutivo.  

El extitular del poder ejecutivo había mostrado desinterés en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), al no haber enviado al Senado de la República sus propuestas de personas magistradas para cubrir las vacantes. Hasta el 2023, llegaron a ser 71 magistraturas pendientes de designación.

No obstante, en julio de 2024 la Comisión Permanente del Congreso Federal avaló 25 nombramientos de magistrados de salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, presentadas por López Obrador. Lamentablemente, entre las designaciones se encuentran personas cercanas al gobierno de Morena, como Beatriz Salgado Hernández, directora de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de Educación para los Adultos, María Orley Ortiz, asesora jurídica de la oficina del secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán y Susana Mercado, excoordinadora de asesores de Morena en la Cámara de Diputados.

Distintas organizaciones sociales, colectivos, instituciones académicas e incluso integrantes de los Sistemas Anticorrupción rechazamos la parálisis en los sistemas anticorrupción en las entidades federativas, gracias a sus poderes legislativos.

El 1 de octubre entró el Gobierno de Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de México. En sus 100 compromisos, destacó en el Zócalo capitalino que su administración será “un gobierno honesto, honrado, sin influyentismo, ni nepotismo, corrupción o impunidad”. También confirmó que la Secretaría de la Función Pública se convertirá en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. 

Sin duda, el tema de las designaciones anticorrupción es uno de los temas que buscamos que existan cambios en este nuevo sexenio para que las instituciones y órganos colegiados de las instancias que investigan, previenen, detectan, sancionan y reparan actos de corrupción no se encuentren acéfalas. Esperemos que el gobierno actual tome con seriedad este problema.

Todas las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de las autoras o los autores y no representan la postura de Nexos o de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

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