No es posible corregir lo que no se reconoce como un problema o si no se conocen bien sus dimensiones. A partir de esta simple premisa, diferentes comunidades de especialistas promovieron por años, incluso décadas, que el gobierno generara información pública útil, la transparentara y la actualizara constantemente. Esta información permitió discutir y evaluar de mejor manera la política pública, así como establecer criterios técnicos para evaluar sus resultados y exigir al gobierno que rinda cuentas.
En los últimos ocho años, la infraestructura institucional que permite producir, preservar, evaluar y transparentar esta información enfrentó un acelerado deterioro.
Este reporte es resultado de un esfuerzo de colaboración entre Signos Vitales y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) a partir de una convicción compartida: el acceso a información pública confiable, independiente y oportuna es uno de los pilares de la democracia. Ambas organizaciones desarrollaron una investigación que combina el análisis institucional, el análisis de la información oficial, la revisión documental y la sistematización de evidencia proveniente de diversas fuentes nacionales e internacionales.
La información pública es un insumo insustituible de la rendición de cuentas. Permite contrastar lo que el gobierno dice con lo que sucede en la realidad. Conocer cómo gasta con precisión, qué prioridades tiene, cuál es el impacto de sus políticas en diferentes territorios, grupos sociales o momentos. El deterioro de esta información ocurre porque el gobierno deja de generar esta información, reduce las capacidades técnicas de las oficinas responsables o de plano desaparece instituciones completas que tenían este encargo. La disminución de información independiente y verificable para contrastar la versión gubernamental reduce la capacidad de exigir cuentas.
Una democracia requiere de instituciones capaces de producir evidencia independiente, mecanismos que permitan verificar el desempeño gubernamental y ciudadanos con acceso a información suficiente para comprender la realidad, exigir resultados y participar de manera informada en los asuntos públicos. La evidencia indica que, cuando estos elementos se debilitan, no solamente se reduce la transparencia; de igual forma disminuye la capacidad para identificar problemas, corregir políticas públicas y construir soluciones con base en evidencia.
El reporte analizó seis casos que muestran distintas formas de deterioro de la infraestructura pública de información y evaluación:
- El INEGI enfrenta una creciente presión presupuestal. Entre 2019 y 2025 su presupuesto aumentó apenas 3.7% en términos reales, mientras que sus responsabilidades crecieron, entre otras razones, por la absorción de funciones que anteriormente realizaba el Coneval. El riesgo para el Instituto es que una mayor carga sin financiamientos equivalentes limite su capacidad de generar, validar e innovar en información estadística.
- La Auditoría Superior de la Federación recupera menos recursos. El número de observaciones realizadas aumentó de 1.348 en 2019 a 2,220 en 2025. Sin embargo, pasó de recuperar 68 mil millones de pesos en la gestión previa de la Auditoría a poco más de 12 mil millones en la que recientemente terminó. Este contraste muestra que una mayor fiscalización no se traduce en una mejor detección de inconsistencias o irregularidades.
- El INAI desapareció formalmente en 2025 dispersando la responsabilidad de hacer efectivo el derecho de acceso a la información en cientos de autoridades a nivel nacional. Este proceso debilitó un modelo en el que una autoridad autónoma podía hacer valer el derecho de acceso a la información pública por parte de la población. Además, llevó al debilitamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia. Entre marzo y diciembre de 2025, el número de quejas recibidas por ciudadanos inconformes se redujo a prácticamente la mitad de las reportadas para el mismo periodo de 2024.
- Mejoredu sustituyó al INEE en 2019, pero desapareció en mayo de 2025. Estas transformaciones interrumpieron la continuidad de evaluaciones educativas; lo que puso en riesgo investigaciones, herramientas y series históricas construidas durante aproximadamente dos décadas. Sin información comparable a través del tiempo se vuelve mucho más difícil saber si una política educativa produce mejores o peores resultados.
- Coneval desapareció en 2025 y el INEGI asumió la medición de la pobreza. Sin embargo, Coneval no sólo medía la pobreza, también evaluaba de manera independiente los programas y políticas de desarrollo social. La desaparición del organismo deja sin un equivalente claro la evaluación externa de programas sociales y, además, genera preocupaciones sobre la continuidad metodológica y la comparabilidad histórica de las mediciones de pobreza.
- El sitio datos.gob.mx pasó de 12,570 bases de datos en 2023 a 6,920 en 2026 Esto representa una reducción de 45%. Además, bases rezagadas dejaron de formar parte del universo disponible. El caso muestra que mantener una plataforma en línea no garantiza por sí mismo una política efectiva de datos abiertos. La información debe permanecer disponible, actualizada, comparable y útil..
La desaparición de instituciones o la reducción de información no es el único problema que enfrenta la arquitectura de la información pública. Otro reto es la pérdida de consistencia, trazabilidad y comparabilidad de los datos aún existentes. En el ámbito económico y energético, por ejemplo, existen dificultades para reconciliar información sobre importaciones, consumo, producción y mercados ilegales. Problemas similares aparecen en ámbitos como el registro de personas desaparecidas o el acceso efectivo a servicios de salud.
En contraste con este deterioro de las herramientas que permiten a la ciudadanía conocer y evaluar al gobierno, el Estado ha ampliado sus capacidades para recopilar, concentrar e integrar información sobre las personas. Las nuevas disposiciones en materia de seguridad e inteligencia permiten integrar registros fiscales, patrimoniales, criminales y administrativos, además de datos vinculados con la identidad de los ciudadanos, en plataformas interoperables.
La vigilancia gubernamental no comenzó en 2026. Sin embargo, sus capacidades se han incrementado. Entre 2019 y 2025, las intervenciones de comunicaciones privadas crecieron 52.9%; los requerimientos de información a compañías telefónicas aumentaron 91.3% y las órdenes concedidas para acceder a información de usuarios crecieron 133.2%. Al mismo tiempo, persisten debilidades en la protección de los datos que concentra el Estado: entre 2022 y 2025 se identificaron al menos 16 incidentes críticos de ciberseguridad. Un claro ejemplo es el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional, que expuso alrededor de 6 terabytes de información.
Las instituciones que producen información pública, evalúan programas, fiscalizan recursos o garantizan el acceso a los datos gubernamentales constituyen parte esencial de la infraestructura democrática de cualquier país. Su fortaleza no beneficia únicamente a especialistas o centros de investigación; su impacto llega a toda la sociedad, generando un entorno de mayor certidumbre para los ciudadanos, los gobiernos, el sector privado, la academia y las organizaciones civiles.
Este reporte no busca únicamente documentar un proceso de deterioro, sino aportar elementos que permitan comprender su alcance, estimular la discusión pública. La intención es enfatizar que la información independiente constituye un bien público indispensable para preservar la transparencia, fortalecer la rendición de cuentas y consolidar una democracia capaz de aprender de sí misma y responder eficazmente a los desafíos del país.
Consulta y descarga aquí el reporte completo:
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