Se piensa que no hay mejor instrumento democrático que las consultas populares o las consultas públicas. No siempre lo son. En los llamados autoritarismos electorales ambas figuras sirven, las más de las veces, sólo como instrumentos legitimadores.
López Obrador llevó a cabo seis consultas. Algunas formales y otras de pura simulación: el Aeropuerto de Texcoco, sin representatividad nacional y con una participación de apenas el 1.2% del padrón electoral; otra, para respaldar sus programas prioritarios y obras emblemáticas donde el gobierno presumió 90% de aprobación, pero sólo votó 1% del padrón.
La tercera fue para confirmar la construcción de una hidroeléctrica en Yecapixtla, Morelos. Entre protestas de fraude, el proyecto fue aprobado. La cuarta fue un ejercicio en Mexicali para consultar sobre la instalación de una planta cervecera. De 36 mil participantes, 76% confirmó la cancelación que el gobierno quería.
Después vino la muy controvertida consulta popular para ver si la ciudadanía estaba de acuerdo en juzgar a los políticos del pasado. No fue vinculante pues sólo votó el 7.7% del padrón.
Finalmente, en 2022 se sometió a consulta la revocación del mandato del titular del Ejecutivo por pérdida de confianza. El gobierno presumió que 97% “aprobó” su permanencia, pero no que sólo participó 17.7% del listado nominal.
Ya con Sheinbaum, la Reforma al Poder Judicial se sometió a un limitado parlamento abierto. El ejercicio fue fallido y la iniciativa fue aprobada casi sin que “se le moviera una coma”. Pura simulación.
Ahora tocó el turno a los famosos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias.
De inicio el proyecto recibió un rechazo generalizado de parte de expertos, empresarios de la radio y la televisión, así como de los analistas en general. Tanto que se le comenzó a denominar «ley censura». Los argumentos esgrimidos en contra de los lineamientos fueron, en resumidas cuentas, tres: la facultad del gobierno para decidir qué constituye información falsa o descontextualizada; cómo garantizar la distinción entre noticia y opinión sin invadir la línea editorial de los medios; y la imposición de sanciones y multas exorbitantes, a criterio de un órgano dependiente del Ejecutivo y sin recurso para defenderse.
Ante las críticas, la presidenta anunció que se llevaría a cabo una consulta pública sobre los Lineamientos en la que podrían participar las audiencias, concesionarios, academia, organizaciones civiles y la ciudadanía en general.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones abrió una página para que cualquier interesado pudiera opinar escribiendo un comentario o agregando un documento. Al navegar el sitio es imposible saber cuál fue la opinión mayoritaria. No hay buscador, ni filtros, ni ninguna forma de agregarlos. La Unidad de Investigación Aplicada de MCCI capturó y procesó los 8,889 comentarios de los participantes.
El resultado no admite matices: 82.2% de los comentarios fueron en contra y apenas 9.7% a favor. Un 6.1% ofreció una posición matizada y 2% no tomó postura.
Dos de cada tres comentarios (66%) dijeron alguna versión de lo mismo: que esto es censura aunque el texto de los Lineamientos nunca use la palabra. «Solo veo una clara intención de creación de una herramienta de censura», escribió alguien. «Es censura disfrazada», escribió otro y así sucesivamente.
La segunda opinión más extendida aparece en primera persona en uno de cada tres comentarios (34.2%): nadie pidió que lo protegieran. «Tenemos el derecho de decidir nosotros mismos», resumió alguien.
La tercera preocupación (24.6%) se formula casi siempre como pregunta: ¿por qué el Estado debe decidir qué es la verdad?
El siguiente grupo de opiniones (14.8%) cuestionó que la CRT fuera una dependencia sin autonomía del gobierno, que la autoridad fuera juez y parte. Por último, 11.5% de los comentarios criticaron que estas obligaciones recaigan sobre los concesionarios y no sobre la comunicación del propio Estado: «El gobierno miente y nadie lo evalúa» es una crítica que se repitió en 1,026 comentarios.
Hubo 271 participaciones en las que se adjuntaron documentos. En total se presentaron 2,523 páginas entre las que destacan 48 pronunciamientos firmados por diversas organizaciones de la sociedad civil, universidades, colegios de profesionistas, cámaras industriales y medios de comunicación. El documento más completo fue el presentado por Artículo 19, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico y Perteneces A.C., firmado por decenas de organizaciones y en el que incluso se proponen los articulados y mecanismos para hacer creíble que la intención de los lineamientos no es censurar ni controlar.
Está por verse si el gobierno considerará la opinión de aquellos que se tomaron el tiempo de participar e incluso de proponer soluciones con la esperanza de ser escuchados.
En caso contrario lo que quedará claro es que este gobierno, al igual que el anterior, sólo se escucha a sí mismo. Que la democracia para ellos no incluye ni el diálogo, ni la negociación ni la posibilidad de enmendar las políticas públicas.
