Hoy, en el Día Internacional contra la Corrupción, es necesario hacer un corte de caja y reconocer la realidad que enfrentamos. México no está avanzando. Los principales indicadores nacionales e internacionales de corrupción, Estado de derecho y justicia muestran un deterioro sostenido, lo mismo si se trata de los datos del INEGI que los del Proyecto Mundial de Justicia. No se trata de opiniones. Son mediciones serias que retratan un país donde las instituciones se debilitan y la impunidad crece.
Pero más allá de los índices y las estadísticas, están los hechos. En los últimos años han salido a la luz los casos de corrupción más grandes y complejos de los que tengamos registro. El huachicol fiscal, las enormes redes de empresas fantasma y factureras, así como las evidencias de vínculos entre el crimen organizado y distintos actores políticos, revelan que no estamos ante incidentes aislados. Estamos frente a un fenómeno estructural que atraviesa al Estado, a la economía y a la vida pública.
Tan solo por tomar el caso del huachicol fiscal, las estimaciones señalan que las pérdidas pudieron llegar hasta 600 mil millones de pesos. Eso implica que, durante los últimos 7 años, esas redes de corrupción se apropiaron, solo por este esquema, de 277 millones de pesos cada día u 11 millones cada hora. Con esos recursos podría cubrirse el presupuesto de la Secretaría de Salud por más de una década. En los casi 10 años que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad lleva existiendo, no habíamos visto un esquema de semejantes dimensiones.
Es indispensable decirlo sin rodeos: ningún gobierno puede combatir la corrupción si comienza por negarla. Ya sabemos a dónde lleva la negación. Descalificar a quienes la señalan, minimizar los escándalos, proteger a los responsables o simplemente voltear hacia otro lado agrava un problema que no se resuelve solo.
Desde MCCI lo hemos dicho siempre: la sociedad civil no es adversaria del Estado. El trabajo periodístico, académico y de investigación que realizamos nosotros y muchas otras organizaciones podría ser aprovechado por las autoridades para desmantelar redes y mecanismos de corrupción, en lugar de ser una excusa para atacarnos. Nuestra labor no es ser opositores, solo es presentar evidencias y hablarle con la verdad al poder.
Lo que buscamos son instituciones fuertes, completas y capaces de operar sin interferencias. Fortalecer a las dependencias encargadas de combatir la corrupción es imperativo. Requerimos un sistema que funcione, que investigue, que sancione y que prevenga. Debemos detener la normalización de la corrupción y la impunidad. Es intolerable que hoy 93 de cada 100 delitos de los que son víctimas los mexicanos no sean investigados por las autoridades; eso que se conoce como la cifra negra y que sigue creciendo.
Necesitamos que quienes gobiernan entiendan que este no es un asunto de colores partidistas ni de ideologías: es un asunto de Estado. La crisis de violencia, los problemas de desabasto de medicamentos, el aumento de carencias de salud, el débil crecimiento económico y tantos otros problemas públicos que hoy vivimos, se agravan como consecuencia de la corrupción y la inacción frente a ella.
México merece instituciones que funcionen, procesos transparentes y autoridades que rindan cuentas. Instituciones capaces de resistir presiones y cumplir su mandato, no espacios para ser ocupados con leales, para aplicar la ley a modo o para vendettas políticas. Exige transparencia como principio, no como concesión.
Sí, nosotros denunciamos la corrupción y exigimos resultados. Pero también queremos colaborar y tener la oportunidad de que nuestras propuestas sean escuchadas. Si realmente la sociedad y las autoridades estamos comprometidos con un México sin corrupción, este día debería servirnos para marcar el inicio de algo distinto. No con declaraciones, sino con decisiones. No con discursos, sino con hechos.
Ese es el llamado que hacemos hoy. Y esa es, también, la responsabilidad que compartimos.
Statement on International Anti-Corruption Day
Mexicans Against Corruption and Impunity (MCCI)
English version
Today, on International Anti-Corruption Day, we need to take a pause and acknowledge the reality we face. Mexico is not moving forward. The main national and international indicators on corruption, rule of law, and justice show a sustained deterioration—whether we look at INEGI’s data or at the World Justice Project. These are not opinions. They are serious measurements that portray a country where institutions are weakening and impunity is growing.
But beyond indexes and statistics, there are the facts. In recent years, the largest and most complex corruption schemes on record have come to light. Tax fraud in fuel importation (huachicol fiscal), vast networks of shell companies, as well as documented links between organized crime and various political actors, reveal that these are not isolated incidents. We are facing a structural phenomenon that cuts across the State, the economy, and public life.
To take just one example: fiscal fuel fraud. Estimates indicate that losses may have reached up to 600 billion pesos (33 billion USD). That means that over the last seven years, these corruption networks seized—through this scheme alone—277 million pesos per day, or 11 million per hour. With those resources, Mexico’s Health Ministry budget could be covered for more than a decade. In the nearly 10 years since Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad has existed, we had never seen a scheme of this scale.
It must be said plainly: no government can fight corruption if it begins by denying it. We already know where denial leads. Discrediting those who expose corruption, downplaying scandals, protecting those responsible, or simply looking the other way only worsens a problem that will not resolve itself.
At MCCI we have always been clear: civil society is not an adversary of the State. The journalistic, academic, and investigative work we—and many other organizations—carry out could be used by authorities to dismantle corruption networks and mechanisms, rather than as an excuse to attack us. Our role is not to be an opposition to the government; it is to present evidence and speak truth to power.
What we seek are strong institutions—fully equipped and able to operate without interference. Strengthening the agencies responsible for combating corruption is essential. We need a system that works, that investigates, that sanctions, and that prevents. We must stop the normalization of corruption and impunity. It is intolerable that today 93 out of every 100 crimes suffered by people in Mexico are not investigated by authorities—what is known as the “cifra negra” and continues growing.
We need that the people in the government understand that this is not about political parties or ideologies: it is a matter of State. The crisis of violence, medicine shortages, rising healthcare deficiencies, weak economic growth, and so many other public problems we face today are all made worse by corruption and by inaction in the face of it.
Mexico deserves institutions that work, transparent processes, and authorities that are held accountable. Institutions capable of resisting pressure and fulfilling their mandate—not spaces to be filled with loyalists, to bend the law, or to pursue political vendettas. It demands transparency as a principle, not as a concession.
Yes, we denounce corruption and demand results. But we also want to collaborate and have our proposals heard. If society and authorities are truly committed to having a country free of corruption, today should mark the beginning of something different. Not with statements, but with decisions. Not with speeches, but with action.
That is the call we make today. And that is also the responsibility we all share.
