México es uno de los países con mayor producción minera del mundo, es el segundo mayor productor de plata (después de Perú) y uno de los diez países con mayor producción de oro, cobre, plomo y zinc, entre otros minerales.[1] Este sector, a pesar de redituable, implica una violenta instrumentación que debe ser siempre acompañada de una minuciosa regulación. En nuestro país dicha industria está regulada por una serie de instrumentos de política ambiental. Quizá el mejor ejemplo de estos es la Convención de Ramsar.[2] Al igual que otros 170 países, México forma parte de esta convención que establece la conservación, gestión y uso racional de los humedales considerados de importancia internacional. Desafortunadamente, y al igual que en muchas otras áreas, la corrupción ha eclipsado la regulación, colocando por delante a muchas empresas de la industria minera. Inevitablemente, dichas acciones han puesto en jaque la conservación de nuestros ecosistemas. Este fenómeno es quizá desconocido para la mayoría de la población; sin embargo, en este artículo serán esbozadas cuatro interrogantes para lograr entender la corrupción que rodea al sector minero mexicano.
Según el Servicio Geológico Mexicano, 73 de los principales proyectos mineros se sitúan al interior de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y sitios Ramsar (México cuenta con 142). Esta industria es una de las actividades que mayor impacto tiene sobre el medio ambiente pues implica la devastación de la diversidad tanto de las plantas como de los animales en la zona minera. Esto, a su vez, afecta la calidad del agua y promueve la liberación de partículas y emisiones tóxicas en la atmósfera que inevitablemente perjudican a las comunidades que viven en la periferia de las zonas mineras. Lo anterior da pie a la primera interrogante:
¿Por qué la Secretaría de Economía otorga este tipo de concesiones a pesar de los pactos medioambientales de carácter internacional?
Se pensaría en consecuencia que el desacato a este convenio internacional se haría por las importantísimas contribuciones a las Finanzas Públicas. No obstante, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la minería representó aparentemente tan solo el 1% de los ingresos fiscales en el periodo 2010-2014 y en el 2017, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La recaudación neta proveniente de ésta correspondió al 0.35% de los ingresos del gobierno federal. Lo anterior es consecuencia de situaciones de falta de transparencia tales como la evasión fiscal, los privilegios fiscales injustificados y la ausencia de políticas progresistas.
Además de los impuestos que toda minera debe retribuir, existe el pago de derechos y contribuciones, 77.5% del cual debe por ley destinarse al Fondo Minero. Este fideicomiso debe a su vez contribuir con el 62.5% de sus recursos a los municipios en los que la minera opera y el restante 37.5% destinarlo a la entidad federativa correspondiente. Dicho fondo se creó con el fin de llevar a cabo proyectos en la zona de operación que tengan un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo. Evidentemente, ninguna de estas finalidades se cumple en la mayoría de los proyectos mineros. El municipio de Mazapil es un ejemplo de cómo esto se desencadena. Ubicado en Zacatecas, Mazapil es de los municipios que más dinero ha recibido del Fondo Minero; de hecho, en 2014 y 2015 fue el municipio que más dinero recibió en todo el país. En dicho territorio operan tres grandes Mineras: Minera Frisco, Minera Peñasquito[3] y Minera San José de Carbonerillas. Hay además actividad exploratoria de al menos 11 minas más. A pesar de la fuerte presencia de esta industria en el municipio, de sus 17 mil habitantes, el 60% de las personas viven en un estado de pobreza y un 13% en pobreza extrema.[4] De la misma manera, Mazapil carece de servicios públicos ya que tan solo el 42.5% de la población cuenta con seguridad social y el único centro de salud es atendido por un médico pasante[5]. Tras estos resultados se puede inferir la segunda interrogante.
¿Por qué no hay un informe claro que muestre lo que se hace con el Fondo Minero en cada municipio?
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró muchas deficiencias en la recaudación del pago de derechos empezando porque la Secretaría de Economía (SE) no tiene el nombre ni la identificación del 23% de las concesiones mineras en el país.[6] La ASF también denunció que la SE no sanciona a los concesionarios mineros que han tenido omisiones en informes sobre obras, trabajos técnicos sobre producción, beneficio y destino de los minerales extraídos (9,157 títulos de concesión minera no entregan informes).[7] Lo que es aún más alarmante es que dicha secretaría argumenta que sí sancionó a los titulares de las concesiones; sin embargo, no existe evidencia documental de ello. De acuerdo con la Ley Minera, la falta de presentación de informes por parte de los concesionarios implicaría la cancelación directa de la concesión. Al ver esto, surge la tercera interrogante.
¿Cómo puede una concesión de la que no se han entregado informes seguir vigente sin repercusiones?
Aunado a lo anterior, una problemática adicional surge: la marginación de las mujeres y la perpetuación de la desigualdad de género. En estas comunidades, las mujeres no pueden defender legalmente sus tierras ni participar en las asambleas que se llevan a cabo con representantes del gobierno y de las empresas, por el simple hecho de no ser dueñas de los títulos de propiedad. El sector minero favorece la perpetuidad de las organizaciones patriarcales dentro de estas comunidades, jactándose de estar comprometidas con un verdadero desarrollo social. Añadido a la falta de empoderamiento de la mujer en estas comunidades, la precipitada aparición de trabajadores mineros ajenos a las comunidades, deriva en problemas como la violencia sexual. Son también una realidad las fuertes repercusiones a la salud, trastornos como malformaciones y complicaciones en fetos, al igual que el aumento en la probabilidad de cáncer de seno[8] como consecuencias de la fuga de tóxicos contaminantes. Esta constante marginación de la mujer manifiesta la cuarta interrogante:
¿Cuándo empezará la SEDATU a divulgar los casos de violencia, enfermedades y desigualdades socioeconómicas y de género en las zonas impactadas por la minería?
México ostenta ser líder en materias de cuidado del medio ambiente, así como de derechos humanos por tener un sinnúmero de acuerdos internacionales para su protección. Sin embargo, esto es una máscara que disfraza el océano de corrupción en el cual el sector minero está hundido. A lo largo del artículo se buscó esbozar las que yo creo son las incógnitas más importantes cuya respuesta nos obliga a entender qué es lo que está sucediendo en la industria minera de nuestro país. Son cuatro interrogantes abiertas que nos deben servir para reflexionar y atender este mayúsculo problema.
Cecilia Castro es estudiante de Ciencia Política en el ITAM y colaboradora de Mexicanos contra la corrupción y la Impunidad.
[1] INEGI 2014
[2] Dicha convención entró en vigor el 4 de noviembre de 1986.
[3] Esta es la mina a cielo abierto más grande de México, propiedad del consorcio canadiense Gold Corp
[4] Fundar, Centro de Análisis de Investigación A.C. Anuario 2017. Las Actividades Extractivas en México: minería e hidrocarburos hacia el fin del sexenio. 2017
[5] Mejía, I. Mazapil: pobreza en medio de la riqueza. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2015/08/11/mazapil-pobreza-en-medio-de-la-riqueza
[6] Fundar, Centro de Análisis de Investigación A.C. Anuario 2017. Las Actividades Extractivas en México: minería e hidrocarburos hacia el fin del sexenio. 2017
[8] De acuerdo al Breast Cancer Action
