Marzo ha llegado y mientras que gran parte de la Ciudad de México comienza a pintarse de morado por las jacarandas, todo el país se pinta de morado por las miles de mujeres que saldremos a marchar por nuestros derechos. El 8M representa ese día en el que las mujeres alzamos la voz y tomamos las calles por todas las injusticias que vivimos día a día al intentar ejercer nuestros derechos. Salarios más bajos, despidos injustificados por embarazo, lugares donde se nos sigue criminalizando por abortar y, por si fuera poco, el número creciente de feminicidios. Este es el pan de cada día en este país para las mujeres. Sin embargo, todas estas injusticias se agravan en contra de algunas en específico: mujeres con discapacidad, mujeres indígenas, mujeres afromexicanas, mujeres pertenecientes a la comunidad LGBTQ+, por mencionar solo a algunas. La discriminación y la opresión que vivimos las mujeres no es igual para todas. Factores como el color de piel, los recursos económicos o la diversidad funcional ocasionan que algunas mujeres enfrenten mayores obstáculos al momento de ejercer sus derechos.
En este artículo me enfocaré en la situación de un grupo de mujeres en especial situación de vulnerabilidad: las mujeres con discapacidad. Al combinar los factores de género y de discapacidad, se vuelve casi imposible ejercer los derechos. En este texto, me enfocaré en la violencia sexual que viven las mujeres con discapacidad y cómo es que el sistema de justicia las ha olvidado.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para 2020 en México había 6,179,890 de personas con discapacidad; de las cuales, 53% son mujeres. Es decir, en el país hay más de 3.2 millones de mujeres con discapacidad. Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2021), 72.6% de las mujeres con discapacidad mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Seis por ciento más de mujeres con discapacidad han sufrido violencia a lo largo de su vida, comparado con las mujeres que no tienen discapacidad (66.7%).
Al revisar el tipo específico de violencia, 58.2% había sufrido violencia psicológica; 44.6%, violencia física; 48.7%, violencia sexual; y, 34.9%, violencia económica o patrimonial. Estos datos son sumamente alarmantes. Demuestran que la violencia es desafortunadamente muy común en la vida de las niñas y mujeres con discapacidad.
En particular, resulta gravísimo que casi la mitad de las mujeres con discapacidad haya experimentado violencia sexual en México. De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, las infancias con discapacidad tienen casi cuatro veces más probabilidades de ser víctimas de violencia en comparación con las que no. Además, tienen casi tres veces mayor probabilidad de sufrir algún tipo de violencia sexual. El riesgo aumenta en el caso de las niñas con discapacidad. Lamentablemente, las niñas y mujeres con discapacidad se encuentran constantemente en riesgo de ser víctimas de violencia sexual en todos los ámbitos: familiar, comunitario o institucional.
Además, muchos de estos casos de violencia sexual no son denunciados ni visibilizados. En 2015, Disability Rights International y el Colectivo Chuhcan publicaron un informe con hallazgos sumamente preocupantes. De acuerdo con este informe, 43% de las mujeres entrevistadas habían sufrido algún tipo de abuso al visitar a un ginecólogo. La mitad de ellas expresó haber sufrido un abuso sexual.
Ahora bien, en lugar de que se lleven a cabo acciones para investigar y sancionar los actos de violencia sexual en contra de niñas y mujeres con discapacidad, se ha optado por medidas que afectan sus derechos humanos. Por ejemplo, el informe anteriormente citado menciona que las personas tutoras y el personal médico han optado por la esterilización y anticoncepción forzada en contra de mujeres y niñas con discapacidad como una medida para protegerlas y que, en caso de que sean víctimas de una violación, no puedan quedar embarazadas. Estas medidas, en lugar de protegerlas, atentan en contra de sus derechos sexuales y reproductivos.
La discriminación acompaña estos casos en el Poder Judicial. Cuando estos casos son llevados ante el sistema de justicia, este sistema simplemente las revictimiza y vulnera sus derechos humanos. Por ejemplo, la organización Equis Justicia para las Mujeres documentó y acompañó el caso de Leti, una mujer indígena con discapacidad intelectual de Yucatán, quien a los 19 años fue víctima de una violación, resultó embarazada y fue amenazada por su agresor para que no dijera nada sobre lo sucedido. En 2014, Leti comenzó un proceso penal en contra de su agresor; sin embargo, el juez que conoció su caso sólo vulneró los derechos humanos de Leti. El juez consideró que debido a la discapacidad de Leti, ella carecía de autonomía y voluntad, “lo cual permitió que se consumara la violación de la que fue víctima”. Además, el juez expresó que la discapacidad de Leti le impedía “tomar decisiones en razón de que no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, lo correcto o lo opuesto, por lo que carece de capacidad para decidir sobre su sexualidad”. Lo anterior es una muestra de un sistema de justicia basado en prácticas estigmatizantes y discriminatorias en contra de las personas con discapacidad y, en especial, contra las mujeres con discapacidad.
El caso de Leti demuestra que nuestro sistema judicial no sabe juzgar con perspectiva de género y, mucho menos, con perspectiva de discapacidad. Desafortunadamente, este no es un caso aislado: los distintos poderes judiciales han llevado a cabo pocos o nulos esfuerzos para capacitar y sensibilizar a su personal sobre cómo juzgar con perspectiva de derechos humanos en un caso que involucre a una persona con discapacidad. Equis Justicia para las Mujeres documentó en el informe “La capacitación judicial en derechos de las personas con discapacidad: un largo camino por recorrer” que entre 2008 y 2017, el gasto a nivel nacional en capacitación judicial ascendió a más de 600 millones de pesos. Sin embargo, sólo el 0.13% fue utilizado para la capacitación sobre derechos humanos de las personas con discapacidad. En este periodo de diez años, entidades como Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas no destinaron ni un peso de su presupuesto para capacitar a sus poderes judiciales en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad. Es decir, si una mujer con discapacidad en Jalisco acudió a la justicia entre 2008 y 2017, es muy probable que se haya encontrado con personas juzgadoras que no estuvieron capacitadas para resolver su caso desde una perspectiva de derechos humanos. Ahora bien, si agregamos la variable género en la ecuación, la situación es aún más preocupante. Y es que entre 2008 y 2017, sólo dos tribunales superiores de justicia realizaron actividades de capacitación sobre género, derechos de las personas con discapacidad y acceso a la justicia.
Esta evidencia refleja un hecho preocupante: los poderes judiciales, es decir, los órganos que tienen encargada la tarea de impartir justicia, no están capacitados en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad. Es por esto que el caso de Leti no es un caso aislado. Pareciera ser que la regla es tener poderes judiciales que juzgan con base en prácticas discriminatorias y estigmatizantes. Esta situación empeora cuando la persona con discapacidad es una mujer, ya que también se tiene que enfrentar a prácticas y creencias sexistas. En pocas palabras, cuando una mujer con discapacidad busca justicia, el sistema judicial le da la espalda.
Es necesario que el sistema de justicia considere con seriedad su labor hacia las personas con discapacidad y, en especial, a las mujeres y niñas con discapacidad. Es fundamental que las personas con discapacidad sean consultadas antes de llevar a cabo acciones de política pública o cambios legales. Es imprescindible que las autoridades escuchen los deseos y necesidades de las personas con discapacidad. Asimismo, en el marco de este 8M es pertinente que las mujeres usemos los lentes de la interseccionalidad y analicemos los distintos tipos de opresiones que diferentes mujeres vivimos. Es claro que una mujer blanca con altos recursos económicos no vivirá la misma opresión que una mujer racializada con discapacidad. Hagámonos cargo de nuestros privilegios desde el feminismo y siempre recordemos la valiosa frase de la lucha por los derechos de las personas con discapacidad: “Nada sobre nosotras sin nosotras”.
Diana García
Licenciada en Derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE.
