Baldemar Pérez Ríos, el proveedor que en marzo vendió al IMSS 2,500 ventiladores en 93 millones de dólares, fue investigado por la Función Pública por tejer una red de 30 “empresas fantasma” con las que se hizo de contratos millonarios con Pemex entre los años 2000 y 2010. 

Detalles hasta ahora inéditos de una investigación de la Secretaría de la Función Pública dan cuenta del modus operandi del nuevo contratista del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Según testimonios de excolaboradores de Pérez Ríos (que aparece en documentos oficiales indistintamente como Valdemar o Baldemar), este empresario radicado en Houston lo mismo sobornaba a funcionarios de la petrolera, que dañaba intencionalmente el equipo que importaba para pagar menos impuestos. En esas declaraciones, incluidas en expedientes oficiales, se habla también de falsificación de documentos e incumplimiento de los términos de contratos que el empresario tenía con Petroquímica Morelos, una filial de Pemex.

Las pesquisas sobre la manera de operar de Pérez Ríos ocurrieron a lo largo de la primera década de este siglo. Para 2007, el órgano interno de control de Pemex en la región Coatzacoalcos ya había detectado una serie de empresas relacionadas entre sí, ya sea por socios y por representantes legales, mediante los cuales Baldemar obtuvo millonarios contratos con la paraestatal.

Las empresas formaban parte de un esquema donde participaban en las mismas licitaciones para, presuntamente, provocar un sobreprecio de los productos que la paraestatal compraría.

Las compañías de esta red se constituyeron entre 1998 y 2003, los accionistas eran trabajadores cercanos a Baldemar Pérez Ríos, según testificaron algunos de esos empleados, y tenían la función de participar en las licitaciones y simular competencia.

Las investigaciones de la entonces Secretaría de la Función Pública derivaron en la inhabilitación en 2010 en la empresa Centex, pero no impuso penas a los accionistas.

También la empresa Projects and Industrial Products, detectada en la red por el órgano interno de control, fue requerida en enero de 2010 a pagar 46 mil 219 dólares por incumplir con un contrato. Estas sanciones ya habían sido publicadas por MCCI el 8 de abril, pero ahora se aportan detalles sobre la investigación de la que derivó esa sanción. 

Diez años después, y a pesar de que una corte federal de Estados Unidos sancionó a Pérez Ríos por servir de testaferro en un fraude de una compañía fantasma que engañó a inversionistas estadounidenses, la actual administración otorgó a Levanting Global Servicios LLC, una empresa de Pérez Ríos, un contrato por 93 millones de dólares para comprar ventiladores en medio de la emergencia por el Covid-19, según dio a conocer MCCI hace una semana. 

MCCI buscó ayer tanto a Baldemar Pérez Ríos como a quien se presentó como su vocero, Carlos Olmos, exfuncionario de la secretaría de Salud en tiempos de Felipe Calderón, y ninguno de los dos tomó la llamada para fijar postura sobre este reportaje.

Mañas para pagar menos impuestos

La historia de las investigaciones a las empresas de Baldemar Pérez Ríos comenzó con el milenio.

En el año 2000, Pemex Petroquímica notó que algunos contratistas de servicios y venta de maquinaria no le entregaban lo que la paraestatal había licitado y comprado. La Auditoría Superior de la Federación revisó la cuenta pública de ese año y urgió a tener mayor control del cumplimiento de los servicios.

Incluso el órgano interno de control de Pemex abrió un proceso de investigación por adjudicaciones indebidas. En la lista de las empresas favorecidas irregularmente por Pemex se encontraban al menos tres relacionadas con Pérez Ríos: Projects and Industrial Products, Trilogy y Tecnología, e Industrial de Equipos e Ingeniería. Las empresas tenían contratos con la paraestatal desde 1999.

Derivado de la investigación que arrancó en el año 2000, en noviembre de 2003 la secretaria de Pérez Ríos, Beatriz “N” declaró ante la Secretaría de la Función Pública y detalló el modus operandi de su jefe y cómo éste había obtenido más de 450 millones de pesos (40 millones de dólares al tipo de cambio de ese entonces) en contratos a través de sobornos y compañías hechizas.

Beatriz “N” admitió que había otorgado su firma para constituir una compañía, pero después ésta había cambiado de domicilio y dejó de saber qué se hacía con ella.

Testimonio que forma parte de la investigación de la Secretaría de la Función Pública.

Testificó también que había sido prestanombres en la compañía Grupo Miramar Industrial; y dijo que ella había llevado arcones navideños y dinero en efectivo a funcionarios de Pemex Petroquímica para facilitar la adjudicación de contratos.

Además, detalló el modo en el que desde las compañías se evadían impuestos y se entregaban artículos sin la calidad necesaria.

“Las refacciones eran golpeadas de manera intencional para que éstas pasaran como chatarra en las distintas aduanas, esto para pagar menos impuestos de internación, y para entregarlas a su destino final las enviaban al torno a fin de repararlas”, dijo la testigo en una declaración ante la Secretaría de la Función Pública en noviembre de 2003.

La declaración de la secretaria no fue la única que llegó a la dependencia en ese año. También acudió Felipe “N”, chofer de Baldemar Pérez, quien aseguró que él mismo llevaba los sobres de las licitaciones de Pemex a casa del empresario para que éste conociera los precios de la competencia y pudiera ofertar más bajo.

Testimonio que forma parte de la investigación de la Secretaría de la Función Pública.

El chofer señaló que para acceder a las ofertas de licitaciones tenía contacto con funcionarios de la paraestatal como Federico Tirado y César Mora Torrano, de la subdirección de administración y finanzas. Además, declaró que a cambio les entregaban autos o camionetas.

En otras ocasiones, según los testimonios, el empresario habría tenido acceso a las licitaciones antes de que fueran publicadas o recibía avisos de lo que la paraestatal iba a comprar.

Según la investigación, Pérez Ríos compraba el equipo con meses de anticipación, cuando aún no existían formalmente las licitaciones. Cuanto éstas se efectuaban, el precio de los insumos se duplicaba bajo el pretexto de entregar en un tiempo mínimo, o bien se entregaban productos o mercancía que no cumplían con lo establecido en el contrato.

“En una ocasión, no podían entregar el equipo en la filial Morelos (…) debido a que el usuario no quería recibirla porque no cumplía con las especificaciones, por lo que a dicho usuario lo mandaron de vacaciones para poder recibir la tubería, cuando regresó ya la habían instalado y callaron al usuario”, dice un testimonio firmado por tres colaboradores cercanos a Pérez Ríos ante la Función Pública en noviembre de 2003.

En la investigación hay un tercer testimonio que confirma el modus operandi. Uno de los asistentes de Baldemar asegura que él mismo recogía en las oficinas de los funcionarios los sobres de las ofertas para que las revisara y pudiera lograr una mejor oferta que sus competidores.

En las declaraciones de los empleados, estos piden protección por parte de las autoridades, porque aseguran que se encontraban en riesgo.

A partir de dichos testimonios, la Secretaría de la Función Pública comenzó a investigar a las empresas enlistadas por los testigos. Sin embargo, las averiguaciones se congelaron en el 2003 y los testimonios no se recuperaron sino hasta cuatro años después.

En 2007, se retomaron algunas de las pistas del modus operandi que habían reportado los empleados. La dependencia creía que, otra vez, se estaban haciendo compras a sobreprecio y que no se estaba cumpliendo con la calidad de los productos por los cuales se había pagado.

Un rastreo de las empresas, sus representantes legales y sus giros ayudaron a determinar que existían por lo menos 30 empresas en México y Estados Unidos relacionadas con Baldemar Pérez.

Algunas empresas señaladas por las autoridades de presuntas irregularidades fueron Project and Industrial Products, Williams Cook Burton Limited, Metropoli Ingenieros, Centex Global, Desarrollo Industrial de Villa, Weis, Industrial Tammex, Hidroc Especialistas, entre otras, y todas vinculadas con Pérez Ríos.

Según lo recabado por la autoridad, tan solo estas empresas sumaron poco más de 326 millones de pesos en contratos (unos 29.3 millones de dólares en ese entonces).

En el año 2010 el órgano interno de control de Pemex determinó una sanción a una de sus empresas, Centex Global Energy. Esta fue inhabilitada por falsificar información para lograr la firma de un contrato.

Al día de hoy las empresas mexicanas de Pérez Ríos siguen activas, no han sido liquidadas, dadas de baja o traspasadas, según consta en el Registro Público e incluso en algunos estatus de Hacienda, pero tampoco hay constancia de contratos públicos adjudicados en los últimos años, según la plataforma de Compranet.

Testimonio que forma parte de la investigación de la Secretaría de la Función Pública.

Las empresas de la red de Baldemar Pérez Ríos investigadas por la Secretaría de la Función Pública

PSISA, S.A. DE C.V.

TRILOGY Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.

GRUPO MIRAMAR INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

CATECH, S.A. DE C.V.

PROCESOS TECNOLÓGICOS IND. S.A. DE C.V.

METRÓPOLI INGENIEROS, S.A. DE C.V.

HIDROC ESPECIALISTAS, S.A. DE C.V.

DESARROLLO INDUSTRIAL DE VILLA, S.A. DE C.V.

PETROSERVICIOS LOOG, S.A. DE C.V.

OPERADORES INTERNAL., S.A DE C.V.

INDUSTRIAL DE EQUIPOS E INGENIERÍA S.A. DE C.V.

TECHNOLOGY PROCUREMENT, LLC.

SUMINISTROS SAN LUIS, S.A. DE C.V.

CENTEX ENGENERING, LLC.

GRANTECH MANUFACTURES, S.A. DE C.V.

PROJECTS AND INDUSTRIAL PRODUCTS, LLC.

EQUIPOS TAB TEC, S.A. DE C.V.

ABASTECEDORA VISTALMEX, S.A. DE C.V.

TECPRO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

WEIS, S.A. DE C.V.

CONSORCIO TECCON, S.A. DE C.V.

AMERICAN TRADING AND SUPLY

SUPLEMENTOS CARRA, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAL TAMMEX, S.A. DE C.V.

GRUPO KEELER, S.A. DE C.V.

TECNOLOGÍA V H, S.A. DE C.V.

TRADING AND SUPLY DEL NORTE

CONSORCIO INDUSTRIAL ALVARADO, SA DE CV

EPC, EXCELENTE PROCURA Y CONSTRUCCIÓN, SA DE CV

BUFETE VALLADOLID, S.A. DE C.V