El Índice de Integridad Corporativa 500 nació en 2017 como una iniciativa de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad  que buscaba involucrar a las empresas —y resaltar el rol del sector privado— en la lucha contra la corrupción en el país. A lo largo de los últimos seis años, es posible constatar importantes avances en la conversación pública respecto a las políticas de integridad y anticorrupción en las empresas, así como de otros elementos de la cultura de cumplimiento —o compliance— en México.

Este Índice cuenta con veintiocho reactivos que permiten evaluar la publicidad y calidad de las políticas de integridad de las empresas más grandes de México, de acuerdo con la metodología de la revista Expansión. Si bien aún falta mucho por recorrer, existen también resultados notables en los indicadores para las quinientas empresas que evaluamos anualmente. Creemos que se han asentado las bases de una cultura empresarial de integridad que pueda transmitirse a todos los sectores y a empresas de todos los tamaños. 

IC500 está elaborado a partir de un compilado de principios mínimos que cualquier empresa debería adoptar y considerar en la creación de sus propias políticas de integridad para evitar acciones de corrupción. Sin embargo, la discusión pública sobre el cumplimiento  también ha ido evolucionando, por lo que existen nuevos factores a considerar en esta materia. En este artículo presento algunas reflexiones sobre la posible agenda que sigue después de alcanzar estos mínimos necesarios en la cultura de integridad empresarial. 

Imagen: Shutterstock
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Del papel a la práctica: liderar con el ejemplo 

Como sucede con cualquier marco normativo, la prueba de la efectividad de una política de integridad al interior de una empresa no radica solamente en que existan reglas y lineamientos que regulen el comportamiento de los individuos. También es necesario que existan mecanismos de acción efectivos que garanticen que estos lineamientos se cumplan y que sancionen o reparen los daños ante su incumplimiento. A partir de esto, el siguiente paso para las empresas, luego de lograr poner en papel un sistema de denuncia que cumpla con todas las características necesarias, es asegurarse de contar con mecanismos de evaluación constante sobre el cumpliemiento de sus políticas y, con base en los resultados de estas evaluaciones, realizar los ajustes necesarios para afinar y fortalecer el sistema.

Una pieza fundamental del Índice IC500 es el papel que tienen las quinientas empresas más importantes de México en sus respectivos mercados y cadenas de valor. Su ejemplo es fundamental para continuar avanzando en la lucha anticorrupción, pues tienen la capacidad de transmitir y transformar la cultura organizacional dentro de cada una de sus industrias. 

En este sentido, es necesario que el compromiso de estas compañías también se vea reflejado en todas sus interacciones no sólo al interior, sino también al exterior. Las empresas que conforman este índice pueden expandir esta tarea al compartir buenas prácticas de integridad y exigir los mismos estándares a sus socios comerciales, proveedores o clientes. Estas acciones pueden fomentar que la cadena completa de sus operaciones mantenga y comparta los mismos principios éticos y eleve los costos morales de una empresa que no tome acciones para reducir espacios de oportunidad a la corrupción.

Una muestra clara de este compromiso expandido, particularmente al tratarse de estas empresas es el compromiso de que sus subsidiarias cumplan con todos requisitos y responsabilidades legales de los países y regiones locales en las que tienen operaciones. Por ejemplo: cumplir con todas sus obligaciones patronales conforme a las leyes de cada país, cumplir plenamente con sus obligaciones fiscales, no participar en operaciones con potenciales conflictos de intereses y asegurarse que sus socios también se encuentran exentos de malas prácticas. 

Sustentabilidad corporativa: nuevos enfoques de integridad 

La integridad corporativa es una agenda que ha avanzado no solo en México. Es, sin duda, una preocupación mundial en el sector privado. Como parte de este proceso, la discusión ha generado nuevas dimensiones que se están integrando al concepto general de “responsabilidad corporativa”. Estos pueden ir más allá de la noción de “cumplimiento”, e incluyen nuevos factores de la responsabilidad social de la empresa para contribuir a una sociedad más justa. 

De acuerdo con el Pacto Mundial de la Naciones Unidas, la sustentabilidad corporativa es esencial para el éxito corporativo a largo plazo y considera factores que expanden la responsabilidad de las empresas a temas de derechos humanos, protección del medio ambiente, atender a las sociedades locales en las que tienen operaciones y, desde luego, medidas anticorrupción.

A partir de este pacto, la organización de las Naciones Unidas detalló una estrategia de Acción Colectiva Contra la Corrupción que amplía el alcance de los equipos de Cumplimiento de las empresas, integrando perspectivas de derechos humanos y sustentabilidad. Así, la apuesta ahora es incorporar distintas áreas para diseñar estrategias y soluciones integrales para los desafíos que presentan estas temáticas que se encuentran interrelacionadas.

Cumplir con los requisitos planteados en el IC500 es solo el principio de las acciones que tienen que tomar las empresas para constituirse en un verdadero actor que permita acabar con la corrupción. Mientras más empresas y más organizaciones participen de la discusión pública sobre las medidas de integridad, menor será la probabilidad de que se cometan actos de corrupción en una empresa sin que generen alguna consecuencia. Hacía allá debemos enfilar la discusión próximamente.


Claudia Torres Alvarez

Es licenciada en Relaciones Internacionales del ITAM e investigadora independiente en temas de integridad y anticorrupción del sector privado.