¿Se puede hablar de corrupción sin incluir al crimen organizado? No, no se puede. En esta entrada explicaré por qué. Si bien para el caso de México esta pregunta es especialmente relevante, lo cierto es que la relación entre corrupción y crimen organizado es global y aplica tanto para la corrupción esporádica como para la sistémica. Para comprender la persistencia de la corrupción, así como para entender el impacto del crimen organizado en los procesos políticos de los Estados, es imprescindible estudiarlos de forma sistémica.
La corrupción es una herramienta utilizada por el crimen organizado y, al mismo tiempo, un promotor de su presencia. Por un lado, las organizaciones criminales utilizan prácticas de corrupción —como el soborno, la extorsión y el tráfico de influencias— para obtener beneficios de funcionarios públicos. Por el otro, en contextos de corrupción sistémica, es más factible que surjan grupos del crimen organizado que aprovechan los vacíos legales, la debilidad institucional y el doblamiento de las normas para operar. También pueden tomar ventaja de las relaciones informales que permean a todos los niveles de gobierno, lo que facilita los espacios de discrecionalidad e intercambios ilícitos.
¿Qué es el crimen organizado?
Antes de explicar de forma puntual la relación entre crimen organizado y corrupción, vale la pena detenerse para aclarar qué es el crimen organizado, pues es uno de esos conceptos con múltiples significados. Algo parecido sucede con la corrupción: un concepto amplio que suele reducirse a sólo una de sus aristas, usualmente la del soborno. Así con el crimen organizado: frecuentemente es asociado a cárteles del narcotráfico u organizaciones mafiosas. Sin embargo, la definición que me interesa es más amplia.
El crimen organizado no es sólo una organización ilícita como las mafias, cárteles o grupos terroristas, sino que también incluye a las empresas. El investigador Quentin Reed afirma que entender al crimen organizado como una empresa cuyos negocios son ilícitos nos permite evitar representaciones estereotipadas, así como subrayar su integración en el mundo de los negocios legales.
En ese sentido, el crimen organizado se dedica a diversas actividades que pueden clasificarse como primarias y facilitadoras. Incluso hay categorizaciones, tal como los bandidos estacionarios, que incentivan la inversión, la creación y la innovación en las empresas. Por el contrario, los bandidos itinerantes desincentivan la inversión (estos conceptos han sido explicados por Pablo Slutzky y Stefan Zeume, así como por Mancur Olson). En términos llanos, según esta conceptualización, el crimen organizado es una organización que busca ingresos a través de actividades ilegales, pero que no necesariamente se valen de la violencia y la intimidación. Cuando no hacen uso de herramientas violentas, estas organizaciones recurren a mecanismos de corrupción para actuar (debilidad de las normas, las autoridades y la vigilancia) y para mantenerse (sobornos y tráfico de influencias).
El crimen organizado también incluye a empresas que buscan influir en decisiones públicas, tal como sucedió con la empresa brasileña Odebrecht, o con el caso de La Línea descubierto por la Comisión contra la Impunidad y Corrupción en Guatemala (CICIG), las redes de empresas fantasma en los casos de la Estafa Maestra y el reciente caso de Segalmex. En estos casos es posible identificar cómo estas empresas participan en redes de tráfico de influencias y sobornos para obtener contratos públicos en diferentes países de América Latina. Por lo tanto, la participación de este tipo de organizaciones abre el abanico del vínculo entre crimen organizado y corrupción.
Pero también está el caso de las mafias italianas y los cárteles del narcotráfico tanto en Colombia como en México. Estas mafias se valen de la violencia o la intimidación para conseguir beneficios a costa de los Estados. Sin embargo, estos grupos también utilizan la corrupción como herramienta, por medio del financiamiento de campañas para influir en las decisiones de los políticos y, en ocasiones, para imponer a algún candidato cercano a sus intereses, así como para asegurar lealtad, control e influencia de recursos públicos.
Los cárteles del narcotráfico mexicanos se han consolidado al diversificar sus actividades, puesto que su área de influencia y los recursos de los cuales disponen les permiten competir con las autoridades estatales. De esta forma, han logrado establecer relaciones clientelares con la población por medio de la provisión de servicios que los gobiernos locales son incapaces de proveer.
Por último, en casos más extremos, el crimen organizado puede capturar el Estado e influir en los funcionarios públicos, sustituyendo a las antiguas élites políticas o trabajando con ellas para apropiarse de recursos públicos. Tanto Odebrecht como los cárteles del narcotráfico son ejemplos de esta dinámica. El crimen organizado fomenta la corrupción, pero también aprovecha las oportunidades que generan los sistemas corruptos. De ahí que esta relación sea simbiótica, en la que ambos problemas se reproducen y se alimentan mutuamente.
¿Cuál es la relación entre crimen organizado y corrupción?
El investigador Michael Johnston indica que hay cuatro síndromes de corrupción, pero para este caso son especialmente relevantes los de oligarcas y clanes; cárteles de élites; y mercados de influencia. En todos estos síndromes existe una fortaleza clara por parte de las empresas privadas, grupos de interés y élites económico-políticas que cooptan recursos públicos al mismo tiempo que impiden la participación de otros grupos (incluida la ciudadanía) en las decisiones públicas. El síndrome de oligarcas y clanes está caracterizado por instituciones débiles, cuya debilidad termina por difuminar la diferencia entre las esferas públicas y privadas, a la vez que promueven la participación del crimen organizado en la conformación de relaciones e intereses .
De forma similar, los investigadores Staffan Andersson y Frank Anechiarico definen la corrupción como «la violación de la gobernanza democrática, así como la apropiación de recursos públicos». Desde esta definición, la corrupción afecta a los valores democráticos. Esto implica lógicas como el patrimonialismo, sistema de botín y la impunidad. Estas circunstancias favorecen el elitismo y benefician a actores políticos influyentes, incluyendo el crimen organizado, ya se que este tome la forma de empresas o grupos criminales.
Adicionalmente, deben añadirse las redes de corrupción que están entretejidas por empresas legalmente instituidas, empresas fantasma y grupos del crimen organizado. Este comportamiento y las redes corruptas están bien documentados por la investigadora Elizabeth Pérez-Chiqués y el investigador Oliver Meza, quienes han mostrado cómo dos gobiernos municipales en México participan en actividades corruptas de dos maneras completamente diferentes. Este análisis refleja el patrimonialismo y el establecimiento de grupos privilegiados dentro de los gobiernos, configurados como dinastías o relaciones clientelares en las que el gobierno pertenece al partido que ganó las elecciones. Otros actores también juegan un papel crítico en las fórmulas de corrupción: las empresas familiares cercanas a las élites políticas y el crimen organizado en tanto que proveedor de servicios y ejecutores de programas públicos.
Reflexiones finales
Es fundamental reconocer que la definición de “crimen organizado” que propongo en este texto es amplia, por lo que sería necesario esbozar una taxonomía que explique sus diversas aristas, porque no es lo mismo un cártel del narcotráfico que un grupo terrorista, como tampoco son iguales las empresas fantasma o aquellas legalmente instituidas que cometen crímenes de cuello blanco.
Debemos, también, preguntarnos si una empresa formal que obtiene ganancias ilegales cabe dentro de la definición de crimen organizado. Existen interrelaciones entre estas organizaciones con otras formalmente constituidas y los propios gobiernos, lo que hace más compleja una posible clasificación. El siguiente paso, entonces, sería categorizar cómo es que la corrupción es utilizada por los grupos del crimen organizado.
De forma preliminar, propongo que imaginemos un gradiente que muestre el continuum del nivel de influencia y participación de los grupos del crimen organizado respecto al Estado:
- Distracción y atracción: sobornos, intercambio de favores y regalos para permitir actividades ilícitas, obtener protección ante investigaciones, así como recibir contratos públicos.
- Captura: influencia en procesos electorales por medio de financiamiento ilegal a políticos y partidos para asegurar favoritismo en la asignación de contratos públicos; surgimiento de conflictos de interés; desviación de recursos y creación de redes de corrupción.
- Competencia: extorsión y competencia política entre los partidos y los grupos del crimen organizado; los partidos políticos a nivel local están cooptados por caciques que pueden provenir de grupos del crimen organizado; competencia electoral para utilizar al gobierno como sistema de botín.
- Sustitución: el gobierno es sustituido por organizaciones del crimen organizado o por sus intereses, de modo que la corrupción de la gobernanza es total. Solo los miembros de estas organizaciones participan en las decisiones y en la asignación de recursos públicos. Estas formas de patrimonialismo y patronazgo llevan a que los gobiernos no sean instituciones democráticas, sino que están dominadas como cacicazgos o señoríos feudales.
Aún queda mucho por reflexionar sobre este tema. En este texto presenté una primera propuesta que puede ser nutrida y en la que es crucial avanzar. Tristemente para el contexto mexicano, es un tema actual que debe ser incluido dentro de las políticas de seguridad de cara a la conformación de un nuevo plan sexenal de gobierno, pero que también debe ser considerado por las políticas anticorrupción. Este es un problema que atañe todo el mundo, pues los grupos del crimen organizado han aumentado su poder, tanto en países del norte como del sur global.
Sobre el autor:
Profesor asociado de la División de Administración Pública del CIDE e Investigador de la Iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización del Tec de Monterrey.
