Si nos hubieran preguntado

El pasado 1 de diciembre se publicó en la revista Nexos el reportaje titulado El Factor Monreal, en donde se relata la forma en la que el Delegado de la Cuauhtémoc ha manejado esta demarcación en su primer año de cargo.

Tras la publicación del reportaje el Delegado contestó lo siguiente:

Delegación Cuauhtémoc

Uno de los indicadores del peso específico de la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México es el volumen de información que genera y la atención que acapara entre periodistas, editorialistas, comentaristas y opinantes en general.

Por ejemplo, hasta noviembre del presente año, un análisis de contenido de los principales medios de comunicación de la ciudad y de las redes sociales sobre las 16 delegaciones, revela que el 40% de las notas y comentarios generados en 2016 corresponden a esta demarcación y un 48% al titular de la misma. Tal pareciera que en la Ciudad de México sólo existieran, en términos informativos, la Delegación Cuauhtémoc y quien la encabeza: el Dr. Ricardo Monreal Ávila.

Ello nos obliga a estar atentos a lo que se informa sobre la demarcación, a dar respuesta puntual a demandas y planteamientos de diversa índole que se ventilan en los medios (desde quejas y denuncias vecinales hasta peticiones individuales) y a fijar posición sobre los pronunciamientos que formulan partidos políticos, asociaciones civiles, cámaras empresariales, agrupaciones de comerciantes, colectivos de profesionales y ciudadanos en general.

Tal es el caso del reportaje publicado en el portal de la revista Nexos (www.nexos.com.mx), con el título “El factor Monreal”, suscrito por Salvador Camarena y Claudio González Caraza, de fecha 1 de diciembre de 2016.

Si nos hubieran preguntado o cotejado la información que ellos obtuvieron con la que hoy exponemos aquí, el reporte de MCCI hubiese sido más objetivo y cercano a la verdad en términos popperianos (“la verdad objetiva es la suma de las verdades subjetivas”: Karl Popper).

Como no nos preguntaron (las consultas formuladas mediante el sistema de información institucional son inevitablemente frías, limitadas y genéricas), tuvimos que acudir al derecho de réplica ante la revista Nexos, que racional, sensata y de manera justa accedió a proporcionarla.

Damos respuesta a “El factor Monreal” en dos niveles: los juicios de hecho que consigna puntualmente el trabajo y los juicios de valor que se intercalan en el reportaje. Es decir, respondemos a los juicios y a los prejuicios.

Acerca de este tema, en el “El factor Monreal” se consigna lo siguiente:

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) cuenta con 79 oficios similares del INBA, documentos girados en los últimos 12 meses por esa autoridad pidiendo a Monreal y sus colaboradores que supervisaran y detuvieran obras en 63 inmuebles catalogados… 12 meses después de que tomara posesión, lo que se padece en las colonias Roma Norte y Condesa muestra que con Monreal la voracidad inmobiliaria se ha disparado. Van ejemplo: las casas catalogadas que se encontraban en las siguientes direcciones resultaron dañadas, de manera irreparable en, en los últimos 12 meses: Hamburgo 169, Oaxaca 85, Mérida 56, Mérida 169, Atlixco 34, Zacatecas 194, Guanajuato 168, Querétaro 51, Mérida 234, insurgentes Sur 341.

Al respecto, entre el 1 de octubre de 2015, fecha de inicio de la actual administración delegacional, y el 30 de noviembre del 2016, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) ha ingresado solicitudes para intervenir en 170 domicilios localizados en el perímetro de la Delegación Cuauhtémoc, de los cuales han sido atendidos 157 domicilios, es decir, un porcentaje de respuesta de 92%, teniendo como pendientes la intervención en 13 domicilios, de los cuales 5 se encuentran programados para ejecución de visita de verificación y 8 en proceso de calendarización, dado el orden en que son presentadas, no así de un criterio discrecional.

Todos las peticiones, incluidas las señaladas con carácter de “urgente”, están sujetas a un procedimiento de validación, verificación y documentación que no puede ser obviado ni recortado so pena de que la autoridad delegacional incurra en faltas al debido proceso, las cuales abrirían la puerta a impugnaciones y amparos que resultarían contrarios al interés de preservar el bien señalado.

Respecto a los inmuebles específicamente mencionados en el reportaje, el estatus jurídico que guardan las verificaciones solicitadas por el INBA es el siguiente:

Hamburgo, número 169

En el expediente DC/DGJYG/SVR/OVO/613/2015 se encuentra pendiente de firma la Resolución Administrativa que impone multa y Clausura Total de los Trabajos de Construcción por no contar con Licencia de Demolición y Vistos Buenos de SEDUVI e INBA.

Oaxaca, número 85

En el expediente DC/DGJYG/SVR/OVO/669/2015 se ordenó visita complementaria a efecto de constatar el estado actual del inmueble.

Mérida, número 56

En el expediente DC/DGJYG/SVR/OVO/249/2015 se emitió Resolución Administrativa el 8 de septiembre de 2015 en la que se impuso el Estado de Clausura Total del Inmueble.

Mérida, número 169

En el expediente DC/DGJYG/SVR/OVO/553/2016 se encuentra en espera de respuesta de la Subdirección de Manifestaciones, Licencias de Construcción y Desarrollo Urbano, la Resolución Administrativa correspondiente.

Atlixco, número 34

En el expediente DC/DGJYG/SVR/OVO/637/2015 se emitió Resolución Administrativa de fecha 7 de noviembre de 2016, en la que se ordena Nueva Visita de Verificación con apercibimiento de uso de fuerza pública.

Zacatecas, número 194

En el expediente DC/DGJYG/SVR/OVO/447/2016 se emitió Resolución Administrativa de fecha 12 de octubre de 2016, se impuso multa y se ordenó nueva visita de verificación.

En el expediente SVR/OVE/388/2010 se emitió Resolución Administrativa de fecha 22 de octubre de 2010.

Guanajuato, número 168

En el expediente DC/DGJYG/SVR/OVO/545/2016 se emitió Acuerdo Admisorio de fecha primero de noviembre de 2016, en el que se señaló fecha de audiencia.

Querétaro, número 51

En el expediente DC/DGJYG/SVR/OVO/540/2016 se emitió Acuerdo de Prevención, notificado el 28 de noviembre de 2016.

Mérida, número 234

En el expediente DC/DGJYG/SVR/OVO/092/2016 se emitió Resolución Administrativa en fecha 08 de abril de 2016 en la que se impuso multa y el Estado de Clausura Total y Parcial del Inmueble.

Avenida Insurgentes, número 341

En el expediente DC/DGJYG/SVR/OVO/542/2016 se encuentra en espera de respuesta de la Subdirección de Manifestaciones, Licencias de Construcción y Desarrollo Urbano, para emitir la Resolución Administrativa correspondiente.

Tonalá, número 144

En el expediente DC/DGJYG/SVR/OVO/094/2016 se emitió Acuerdo Admisorio de fecha 08 de abril de 2016, en el que se señaló fecha de audiencia.

Suspensión de actividades en los predios de Tonalá, San Luis Potosí y Yucatán, conocido como “el Triángulo de las Bermudas”.

Es importante señalar que del total de inmuebles catalogados por el INBA que han sido demolidos o se encuentran en riesgo, sólo cuatro de ellos fueron autorizados por la actual administración: Tabasco 211, Benjamín Hill 196, Querétaro 51 y Cacahuamilpa 6, mientras que los restantes corresponden a autorizaciones de enero de 2008 a septiembre de 2015.

La “destrucción patrimonial en marcha”, más dañina que “en el sismo de 1985”, presuntamente fomentada por la actual administración, correspondería a estos cuatro inmuebles, cuyos permisos de demolición vienen avalados por sendos oficios de SEDUVI y el propio INBA, en los cuales dictaminan que los proyectos arquitectónicos y estructurales cumplen con las especificaciones de ley.

Además de las recibidas del INBA, la Delegación debe atender las solicitudes que ingresan vía el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), así como las peticiones formuladas por las diversas dependencias de la propia Delegación, del Gobierno de la Ciudad de México y del Gobierno federal.

En los 14 meses de la actual administración se han recibido 2065 solicitudes de verificación, de la cuales se han atendido 1828, es decir, 88.52%, todo ello con una plantilla de personal de ocho verificadores.

Por otra parte, hay que señalar que el INBA parece tener dos varas en el tratamiento de inmuebles catalogados. Consideremos el ejemplo de lo sucedido en el inmueble de Orizaba 146, en la colonia Roma Norte respecto al cual se presentó oficio por parte del Ing. Gilberto Larruri Pérez, Subdirector de Conservación e Investigación de la DACPAI/INBA, emitido el 3 de noviembre de 2016, pero recibido el 11 de noviembre del mismo año en la Delegación Cuauhtémoc, mediante el cual solicitaba se llevara a cabo la verificación urgente y la suspensión inmediata de las obras que se realizaban al interior del referido inmueble con valor artístico.

En este tenor, la Dirección General Jurídica y de Gobierno en Cuauhtémoc ordenó verificación de obra a la cual se le asignó el expediente número DC/DGJYG/SVR/OVO/683/2016, misma que fue ejecutada el 22 de noviembre; sin embargo, del acta de verificación que realizó el INVEA se desprende lo siguiente:

…al interior del mismo se observa al interior un cuerpo constructivo de planta baja y un nivel en el cual no se observa se realice ningún tipo de trabajo de construcción de igual manera no se observa ningún tipo de materiales de construcción en fachada y se observa un andamio en el cual se colocan elementos de unicel y PVC como elementos decorativos, no se observa que realicen ningún tipo de trabajo de construcción y/o remodelación y la ampliación y/o demolición por lo cual no se puede dar cumplimiento al objeto y alcance. No omito mencionar que dicho andamio no se encuentra sujeto a la fachada del inmueble ni a ningún otro lado, es provisional… [sic]

Adicionalmente, en desahogo de dicha verificación y encontrándose dentro del plazo de diez días hábiles siguientes en el procedimiento administrativo, el particular presentó un aviso para efectuar intervenciones menores y/o colocación de anuncios en inmuebles con valor artístico, con número de trámite INBA-00-006, mismo que fue autorizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes el 25 de noviembre de 2016, con el número de folio 2259, que cuenta con la firma autorizada y sello por parte de la Dirección de Arquitectura del INBA.

Dicha autorización del INBA derivó en una activación de marca (Jägermeister) al interior del inmueble señalado, evento que fue solicitado a la Delegación Cuauhtémoc a través de CESAC con folio 033431, activación que la propia Dirección de Gobierno de la Delegación Cuauhtémoc NO AUTORIZÓ con fecha 3 de noviembre de 2016 y que negó en su oportunidad por no contar con los permisos correspondientes.

No obstante, el particular realizó la mencionada activación a partir de la autorización del INBA, causando el enojo y la ira de los vecinos, motivo por el cual la Delegación Cuauhtémoc procedió a realizar la suspensión del evento con base en la negativa antes mencionada.

Este caso ilustra como el INBA solicita por un lado verificaciones en casas catalogadas, pero por el otro autoriza eventos en los mismos inmuebles de valor artístico.

Si nos hubieran preguntado, hubiésemos fijado nuestra posición sobre lo que sucede en la zona Roma-Condesa y en otras partes de la ciudad. El problema urbano de fondo es la gentrificación que están experimentando estos territorios, aderezada con prácticas de corrupción.

En la zona multicitada se asientan cerca de 1200 inmuebles considerados de valor histórico, artístico o arquitectónico, y ahí, al igual que en las colonias Juárez, Cuauhtémoc, San Rafael, Santa María la Ribera y Tabacalera, entre otras, se padece una fuerte presión inmobiliaria para edificar condominios de departamentos para la clase media y alta, o plazas comerciales.

El proceso de gentrificación en estas colonias es demasiado fuerte como para atribuir la responsabilidad a una sola autoridad –la más frágil, además, en la cadena institucional de facultades y atribuciones–, que es la Delegación. Varias instancias del Gobierno central y federal intervienen en la certificación de los cambios de uso de suelo y en la verificación de las construcciones en las mencionadas colonias y en toda la CDMX, que son corresponsables de iure y de facto, y las cuales en el reportaje, extrañamente, ni siquiera son mencionadas por sus siglas, sólo SEDUVI e INBA, pero se omiten las atribuciones concurrentes de INVEA, INAH, ISCDF, PAOT DF, o CDHDF, entre las principales.

El proceso de gentrificación va más allá de determinar quién otorga los permisos, quién verifica y quién autoriza o clausura. Es un tema de fondo sobre el modelo de ciudad que debe seguir la CDMX en el futuro inmediato.

El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, ha señalado en diversos foros y por diversos medios que se requiere la actualización del Plan de Desarrollo Urbano, a fin de que la consulta a los vecinos sea determinante en los cambios de uso de suelo; que se habilite a los vecinos como contralores e inspectores ciudadanos, y que sólo se permitan inversiones inmobiliarias que tengan como prioridad la preservación de inmuebles catalogados, no su destrucción. También ha propuesto retomar las experiencias y prácticas exitosas de recuperación de inmuebles con valor artístico y arquitectónico que han tenido las ciudades de Londres, Barcelona, París, Milán, Berlín, Vancouver, Medellín, La Habana y Nueva York, entre las principales.

El reportaje señala otro problema grave: los usos de suelo falsificados para abrir de manera expedita establecimientos mercantiles, especialmente del giro de restaurantes. Ilustra con los casos de ocho restaurantes, “…con las mesas más codiciadas de la ciudad –Rosetta, Máximo Bistrot, El Zapote, Puebla 109, Nudo Negro, Balmori, Cancino y el recién abierto Fresh–…”

Si nos hubieran preguntado, la Delegación habría podido aclarar lo siguiente: los mencionados son restaurantes que operan desde antes de la actual administración; todos ellos presentan Certificados de Zonificación por Derechos Adquiridos a partir de usos de suelo con la firma del arquitecto Roberto Rocha García, “Rochita”. Sin embargo, ninguno de ellos ha recibido trato preferencial o protección alguna por parte del presente Gobierno delegacional, como lo demuestra el siguiente reporte:

Rosetta – Colima 166

En el expediente DC/DGJYG/SVR/OVE/052/2016, se emitió Resolución Administrativa de 12 mayo de 2016 en la que se impuso multa y se realizó un apercibimiento de clausura.

Máximo Bistrot – Tonalá 133

En el expediente DC/DGJYG/SVR/OVEPSNF/001/2015, se emitió Resolución Administrativa de fecha 25 de abril de 2016 y se impuso multa.

Nudo Negro – Zacatecas 139

En el expediente DC/DGJYG/SVR/OVE/050/2016, se emitió Acuerdo Admisorio de fecha 19 de abril de 2016, en el que se señaló fecha de audiencia.

Balmori – Zacatecas 139

En el expediente DC/DGJYG/SVR/OVE/479/2014, se emitió Resolución Administrativa de fecha 9 de abril de 2015, en la que se impuso multa.

Cancino Roma – Zacatecas 98

En el expediente DC/DGJYG/SVR/OVE/ 341/2015, se emitió Acuerdo de Caducidad de fecha 12 de septiembre de 2016.

Pizzería Cancino – Plaza Villa de Madrid 13

En el expediente DC/DGJYG/SVR/OVE/292/2016, se emitió Acuerdo Admisorio de fecha 22 de noviembre de 2016, en el que se señaló fecha de audiencia.

De una revisión aleatoria efectuada a los permisos nuevos otorgados en esta administración, en ningún caso el impacto vecinal fue expedido por el Arq. Roberto Rocha García.

Asimismo, de la revisión aleatoria a las revalidaciones atendidas en la colonia Roma, el impacto vecinal tampoco aparece otorgado por el mencionado arquitecto Rocha.

Respecto a los nuevos establecimientos mercantiles que han sido autorizados por la actual administración, la Delegación Cuauhtémoc informa lo siguiente:

01 de octubre de 2015 al 30 de noviembre de 2016

Autorizaciones:

Rechazados:

Impacto Vecinal (toda la Delegación: 148)

La estadística es clara. La actual administración delegacional sólo ha expedido 81 permisos de impacto vecinal o bajo impacto (donde la actividad preponderante es la venta de alimentos: 35% en las colonias Hipódromo, Hipódromo Condesa, Condesa y Roma) y ninguno de impacto zonal o alto impacto, que son los más rechazados por los vecinos (los llamados “antros”, cuya actividad principal es la venta de bebidas alcohólicas y que operan con ruido excesivo).

En contraposición, se han rechazado 194 permisos y revalidaciones de permisos de impacto zonal y vecinal, de los cuales 22 (11.34%) corresponden a la Roma-Condesa. Es decir, son más los permisos y revalidaciones rechazadas que las nuevas autorizaciones otorgadas en una proporción de 2.4 a 1. Nada de esto consigna el reportaje.

La supuesta proliferación de giros y establecimientos mercantiles de alto impacto es falsa.

Si nos hubieran preguntado, les habríamos compartido la siguiente estadística de suspensiones y clausuras: en 14 meses se han suspendido actividades en 26 establecimientos mercantiles (12 de ellas en la Roma-Condesa, es decir, el 46%) y se han clausurado 82 (22 en la Roma-Condesa, el 29%). En el mismo periodo se han suspendido 26 obras (10 en la Roma-Condesa, el 38%) y clausurado 82 construcciones (35 en la Roma-Condesa, el 43% ).

Respecto al cambio, modificación o expedición de certificados de uso de suelo, reiteramos lo siguiente: ninguna Delegación tiene facultad para cambiar el uso del suelo. Ésa es una atribución exclusiva de la SEDUVI. Afirmar o suponer lo contrario es una ignorancia suprema o un interés distinto al de informar con la verdad.

El reportaje señala un problema añejo en la Delegación: el coyotaje o la obtención de permisos mediante gestores y “facilitadores”.

Si nos hubieran preguntado, les habríamos comentado que cuando se asumió el Gobierno en Cuauhtémoc, seis despachos externos, asentados en los alrededores de la sede delegacional, realizaban el 85% de los trámites administrativos, licencias de obra y apertura de establecimientos mercantiles. Eran despachos de exfuncionarios de la Delegación o gestores asociados con funcionarios en activo. En efecto, como lo señala el reportaje, establecían cantidades exorbitantes por permisos, licencias y funcionamiento de establecimientos tolerados.

Por ejemplo, la elaboración de un plan de protección civil para un restaurante, cuyo pago de derechos no rebasa los 30 mil pesos, los gestores la cobraban en 130 mil pesos. La expedición de una conclusión y ocupación de obra de un edificio de departamentos se tasaba en el 5% de la inversión total. Si la inversión era de 15 millones, el permiso final se tasaba en 750 mil pesos, cuando el costo del trámite es de apenas 20 mil pesos.

Registramos casos de desarrolladores inmobiliarios a quienes el gestor o facilitador en turno les pedía “mitigar” con un departamento “para obras sociales de la Delegación”. Estas propiedades eran escrituradas a nombre de equis persona y luego vendidas, sin que se conozca el destino del dinero producto de la transacción.

Si MCCI nos hubiera preguntado qué hicimos para enfrentar este problema de corrupción, le hubiéramos informado que iniciamos denuncias contra gestores, exfuncionarios o funcionarios de la nueva administración, a través de la Fiscalía Ciudadana Anticorrupción, a cargo de la Lic. Zuleyma Huidobro González (actual directora Jurídica y de Gobierno en Cuauhtémoc), instancia que no existe en ninguna otra Delegación y que, si bien es honorífica y no cuenta aún con estructura, presupuesto ni reconocimiento oficial, es una figura que ha logrado más resultados que otras afines.

Entre sus primeras acciones estuvo denunciar a los gestores, combatir el coyotaje y canalizar denuncias de extorsión o mordidas por trámites de presuntos o reales inspectores delegacionales de vía pública.

La Fiscalía atendió a más de 350 vecinas y vecinos, 55 dueños de establecimientos mercantiles y 80 locatarios en mercados públicos que denunciaron actos de corrupción, lo que se tradujo en la presentación de 20 denuncias ante la Fiscalía que investiga los delitos cometidos por los Servidores Públicos en la Ciudad de México y 63 ante la Contraloría interna, en contra de 32 trabajadores de la Delegación y 8 exfuncionarios. Todas estas denuncias están curso.

Asimismo, el trabajo de la Fiscalía se hizo acompañar de un programa de información a los usuarios de la Ventanilla Única Delegacional sobre la gratuidad de las gestiones, orientación para no acudir a despachos de gestores, exhortos para denunciar telefónica o presencialmente y de manera confidencial a quienes les pidieran dinero (mediante la Línea Anticorrupción: 4746-8718, la cual –hay que mencionarlo– no fue pagada con recursos públicos), además de habilitar a 40 colaboradores ciudadanos en transparencia (es decir, vecinos voluntarios, capacitados por el InfoDF para la identificación y fiscalización del gasto delegacional y en el debido proceso de trámites. La meta es llegar a 80 de estos colaboradores) y un portal de transparencia diseñado por la UNAM y la consultora OPI, considerado por los expertos como el más avanzado de las delegaciones (sus referentes son los portales de Medellín y Barcelona, reconocidos como los mejores en la materia).

De acuerdo con InfoDF,  hace un año la Delegación Cuauhtémoc ocupaba el penúltimo lugar entre las 16, en materia de transparencia. Hoy se ubica en el quinto lugar (98.5), y el compromiso es obtener el 100 en el corto plazo.

La Fiscalía Ciudadana Anticorrupción fue impugnada por el PRD local tanto en la Asamblea Legislativa como en la Contraloría Central de la CDMX, por presunta usurpación de funciones, desvío de recursos públicos y conflicto de interés por el hecho de que el portal fue financiado por un grupo de desarrolladores (quienes no han recibido un solo beneficio o privilegio administrativo o financiero por parte de la Delegación). La entonces fiscal fue incluso denunciada penalmente en la PGJDF por usurpar funciones y presuntamente utilizar recursos públicos. La desmesura de la reacción dimensionó el tamaño de los intereses afectados.

Otras de las acciones anticorrupción incluyeron la colocación de videocámaras de seguridad en el Centro de Atención Ciudadana (CESAC) y en la Ventanilla Única Delegacional (VUD), y la atención en su mayoría personalizada a los particulares para evitar que fueran engañados por gestores que quisieran cobrarles por trámites totalmente gratuitos.

De la misma manera, esta administración delegacional estableció un programa de 100 días para la regularización de establecimientos mercantiles, periodo en el cual fueron suspendidas las visitas de inspectores y verificadores.

Nada de esto consigna el reportaje, por la sencilla razón de que no nos preguntaron.

¿Se han terminado el coyotaje y la corrupción en la Delegación? ¿Es el castillo de la pureza, la transparencia y la rendición de cuentas? Por supuesto que no. Pero tampoco mantiene los niveles de impunidad, sistematicidad y tolerancia que reportaba hace un año. Prácticas y desviaciones administrativas arraigadas y auspiciadas durante al menos una década no se destierran en 14 meses, pero el compromiso de acabar con ellas sigue vigente.

Respecto al tema del ex director Jurídico y de Gobierno, Pedro Pablo de Antuñano, quien fue detenido –en su día libre y en su auto particular– con 600 mil pesos, continúa el proceso para demostrar el origen de los recursos. Es un caso lamentable sobre el cual deberán decidir en su momento tanto la fiscalía como el juez correspondiente.

En la estructura delegacional, el puesto de Pedro Pablo de Antuñano fue ocupado por la anteriormente Fiscal Ciudadana Anticorrupción, Zuleyma Huidobro, para que corrija lo que deba corregir en esa área y, sobre todo, para que no quede duda del compromiso en el combate a la corrupción por parte de la administración actual y del jefe delegacional.

Respecto a los funcionarios señalados como “desaciertos de Monreal a la hora de armar el equipo en la delegación”, se precisa lo siguiente: Humberto Chavarría, director general de Obras y Desarrollo Urbano, fue exonerado de las acusaciones mencionadas en “El factor Monreal”; Bennelly Hernández, directora general de Desarrollo Social, no tiene abierto expediente alguno y cada vez que el PRD capitalino propala esta versión no ha podido señalar la averiguación correspondiente; Salvador Santiago Salazar, funcionario de administraciones anteriores y de la actual, no tiene acusación ni imputación oficial alguna, abierta o en proceso de sustanciación.

Es importante no pasar por alto el siguiente dato del reportaje: los testimonios relativos a las prácticas de corrupción en la tramitación y obtención de permisos delegacionales se basan en dos fuentes absolutamente anónimas: “un gestor especializado en obras” y “un desarrollador de la zona, que habló a condición de anonimato por temor a represalias”. Es decir, una especie de “testigos protegidos” o acusadores sin rostro.

Independientemente de que este tipo de fuentes están desacreditadas en el periodismo contemporáneo, por el daño que causan a la calidad de la información, a la objetividad de la misma y a la credibilidad de sus difusores, no deja de ser paradójico que una agrupación que pretende combatir la corrupción y la impunidad se base unilateralmente en el testimonio de dos informantes que se declaran confesos de haber cometido delitos y prácticas de corrupción, sancionadas por ley, y elevar acríticamente sus testimonios a nivel de cosa juzgada o verdad irrebatible. En lugar de presentar ante la autoridad judicial competente dichos testimonios, los da por válidos y veraces. Aquí surge una duda: ¿con estas prácticas, MCCI no termina fomentando lo que pretende combatir: la impunidad?

Respecto al Corona Capital Weeky demásconciertos gratuitos que se llevaron a cabo en el Parque México, todos ellos recorrieron para su autorización el camino que marca la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos, presentando los vistos buenos de la Secretaría de Seguridad Pública; el Programa Especial de Protección Civil; responsivas de servicios médicos y atención prehospitalaria, en caso de que ocurriese algún incidente, y las medidas de seguridad para las estructuras y escenarios provisionales. Adicionalmente, se revisó el desarrollo del evento desde el primer minuto del montaje hasta el retiro total de cualquier estructura.

En el tema de la instalación de volumétricos y otras acciones con presencia de marcas comerciales, destacamos su vinculación con actividades artísticas y proyectos deportivos, tal es el caso del Adidas Flagship Store: un patrocinio para la instalación de obras plásticas de Marisol Centeno, reconocida diseñadora que entre sus méritos tiene el desarrollo de catálogos para el rescate de la tradición del bordado oaxaqueño, y cuya obra con textiles también ha sido expuesta en diversos museos del país, destacando el Franz Mayer y el Rufino Tamayo.

La iluminación del circuito Ámsterdam, que generó polémica entre vecinos, fue un proyecto piloto que contó con medidas de protección civil, y cuya finalidad era otorgar un paisaje urbano novedoso sin colocación de publicidad para la promoción de actividades deportivas, ya que la publicidad exterior y en el mobiliario urbano está regulada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y somos respetuosos de las facultades de ésta así como de nuestros alcances. Para el caso de volumétricos con frases motivacionales en espacios de ejercitación, vinculados a la marca KIA, ante la queja vecinal y la evaluación de las áreas delegacionales, se instruyó el retiro de los mismos en menos de veinticuatro horas.

El crecimiento del comercio en vía pública en la delegación se disparó en los últimos 15 años de las administraciones perredistas. En 1998, el Sistema de Comercio en Vía Pública (SISCOVIP) que resguarda el padrón oficial de ambulantes desde la Secretaría de Gobierno de la CDMX reportaba 3 mil comerciantes en la demarcación. Hoy reporta 11 mil, en números redondos.

Ésta es una cifra distante de la realidad, ya que en temporadas navideñas se llegan a instalar hasta 50 mil vendedores ambulantes, de los cuales ninguna instancia oficial lleva un registro confiable.

Tal como lo señala el reportaje, este crecimiento tiene una lógica electoral. La obtención de un espacio en vía pública pasa por el empadronamiento previo del comerciante en algún domicilio de la delegación y por el pago puntual de la cuota al líder correspondiente, que en promedio es de 50 pesos al día. Esta mina de votos y dinero es un modus operandi del PRD y del PRI, no de otros partidos. El copyright o derecho de autor es de su propiedad intelectual.

La afirmación de que “Monreal acudió a las más viejas triquiñuelas” para incidir en la elección de comités vecinales y de diputados a la Asamblea Constituyente, no pasa la prueba de las cifras ni de la lógica.

Si nos hubieran preguntado, les habríamos demostrado que Diana Sánchez Barrios y Graciela Sánchez Barrios son dirigentes y militantes históricas del PRD, no de Morena. La primera es actualmente la presidenta del PRD en la delegación Cuauhtémoc y ha sido precandidata a diversos cargos de representación por el mismo partido. Actualmente tiene entre sus gestores y asesores a dos exfuncionarios de Vía Pública de la administración delegacional inmediata anterior: Erwin Arreola y Fernando Mancera; el primero era subdirector de Vía Pública y Mercados y el segundo, director de Vía Pública (ver fotos). Éstos y otros servidores públicos de esa área se dirigían a ella como “Mi jefa”. Hoy lo es en los hechos.

El modus operandi de inflar el padrón, domiciliar y acarrear 10 electores más, mediante pago directo, es justo la forma de operar del PRD y del PRI en la delegación, lo cual fue denunciado de manera recurrente por diversos ciudadanos ante la FEPADE desde hace varios años.

El supuesto pacto del jefe delegacional con el PRI es una mentira delirante, porque la dirigente histórica del PRI en la delegación es Alejandra Barrios, madre de la dirigente delegacional del PRD, Diana Sánchez Barrios. En todo caso, el pacto sería entre madre e hija, es decir entre PRI y PRD, como de hecho sucede.

Si Morena hubiese realizado todo lo que se afirma en el reportaje (turismo electoral y pacto con el PRI) habría arrasado en la reciente elección de comités vecinales, lo cual no ocurrió: de 64 comités vecinales electos, Diana y Graciela Sánchez Barrios ganaron 34; la ex jefa delegacional, Dolores Padierna, 16; el diputado Constituyente, Roberto López, ganó 5 y el ex jefe delegacional, Alejandro Fernández, obtuvo 2. Todos ellos pertenecen al PRD. Es decir, este partido obtuvo 57 comités vecinales (el 89%). ¿Quién realizó acarreo, compra de voto, entrega de despensas y pago de dinero en efectivo?

Si nos hubieran preguntado, les habríamos mostrado que los recursos que dispuso el PRD en toda la ciudad para esas elecciones fueron desviados de un fondo de 600 millones de pesos destinados a una partida de “empleo temporal”, y les habríamos dado nombres y montos de los operadores que anduvieron dispersos por toda la delegación el día de la elección.

El reportaje también omite señalar que los comerciantes ambulantes del Centro Histórico (el llamado perímetro A) son responsabilidad exclusiva del Gobierno central, no del delegacional; que por primera vez en 15 años se han levantado 6 mil puestos fijos y semifijos en la delegación; que no se ha expedido un solo permiso nuevo para puesto metálico y que los Programas de Reordenamiento en la Vía Pública han liberado avenidas tan importantes como San Cosme acera norte, Río Lerma, Avenida de los Insurgentes y Eje 3 Sur, así como la esquina de San Luis, el Parque de la Ciudadela; que se han efectuado reordenamientos en el Eje 1 Norte y la Avenida Plaza de la República, y que se han destruido 102 puestos metálicos en su mayoría de las colonias Condesa,Roma y Juárez, además de haberse hecho público el padrón de puestos metálicos en la página web de la Delegación Cuauhtémoc para la consulta abierta de todos los ciudadanos (Ver fotos y video).

Padrón de puestos metálicos y Padrón de puestos de periódicos:

La política de la actual administración es clara en materia de comercio en vía pública: no se criminalizará esta actividad, pero tampoco se permitirá el desdoblamiento, el desorden y la anarquía en las calles ya ocupadas. El compromiso del jefe delegacional en Cuauhtémoc es conciliar al menos tres derechos humanos en vía pública: el derecho al trabajo del comerciante, el derecho a la movilidad de los transeúntes y el derecho a la propiedad de los vecinos residentes en la delegación.

El reportaje publicado por Nexos se basa en cinco declaraciones testimoniales, de las cuales tres son anónimas (el segmento documental parece más sólido): un gestor experto en corromper funcionarios, un desarrollador temeroso de sufrir represalias y unos “conocedores de la política capitalina” que habrían elaborado un “libro blanco” sobre las elecciones constituyentes en la delegación Cuauhtémoc.

Pero el reportaje se levanta también sobre una gran omisión: la versión del imputado, que no fue escuchado ni consultado en legítima defensa, sólo sentado en el banquillo de los acusados y enjuiciado de manera sumaria.

El resultado de este método de investigación basado en fuentes anónimas y parciales deviene en un gran sesgo informativo que daña la credibilidad del trabajo de MCCI.

Tenemos indicio de que la principal fuente de información del segmento atribuido a “conocedores de la política capitalina” remite directamente al presidente del PRD en la CDMX, Raúl Flores.

El jueves 29 de septiembre de 2016, el suscrito, director de comunicación social de la Delegación Cuauhtémoc, sostuvo la siguiente conversación vía WhatsApp:

Monitor ALDF (MALDF): Si puedes márcame para pasarte la información. Ya tengo un 20. Y es más amplio de lo que se ve, es una investigación contra varios.

ComSoc: Quién investiga???

Monitor ALDF: La revista nexos o nexus. Y también a Javier Guerrero pero a ese no lo conozco. El de calificadora. Ahorita estaba hablando con él pero se nos cortó la llamada.

ComSoc: Ok. Y quién habrá promovido dicha investigación???

Monitor ALDF: No sé. Pero Roberto Sánchez Lazo.

[¿Quién es Sánchez Lazo? El secretario particular de Raúl Flores en la Asamblea Legislativa del D.F.].

Unos días después, el martes 11 de octubre, sostuve la siguiente conversación por la misma vía:

Monitor ALDF: es una investigación a petición de empresarios, para ver la corrupción de Monreal, este reportero es de una revista por redes sociales.

ComSoc: Mmm, tengo mis dudas. Esos alguien los envió.

Monitor ALDF: Yo creo que pudo ser el Tigre Delta por el pleito con Monreal no crees? Para sacar a la luz el tema de la corrupción que según Monreal tanto señaló cuando iba a llegar.

ComSoc: Cuál Tigre Delta?

Monitor ALDF: Raúl Flores

El segundo elemento a considerar son las simpatías políticas o ideológicas de los autores del reportaje.

Salvador Camarena es un periodista experimentado, profesional y crítico, pero en esta ocasión no pudo o no quiso obtener la versión de la Delegación, donde tiene las puertas abiertas para ventilar cualquier tema.

Claudio González Caraza es un economista de la Universidad de Harvard, que adquirió notoriedad en 2013 cuando promovió y defendió la estancia de Felipe Calderón en esa universidad, ante la posición mayoritaria del resto de la comunidad académica que cuestionaba los resultados de la guerra contra el narcotráfico emprendida por el exmandatario.

¿Es compatible el periodismo de investigación con las fobias y filias políticas de quien lo ejerce?

Claro que sí es compatible. Más aún: es legal y es legítimo. Pero hay que hacerlas explícitas a fin de que el lector pueda distinguir entre los juicios de hecho (los datos duros) y los juicios de valor del autor, o prejuicios (susceptibles de sesgar o distorsionar la información obtenida).

Pareciera que el reportaje “El Factor Monreal” estuviera basado predominantemente en la información interesadamente sesgada del dirigente capitalino del PRD, de los gestores y desarrolladores afectados en sus intereses y en las filias de la asociación civil que patrocinó la investigación.

Todos ellos con una agenda política común para el 2018: detener a Morena en su camino a la Presidencia de la República y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Si nos hubieran preguntado…