En representación de un conjunto de inversionistas de la empresa de servicios petroleros Baker Hughes, el abogado Juan Carlos Luna (Lawgistic) presentó una solicitud para investigar un potencial conflicto de interés y otras irregularidades legales.
Esto ocurrió tras la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y LatinUS, que reveló que el hijo y nuera del presidente López Obrador ocuparon una residencia propiedad de un alto funcionario de la empresa de servicios petroleros y contratista de PEMEX: Baker Hughes.
En una carta dirigida a altos ejecutivos de esta empresa -con copia a la Comisión de la Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y al Departamento de Justicia- señalan su preocupación ante un posible conflicto de interés. “La óptica y el momento de estos hechos simplemente no son buenos”, advierten. “Estos, al menos, crean la percepción de un posible conflicto de interés y un escenario potencial que podría haber cruzado la línea de las obligaciones legales y éticas de Baker Hughes. Por tal motivo, se justifica una denuncia y es necesaria una investigación”.
En ella, señalan que existe suficiente evidencia de los contratos con Pemex con los que ha sido beneficiada esta empresa.
Asimismo, advierten que “la situación podría verse seriamente comprometida” por cuestiones como la participación del hijo del presidente y el papel de su pareja, una persona políticamente expuesta, que ha actuado como intermediaria de acuerdos energéticos a escala internacional; una administración (la mexicana) que ha sido severamente criticada por sus escándalos de corrupción a nivel nacional e internacional; un país con un estado de derecho débil; la ampliación de contratos millonarios de Baker Hughes con Pemex, y los antecedentes de corrupción de la empresa y la paraestatal.
Cuestiona también el comunicado emitido por Baker Hughes debido a su falta de claridad, profundidad, información y compromiso para investigar más a fondo este delicado tema.
De acuerdo a la solicitud de investigación por parte de Juan Carlos Luna, Baker Hughes “… debe considerar la urgencia de realizar una investigación más sólida y completa de este asunto e informar a las autoridades, sus inversionistas y los medios de comunicación, según corresponda”. “Eso es lo correcto. Está en línea con sus lineamientos de cumplimiento corporativo y compromisos éticos”.
El impacto negativo que en el pasado han tenido las malas prácticas y acciones de corrupción del pasado para los inversionistas, así como el daño a la reputación corporativa y las consecuencias legales y monetarias, señala la carta, amerita una actuación inmediata para explicar la situación a detalle.
Añade: “Se debe esperar la misma urgencia de las autoridades gubernamentales correspondientes para investigar este caso, ya que han sido notificadas por diferentes organizaciones, integrantes del Congreso mexicano, medios de comunicación y personas interesadas”.
La carta fue enviada también al Departamento de Justicia y a la Comisión de Bolsa y de Valores, “debido a las posibles implicaciones, la naturaleza pública de esta situación, el cariz político de las personas involucradas y la mayor visibilidad que está teniendo este asunto”.
Esta solicitud se suma a otra denuncia presentada por la Senadora panista Xóchitl Gálvez, ante la SEC, mientras que la dirigencia nacional del PAN presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los mismos hechos.
La investigación de MCCI y Latinus, publicada el pasado 27 de enero, reveló que López Beltrán y su pareja Carolyn Adams ocuparon -entre agosto de 2019 y julio de 2020- una lujosa mansión al norte de Houston propiedad de Schilling, quien fue alto ejecutivo de Baker Hughes.
En agosto de ese año, la empresa recibió un contrato por 85 millones de dólares con Pemex. Y obtuvo además 109 millones de dólares por ampliaciones de un contrato entre septiembre de 2019 y enero de 2020, según documentó la periodista Peniley Ramírez en una editorial en Reforma.
