Hay dos tipos de transparencia en el gobierno. La primera es una transparencia discursiva, anunciada desde Palacio Nacional, que se basa en asegurar que “aquí no se oculta nada”, en la que se proclama que “este es el gobierno más transparente de la historia” y que sostiene que las conferencias matutinas son un ejercicio de rendición de cuentas sin precedentes. La segunda es otra forma de transparencia; en principio, podría considerarse más técnica y burocrática, pues se basa en oficios y documentos legales. También podría pensarse como menos accesible en tanto que es más técnica. Sin embargo, esta transparencia técnica considera que el ciudadano es un agente activo de cambio con aportaciones valiosas al sistema de rendición de cuentas, en lugar de verlo simplemente como un consumidor pasivo de información.
En este artículo, contrasto estas dos perspectivas de transparencia y argumento que la segunda visión puede ser más benéfica para la sociedad. Para ello, parto de considerar que las conferencias o las declaraciones de cualquier político suponen a la ciudadanía como consumidores de información. En cambio, hacer pública información en forma de datos abiertos representa la posibilidad de empoderar a la ciudadanía para que exija cuentas a sus representantes y tenga la capacidad de aportar soluciones. Para ilustrar esta diferencia, utilizaré los precios de la gasolina que se comparten todos los lunes en las conferencias matutinas del presidente.
La transparencia populista
Si bien la transparencia es un pilar fundamental de las democracias modernas, a veces resulta incómoda para muchos políticos y servidores públicos. Una forma en la que se perciben las acciones de transparencia para muchos trabajadores del Estado se resume en el refrán “entregamos información, recibimos periodicazos”. Esto no es un fenómeno exclusivo de México. Ben Worthy documentó que en Reino Unido las noticias que usan mecanismos de transparencia suelen exhibir malos comportamientos o resaltan deficiencias en las políticas públicas.
Desde la perspectiva del gobierno, las conferencias matutinas resuelven esta incomodidad, pues permiten presentar la información pública en sentido positivo, de tal forma que no haya cabida para la crítica. Un ejemplo de estas prácticas de difusión son las video-cápsulas de los avances del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y de la Refinería de Dos Bocas. En estos vídeos hay información necesaria para replicar la nota pero no para rendir cuentas. ¿Qué documentos confirman los datos que se muestran? ¿Qué utilidad social tiene ver la pavimentación o un colado? Importa más conocer cuánto costó y a quién se le pagó por prestar esos servicios.
Este tipo de transparencia es incompleta para la verdadera rendición de cuentas, pues no permite conocer detalles relevantes o contrastar dichos con hechos. Esta brecha entre la información divulgada y la necesaria ha sido documentada en un par de casos anteriores: como el de las universidades del bienestar o sobre el gasto real de la refinería de Dos Bocas. Hay un claro déficit en la calidad y cantidad de información para rendir cuentas.
De acuerdo con el académico David Fenster la transparencia populista consiste en que funcionarios de primer nivel, como el presidente, secretarios de estado o subsecretarios consideren que informar por medio de declaraciones es transparentar las decisiones públicas. El problema de este tipo de transparencia es que los políticos tienden a ajustar sus declaraciones no solo a la información pública disponible, sino también a sus intereses políticos. Este tipo de transparencia no proporciona documentos que corroboren la información presentada o que comprueben sus afirmaciones. Las declaraciones sin evidencia documental son dichos, no hechos.
Cuando el presidente anunció, en 2019, su política de comunicación social declaró que “la rendición de cuentas diaria en esta conferencia son maneras en las que se va dando una idea de cómo se va avanzando con las políticas públicas y se va transformando la realidad nacional”. Sin embargo, un año después diferentes medios de comunicación reportaron un crecimiento de más del 160% en las declaraciones de inexistencias de información pública en la oficina de la presidencia. Esto sucedía porque muchos ciudadanos solicitaban evidencias de las declaraciones del presidente, pero su oficina decía no tenerlas. Por poner un ejemplo, un ciudadano pidió evidencia de las declaraciones del presidente López Obrador cuando señaló que Odebrecht tuvo una sesión de consejo en Los Pinos. La Oficina de la Presidencia declaró el dato como inexistente.
¿Quién es quién de los precios de la gasolina?
A lo largo del sexenio, el presidente ha incluido diferentes secciones en sus conferencias matutinas, en las que un funcionario de su administración informa sobre temas específicos. Una de las primeras secciones de estas conferencias fue Quién es quién de los precios, un espacio presentado cada lunes por el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, dedicado a revisar los precios más altos y más bajos de gasolina y diésel en el país. De acuerdo con la normatividad aplicable, las concesionarias deben reportar los cambios de precios a la CRE antes de realizarlos. Esto quiere decir que la CRE cuenta con los precios de gasolinas antes que los consumidores. Su información es la que nutre las presentaciones que el titular de Profeco da cada lunes.
La idea detrás de este segmento no es mala. Informar sobre qué gasolineras ofrecen los mejores o peores precios resulta útil porque automovilistas y transportistas pueden ahorrar al conocer las estaciones que ofrecen el mejor precio del combustible. Además, podría incentivar la competencia entre oferentes para reducir los precios promedio del mercado. Sin embargo, una conferencia de prensa no resulta la mejor manera de proporcionar esta información debido a la dificultad de consultarla por parte de la ciudadanía, por ciudad o inclusive por estado.
Esto convierte la sección de los lunes en un espacio para datos anecdóticos para los periodistas o las personas que escuchan la conferencia. La realidad es que a la gente de Matamoros le importa poco que en Villahermosa la gasolina sea más cara, por ejemplo. En otras palabras, esta información no sirve para que las personas puedan tomar mejores decisiones.
La utilidad pública de esta sección en la vida diaria es mínima. Cada lunes, el titular de la Profeco muestra los precios de alrededor de sesenta gasolineras. De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), hay 13 556 estaciones de servicio. La sección Quién es quién en los precios revisa aproximadamente 0.002% del total. Para cualquier persona que tenga necesidad de adquirir gasolina, las probabilidades de que en el segmento salga una gasolinera en su municipio o cerca de donde vive son de una en 50 000.
Las conferencias de prensa no son la mejor forma de dar a conocer los precios. Tampoco lo sería una solicitud de acceso a la información. Por parte de la ciudadanía, una persona tendría que esperar, en promedio, 14.2 días para recibir una respuesta; por parte de las personas funcionarias públicas, generar constantemente reportes sobre los precios de gasolina rebasaría fácilmente sus capacidades para atender solicitudes de información.
La solución para garantizar de manera integral el derecho a la información de la ciudadanía sobre el precio de las gasolinas está en implementar una plataforma que incluya toda la información necesaria. Actualmente hay un portal, pero tiene varios problemas. Se debe filtrar la información por estado y después por municipio. No hay un mapa que permita conocer qué tan cerca o lejos se está de una estación de servicio. Tampoco hay filtros que permitan comparar o analizar la información. Esto deja al usuario sin la capacidad de analizar si la distancia de traslado cubre el ahorro en precio. El portal no reporta la fecha del precio que está reportando. En cambio, cuenta con información innecesaria como el número de permiso y nombre de la persona moral de la gasolinera. Hay evidencias que apuntan a que este registro se diseñó para cumplir con una normatividad, en lugar de pensarse como una herramienta para que el ciudadano cuide su bolsillo.
La solución es una mejor transparencia
Resulta fundamental entender que la información que tienen las dependencias de gobierno debe ser pública. Se obtiene, se recoge y se procesa gracias a nuestros impuestos. La capacidad de usarla nos permite evaluar mejor las decisiones que tomamos en la vida pública y privada.
En la investigación Sin Otros Datos uno de los hallazgos de mayor preocupación fue el alto número de bases de datos que ha abandonado la CRE. Esa información debe compartirse con todas las personas, no solo con PROFECO o para las conferencias de prensa del presidente. Sin embargo, la mayoría de los datos que antes publicaba con frecuencia tienen ahora más de un año de no ser actualizados.
Si la información en datos.gob.mx estuviera actualizada con mejor periodicidad, alguien podría diseñar un portal web para que cualquiera pudiera consultar qué gasolineras tiene cerca y cuál es la de mejor precio. Incluso podría consultar la evolución de los precios de su comunidad en diferentes periodos.
Ir más allá de las declaraciones de los servidores públicos y proveer documentos o los datos del gobierno implica ver al ciudadano no como un consumidor pasivo de información y servicios sino como un agente activo y de cambio que puede aportar soluciones para mejorar la rendición de cuentas. Al compartir la información pública en datos abiertos, las personas pueden tomar mejores decisiones de lo que pueden hacer al escuchar una conferencia de prensa.
Alejandro Escalante
Licenciado en Política y Administración Pública por El Colegio de México. Consultor político en materia de transparencia y acceso a la información.
