Se cumple un mes del inicio de la campaña de vacunación contra el SARS-CoV-2 en México. Como siempre digo, la buena noticia es que tuvimos alguna vacuna para iniciar pronto. De no haber conseguido las primeras dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech, muchos de nuestros profesionales de la salud no hubieran comenzado sus inmunizaciones.
Obviamente, la buena noticia fue también para el gobierno federal. De no ser por el biológico de estos laboratorios, México no sería “el primer país en ser vacunado en Latinoamérica”, ni el gobierno habría tenido un “regalo de Navidad para el pueblo”. Hasta este punto, todo parecía que marchaba excelentemente; sin embargo, no contábamos con el absurdo plan de vacunación que se había diseñado.
México tuvo varios meses –más de la mitad del año pasado– para instrumentar un programa de vacunación sólido y eficiente, que contemplara las diferentes aristas logísticas necesarias para inocular a 90 millones de mexicanos con vacunas que en la mayoría de los casos requerirán dos dosis. No fue así.
Haber obtenido cerca de 107,000 dosis de vacunas en diciembre fue algo extraordinario; en consecuencia, las autoridades improvisaron. Así, presenciamos el despropósito de cientos de profesionales de la salud siendo trasladados en camiones a diferentes cuarteles en el área metropolitana de la Ciudad de México, Coahuila y el Colegio Militar. Por algún motivo, la gente estaba yendo hacia la vacuna y no la vacuna hacia la gente. Largos tiempos de espera, filas a la intemperie, acceso muy restringido a sanitarios y una logística pensada para facilitar la vida de los militares y no la de los vacunados. Esta fue la historia que afortunadamente terminó el año pasado.
El anuncio de la potencial llegada de cargamentos semanales de 400,000 dosis durante enero, junto con una nueva logística que sí haría llegar las vacunas a la gente, directamente a sus centros de trabajo o por lo menos a la unidad de salud más cercana, no parecía una mala idea. Sin embargo, el gobierno, siempre fiel a su estilo de volver las cosas simples complicadas, anunció que el programa de vacunación estaría conducido por las Brigadas Correcaminos.
Cuando la vacuna sirve a un propósito distinto a la vacunación
En México, como en todos los países, la única alternativa posible para controlar el crecimiento de la epidemia de covid-19 era vacunar al mayor número de personas en el menor tiempo posible. Para ello, las autoridades pudieron recurrir a la infraestructura del sector salud, incluso a la iniciativa privada o a las organizaciones civiles. Enfrentamos el reto de salud pública más grande de la historia y no se debió haber apostado por otra cosa que no fuera el éxito total.
La realidad fue otra. En algún momento, en alguna reunión del gabinete, el presidente decidió sacar el mayor provecho político de la situación. La atención a la emergencia sanitaria se haría mediante una gran movilización de operadores políticos –y para ello se organizaron grupos de acción divididos en brigadas.
Inicialmente, el gobierno planteó la integración de 1,000 brigadas, ya que originalmente este era el número de unidades médicas en las que se aplicarían las vacunas. Esa lista pasó a 930 y terminó en 870 unidades. Cada una de estas brigadas estaría compuesta por cuatro elementos de las Fuerzas Armadas, supuestamente para garantizar la seguridad del “operativo”. Estos soldados y marinos acompañarían a dos vacunadores: únicamente un médico y una enfermera o enfermero. Si bien la compañía de cuatro soldados armados pudiera parecer excesiva al interior de un hospital, hasta aquí el modelo no parecía descabellado. El verdadero disparate apareció después: en la brigada también irían seis operadores políticos denominados “servidores de la nación”; de acuerdo a la Secretaría de Salud, oficialmente se trata de “cuatro promotores de programas sociales de la Secretaría del Bienestar, se prevé también la incorporación de dos voluntarias o voluntarios”.
Personal total que será movilizado: 12. Personal que llevará a cabo la vacunación: 2.
La presencia de los “servidores de la nación” no pasó inadvertida y ha sido cuestionada en múltiples ocasiones. El gobierno justificó esta decisión desde la concepción del programa. En los manuales operativos, estos servidores aparecen con el papel de “auxiliares”, encargados de diferentes labores; entre ellas, la captura de datos personales, como los padecimientos y comorbilidades del vacunado. En la práctica, esta estructura defendida por el presidente se ha convertido en una complicación logística.
La realidad salta a la vista. Aunque esta primera etapa de vacunación se lleva a cabo en unidades médicas cerradas y solamente va dirigida a los profesionales de la salud, se prevé que a partir de marzo, si no es que antes, estas brigadas se multipliquen y dispersen por todo el país, vacunando a los adultos mayores de 65 años.
Contrario a todo razonamiento epidemiológico, y por alguna razón desconocida, el presidente de la República ha ordenado que las áreas apartadas del país, rurales y marginadas, serán las primeras que visitarán estas brigadas. Como se indica expresamente en los procedimientos, los “servidores de la nación” harán llegar los beneficios de programas sociales, como dinero en efectivo y otros apoyos, al momento de aplicar las vacunas. En un año electoral y en fechas próximas a los comicios, el presidente no pierde tiempo ni escatima recursos. Decenas de miles de sus operadores políticos estarán llevando el mensaje de que la vacuna y otros beneficios son un regalo de la autodenominada 4T.
Peleados con la informática
Aplicar en México más de 320,000 dosis diarias de vacunas durante un año podría parecer un reto impresionante. No lo es tanto si lo comparamos con el millón de dosis diarias que quiere administrar el gobierno de Biden en Estados Unidos: 100 millones de dosis en 100 días. El común denominador en ambos casos es la necesidad de un sistema informático robusto, bien construido y confiable. Por extraño que parezca, y tras varios meses de esperar esta vacunación, el sistema no existe en México.
En nuestro país somos capaces de agendar perfectamente una cita para tramitar el pasaporte o verificar el auto, entre otras posiciones de tiempo y calendario. Las empresas de boletaje electrónico pueden —o podían— asignar con precisión el asiento exacto de millones de espectadores en diferentes espectáculos cada año. Sin embargo, para vacunar a los mexicanos contra el SARS-CoV-2, necesitamos a los “servidores de la nación”.
Listas, censos, cédulas de captura y verificaciones manuales; hojas de papel, más verificaciones, fotocopias del IFE y la CURP serán —o no— capturados por un dubitativo “servidor” que fue entrenado deprisa en el funcionamiento de un sistema que se traba, tarda en arrojar datos o muestras listas incompletas. Todo lo anterior, únicamente en las unidades médicas que lograron montar puestos y células de vacunación con un área de registro equipada con computadoras. En muchos casos, las listas son llenadas a mano para después ser capturadas con todos los errores y dilación que esto puede conllevar. El ejemplo más claro del penoso resultado de este proceso lo hemos visto en las conferencias de prensa vespertinas en las que, al mostrarse los avances de cada una de las entidades, los números han variado de un día otro y no necesariamente para actualizarse; por ejemplo, el porcentaje de avance sobre la vacunación en Coahuila descendió de un día al otro.
Como es de esperarse, un sistema tan ineficiente genera cuellos de botella que provocan largas filas de hasta cinco o seis horas con los profesionales de la salud en las banquetas, avanzando lenta y penosamente hasta llegar a las estaciones donde sus datos son tomados, no sin antes verificar que se encuentren en las listas aprobadas. Vigilar que nadie se meta en el orden de la vacunación sin haber estado contemplado se ha convertido en la prioridad número uno del proceso, por encima de inmunizar con rapidez, lo que genera mayor dilación. Transcurridas tres o cuatro horas, la persona que será vacunada finalmente recibe su dosis en un proceso de escasos cinco minutos. Tras la obligatoria vigilancia de 15 a 30 minutos posteriores a la vacunación, se procede a otro registro que, en algunos casos, como en Durango, ha llegado a ser de una hora adicional.
Por más que lo intento, en este momento no puedo evitar hacer comparaciones con mis amigos médicos residentes en Estados Unidos que ya han sido vacunados. El mayor tiempo de espera que me han comentado son 20 minutos. Apenas el viernes pasado, una amiga oftalmóloga en Atlanta invirtió no más de 15 minutos entre estacionarse y recibir una vacuna.
La falta de un sistema informático de seguimiento es quizá la carencia más grande de toda la campaña en México; después, obviamente, de las dosis faltantes de vacunas en este momento. Querer subsanar esta carencia tecnológica con recursos humanos es dar un salto de por lo menos 30 años hacia atrás en el tiempo.
La frustración de la segunda dosis
Hasta hace dos semanas, todo marchaba según lo planeado. Pese a las molestias, era mayor la satisfacción entre los profesionales de la salud que habían recibido sus primeras dosis de vacuna. Emoción, selfies, lágrimas y mucha felicidad tras largos meses luchando de frente contra esta pandemia. Hace 10 días, Pfizer anunció que detendría parcialmente la producción de vacunas para realizar una remodelación en su planta de fabricación en Bélgica. Esto afectó las entregas para la Unión Europea y otros países, entre ellos México.
Después de un par de días de dislates por parte del presidente y del gabinete de salud, se estableció que el impacto real sería de algunas semanas de retraso en las entregas, y que volverían a la normalidad en mayores cantidades a partir de la tercera semana de febrero. El problema es que en México no contamos con inventario. Las vacunas recibidas son las vacunas justas para ser administradas, no obstante la lentitud en la aplicación.
Ante este panorama, el subsecretario López-Gatell comenzó a acariciar la idea de espaciar la administración de la segunda dosis: pasar de los 21 días originalmente contemplados a un plazo de 28 o hasta 40 días posteriores a la primera. Como era de esperarse, esto causó descontento entre el personal de salud que estaba ilusionado y esperando su refuerzo. Para el 22 de enero, esta segunda dosis ya se había pospuesto sin avisar a los médicos, personal de enfermería, auxiliares y camilleros que pensaban que las iban a recibir.
Una vez más, una pésima comunicación. Una vez más, un problema que no debió surgir. El mayor componente de la molestia fue el antecedente de qué algunos “servidores de la nación” fueron vacunados, aun sin estar en contacto directo con pacientes covid. Como es natural, los profesionales de la salud se sintieron engañados y despojados.
De hecho, la inmunización de los servidores de la nación está considerada en los manuales de operación de las Brigadas Correcaminos: establecen que, al final de la jornada, todo el personal integrante de la brigada será vacunado. Esta explicación, sin embargo, no convence a todos aquellos que se han quedado sin recibir la segunda dosis de la vacuna. Es posible calcular que más de 10,000 “servidores” podrían ser vacunados y, en el camino, probablemente favorecer a familiares o amigos.
Al momento de escribir este artículo, más de 20,000 dosis de vacuna están siendo utilizadas para inmunizar a maestros en Campeche: un estado en donde próximamente se celebrarán elecciones y a un gremio con el que el presidente siempre ha querido congraciarse. Que quede claro: estas 20,000 dosis pudieron haber sido las segundas inmunizaciones del mismo número de profesionales de la salud, quienes se juegan la vida todos los días al estar en contacto directo con los pacientes contagiados.
México enfrenta una crisis enorme a causa de esta pandemia. Como nunca, son necesarias acciones serias y programas eficientes de protección a la población. Aprovechar una catástrofe como ésta para obtener beneficios políticos y electorales solamente logrará acrecentar el desastre –del que las Brigadas Correcaminos serán parte activa.
Xavier Tello. Médico cirujano y Analista en Políticas de Salud.
