Ciudad de México, a 18 de septiembre de 2018
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA,
UNIDAD ESPECIALIZADA DE DELITOS COMETIDOS
POR SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRA LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Por medio de la presente manifiesto mi respaldo a la denuncia penal presentada el pasado 18 de septiembre por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ante la Procuraduría General de la República en contra de los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Universidad Autónoma del Estado de México y diversas empresas fantasma que resulten responsables del desvío de recursos públicos evidenciado en la investigación periodística “La Estafa Maestra”, realizada por MCCI y Animal Político con base en los informes publicados por la Auditoría Superior de la Federación en 2013 y 2014. Dicha investigación fue complementada por el diario Reforma en lo referente a la transferencia de cientos de millones de pesos a domicilios particulares por medio de una intricada triangulación de depósitos en efectivo.
Las investigaciones contienen suficientes elementos de prueba para solicitar que se abra una carpeta de investigación relacionada con los convenios celebrados entre diversas entidades y universidades públicas mediante la subcontratación de empresas privadas, algunas de ellas catalogadas como fantasma por el Sistema de Administración Tributaria.
Estoy consciente de que la corrupción no se resuelve con la sanción de unos cuantos casos emblemáticos, pero también de que la impunidad prevaleciente no puede persistir. La historia reciente muestra que cuando no hay consecuencias para los actos y redes de corrupción, estos se multiplican.
En este sentido, y siempre en el ánimo de combatir la corrupción y erradicar la impunidad, expreso mi interés en que de manera pronta y expedita se esclarezcan los hechos relatados en la denuncia, se integre debidamente la carpeta de investigación respectiva y, si las hubiera, se imputen las responsabilidades penales correspondientes.
