De microempresa a proveedor de la Secretaría de Bienestar
De acuerdo con documentos del Registro Público de Comercio, el 22 de mayo de 2019 el corredor público número 15 de Córdoba, Veracruz, dio fe de la constitución legal de Grupo Maferefun S.A. de C.V. con un capital de 50 mil pesos, siendo Rafael Parra Vera y Paulino Santos González Sánchez sus accionistas. Dos de los 27 incisos con los objetos legales en los que esta empresa pensaba incursionar fueron la «planeación, organización, logística y ejecución de toda clase de eventos sociales, culturales, políticos y deportivos», así como «participar en toda clase de licitaciones públicas o privadas a nivel nacional».
Su domicilio fiscal está en la calle de Braga 87, en la colonia San Andrés Tetepilco, en Iztapalapa. Según su página de internet, se les puede encontrar en la Nave J82, Pasillo IJ, Sección Frutas y Verduras de la Central de Abastos de la CDMX. En una visita al lugar, no se identificaron señales de la empresa en cuestión, solo hay un negocio como cualquier otro que dice: «Casa Rodríguez. Piñas, sandías y papayas». No hay ninguna mención visible ni referencia de la empresa. Maferefún es una expresión popular en el yoruba del occidente africano que significa «alabado sea» o «bendición para».
Vista de la dirección de Grupo Maferefun S.A. de C.V. en la Nave J82 Pasillo IJ, Sección Frutas y Verduras de la Central de Abastos de la CDMX
La primera vez que Grupo Maferefun fue afortunada, recibió un contrato con recursos públicos de la Secretaría de Bienestar. El 11 de junio de 2021, con una compra extraordinaria por la crisis de COVID-19, la Dirección General de Recursos Materiales (a cargo de Aideé Ángeles Arroyo) le otorgó una adjudicación directa por 4.5 millones de pesos para enviar servicios de «box lunch para los beneficiarios del programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural en atención a población migrante en la frontera Sur 2021» en Chiapas. En el expediente de la adjudicación directa, los funcionarios de Bienestar declararon haber encontrado el sitio de internet de la compañía y la seleccionaron como la mejor alternativa, indicando que se trataba de una microempresa.
Cuatro meses después, el 21 de octubre de 2021, recibió otro contrato por 3 millones de pesos de la misma área y del mismo programa social, solo que ahora para llevarle «herramientas» a los migrantes, como palas, picos, rastrillos, guantes, sombreros de palma, contenedores de limpieza, trajes de apicultor y cazos de 190 litros.
El cargo público previo del que se tiene registro de Aideé Ángeles Arroyo, antes de llegar a la Secretaría de Bienestar, fue Gerente de Tesorería y Recaudación de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) del entonces Distrito Federal. Su jefa era Ariadna Montiel Reyes, que se desempeñó como Directora General de RTP durante el gobierno de Marcelo Ebrard. El 12 de enero de 2022, Andrés Manuel López Obrador promovió a Ariadna Montiel de la Subsecretaría a la titularidad del ramo de Bienestar.
Entre enero de 2022 y abril de 2026, periodo en que Ariadna Montiel fue Secretaria de Bienestar, la dependencia entregó a Grupo Maferefun otros 13 contratos por 190.5 millones de pesos. Los conceptos fueron diversos, incluyendo abarrotes para Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS), sillas y carpas para el programa Salud Casa por Casa o alimentos para eventos de las Pensiones para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar.
De acuerdo con la Secretaría de Economía, se considera como microempresa a las compañías que tienen menos de 10 trabajadores y cuyo monto de ventas anuales es inferior a 4 millones de pesos. Tan solo con el primer contrato por 4.5 millones, Grupo Maferefun debería haber dejado de ser considerada como tal. A pesar de ello, todos los contratos del gobierno que ha recibido siempre ha sido declarada como microempresa, lo cual le da ventajas y privilegios exclusivos diseñados para favorecer a los pequeños proveedores.
Desde el 28 de abril de 2026, Leticia Ramírez es la nueva Secretaria de Bienestar. Hasta el momento, su administración le ha dado a Grupo Maferefun otros 6 contratos por 109 millones de pesos, incluyendo una adjudicación directa para proporcionar alimentos en reuniones de la Pensión de Adultos Mayores entre el 16 de junio y el 31 de diciembre de 2026, contratación documentada por El Universal.
Grupo Maferefun ha recibido al menos 21 contratos por 307.5 millones de pesos por parte de la Secretaría de Bienestar. Igualmente, mediante herramientas del proyecto Tlacuilo, MCCI ha identificado al menos otros 8 contratos por 3.1 millones de pesos entregados por la Comisión Nacional del Agua, FONATUR, el Organismo Promotor de Inversión en Telecomunicaciones y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En conjunto, se trata de 29 contratos públicos por 310.6 millones de pesos.
De contratista de la Secretaría de Bienestar a organizador de eventos de MORENA
El 29 de abril de 2026, Ariadna Montiel anunció su salida de la Secretaría de Bienestar y asumió la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA el 3 de mayo.
Tan solo 5 días después, el 8 de mayo de 2026, Grupo Maferefun S.A. de C.V. se dio de alta en el Registro Nacional de Proveedores del Instituto Nacional Electoral, lo cual es un requisito legal indispensable para cualquier proveedor que busque vender u ofertar sus servicios a los partidos políticos.
El 17 de junio de 2026, Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, presentó la Convocatoria para definir a las personas que encabezarán las Coordinaciones Estatales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, en 17 entidades federativas. Se estableció que el registro de aspirantes se llevaría a cabo del 22 al 27 de junio, tanto en línea como de forma presencial, en el World Trade Center de la Ciudad de México.
La dirigencia nacional morenista anunció el evento diciendo que se trataba de un proceso interno para fortalecer los principios de la autodenominada Cuarta Transformación; sin embargo, el hecho de que ese fue el inicio del registro al proceso para definir a los «coordinadores» en las mismas entidades que el próximo año renovarán sus gubernaturas —y que varias de las personas aspirantes llevaban tiempo haciendo promoción personalizada en sus respectivas entidades—, indica que estamos ante hechos que podrían ser considerados actos anticipados de precampaña, que se encuentran prohibidos por la ley. En teoría, el periodo de precampaña inicia legalmente hasta enero de 2027.
Aún frente a una clara ilegalidad y violación a las reglas electorales, el registro de las personas aspirantes a las Coordinaciones Estatales se llevó a cabo en el Salón Maya del World Trade Center los días 22, 23, 25, 26 y 27 de junio, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria. En estos cinco días de actividades, se registraron de manera presencial 123 personas, entre los cuales se encontraron senadores, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, funcionarios federales y estatales (todos con licencia), militantes del partido y ciudadanos.
De acuerdo con diversos documentos oficiales en posesión de MCCI, los cinco días del evento de registro de los virtuales precandidatos en el World Trade Center tuvieron un costo para el erario de $11,431,979.80 pesos, a razón de 2.2 millones de pesos por día.
En la solicitud de pago emitida por MORENA, el 14 de agosto de 2026, puede identificarse el trámite para entregar 11.4 millones de pesos por la «Gestión de Evento, Registro de Aspirantes a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional, del 22 al 27 de Junio de 2026» a favor de la empresa con número 202605081094927 en el Registro de Proveedores del INE: Grupo Maferefun.
En la documentación obtenida por MCCI se identifica a Alfredo Nader Mena, Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas del CEN de MORENA (y quien también firmó como apoderado legal de MORENA en la investigación de MCCI sobre más de 252 mil pagos dispersadas a través de FINABIEN, antes Telecomm Telégrafos), como la persona que autorizó el pago a Grupo Maferefun. La realización del pago correspondió a Óscar del Cueto García, Secretario de Finanzas del partido. Todas las gestiones para procesar y realizar el pago, así como registrarlo en las plataformas oficiales del Estado, fueron realizadas el 14 de agosto de 2026.
Grupo Maferefun brindó a MORENA un servicio de gestión de eventos, lo cual implicó que la empresa que antes proveía alimentos a la Secretaría de Bienestar ahora fuera la intermediaria del partido con el WTC para encargarse de la organización del evento en los salones «Maya», «Petén», «Tajín» y «Palenque», así como del mobiliario, equipo de sonido, luz y hasta la conducción con un maestro de ceremonias, de acuerdo a lo que se desglosa en el Anexo Técnico de la contratación pública por un subtotal de 9.9 millones de pesos y 1.5 millones de IVA, sumando los 11.4 millones de pesos de la contratación pública.
En conferencia de prensa desde la sede nacional de MORENA en Liverpool 3 (inmueble sobre cuyo origen, compra y valor reportado tenemos investigaciones previas en MCCI), Ariadna Montiel fue cuestionada el 18 de agosto por el origen del dinero y el costo de las «asambleas informativas» que se realizaron en las entidades federativas y eventos del proceso de definición de los coordinadores estatales. La presidenta de MORENA señaló que el partido se hacía cargo de los materiales de los eventos, junto con los comités ejecutivos estatales, y que el dinero que se gasta en ellos es «una inversión».
Hoy sabemos que parte de esa «inversión» se realizó de la mano con Grupo Maferefun, una empresa que Ariadna Montiel conoce muy bien desde la Secretaría de Bienestar y que ahora es proveedora de MORENA, justo a tiempo antes de las elecciones de 2027. En total, entre contratos del gobierno federal y de partidos políticos, tenemos identificados al menos 322 millones de pesos de recursos públicos que han terminado en esta empresa que opera desde la Central de Abastos de la Ciudad de México.
Nota: las autoras agradecen a Santiago Botero Sierra por el análisis y procesamiento de datos de los contratos públicos federales de esta investigación.
