El 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, conmemoramos la lucha por nuestros derechos y alzamos la voz en contra de las injusticias y la violencia que vivimos día a día en México. Para ello, hablar del presupuesto público es indispensable. Los derechos se protegen mediante leyes y políticas públicas en favor de la igualdad de las mujeres. Pero esas medidas no sirven de nada si no vienen acompañadas de recursos públicos.
En 2003 el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) incluyó por primera vez anexos transversales. El objetivo de estos es etiquetar de forma anual recursos públicos para atender temas prioritarios que no siempre son responsabilidad de una única institución de gobierno. De allí su nombre: son transversales porque sus objetivos cruzan a las distintas áreas de la administración pública.
En otras palabras, los anexos buscan cerrar brechas o atender de manera prioritaria temas que por lo general atañen a grupos que han sido vulnerados, oprimidos o discriminados de forma sistemática. En el presupuesto se encuentran anexos transversales para, entre otras cosas, el desarrollo integral de pueblos y comunidades indígenas, para el desarrollo de jóvenes y para la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. En este texto me enfoco en el Anexo 13 del PEF, llamado “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”, que busca cerrar brechas de género.
Las brechas de género
Al hacer referencia a diferencias entre hombres y mujeres, es importante tener presente que la discirminación que sufrimos se observa en el salario, en la formalidad en el empleo, en las cargas de cuidados o en las tasas de impunidad de delitos que nos afectan más a nosotras, tales como desapariciones y feminicidios. Las brechas de género afectan todos los ámbitos de la vida pública y privada de las mujeres. Estas limitan el ejercicio de nuestros derechos al acceso a la justicia, a una vida libre de violencia y a oportunidades equitativas de trabajo.
Una de las brechas de género más importantes en México es la salarial, que varía tanto por entidad federativa como por la formalidad del empleo. Al cierre de 2023, de acuerdo con datos de México, ¿Cómo Vamos?, la brecha de género promedio en todo el país es del 12% en el sector formal. Esto significa que, por cada cien pesos que ganan los hombres, las mujeres ganamos en promedio 88. La brecha se duplica cuando hablamos del mercado laboral informal, donde por cada cien pesos que gana un hombre, las mujeres ganan 74: una diferencia del 26%.
Nada de esto es casual: si bien el mercado de trabajo informal a veces ofrece una mayor flexibilidad en horarios, también suele implicar una mayor precariedad. Del mismo modo, las labores domésticas y de cuidado de infancias, adultos mayores o personas con alguna enfermedad o discapacidad representan una carga desproporcionada para las mujeres. En promedio, por cada hora que las mujeres dedican a estos trabajos no remunerados, los hombres dedican 25 minutos. Es decir, las mujeres dedican el doble de tiempo a cuidados y trabajo doméstico. La informalidad es solo un síntoma de esta brecha.
El Anexo 13: recursos para las mujeres, sin perspectiva de género
Todo lo anterior muestra que las mujeres vivimos violencias que los hombres no sufren. De allí que las estrategias para favorecer la igualdad de género deban atender nuestras necesidades con recursos materiales. Aunque el Anexo 13 del PEF es importante, consiste en gran medida en buenos deseos en lugar de acciones concretas. La realidad es que el presupuesto destinado a las mujeres no alcanza para combatir los problemas que enfrentamos.
Las reglas de operación de los programas presupuestarios dejan claro que la mayoría de los recursos para promover la igualdad de género están destinados a programas universales que le otorgan dinero a los hombres y a las mujeres por igual. Esta estrategía, sobra decir, no puede cerrar las brechas de género. Lo que necesitamos, por el contrario, es que el gasto estatal se rija por criterios interseccionales que atiendan las disparidades entre hombres y mujeres.
El Anexo 13 del PEF consiste de más de cien programas, distribuidos en 29 ramos del presupuesto, que en total representan casi 420 000 millones de pesos. El problema es que 94.4 % de ellos no se rigen por criterios orientados de forma explícita a nivelar las diferencias de género. En los hechos, sólo seis de cada cien pesos están destinados a promover la igualdad entre hombres y mujeres.
El Anexo 13 debería ser una guía para asegurar que los programas sociales, tales como becas o medidas de atención médica, se enfocaran en las necesidades de las mujeres y otros grupos vulnerables. Esto nos permitiría discernir si una u otra partida el presupuesto puede en efecto cerrar brechas de género. Como ejemplo, veamos el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras. Esta política pública se enfoca en brindar estancias infantiles a madres que trabajan en la informalidad o que están desempleadas. En 2024, el presupuesto para este programa disminuyó en 50 millones de pesos respecto al año anterior. Todo esto a pesar de que se trata de uno de los pocos programas que buscaba el bienestar de las mujeres trabajadoras: el objetivo era liberarlas de la carga de trabajo no remunerado que representa el cuidado de sus infancias.
Más grave aún es que, en el PEF de 2024, siete de cada diez pesos catalogados para disminuir la desigualdad entre hombres y mujeres serán destinados a programas universales. La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, por ejemplo, representa 60 % de los recursos del Anexo 13; esto a pesar de que no busca disminuir las disparidades de género. El objetivo de este programa es mejorar la situación de todas las personas mayores, sin distinción por género o condiciones socioeconómicas.
Mientras el Programa de Apoyo para Madres Trabajadoras tuvo un presupuesto de menos de 3000 millones de pesos, un programa de entrega de fertilizantes recibió 4000 millones. No queda claro cómo podría disminuir la violencia contra las mujeres o cerrar alguna brecha de género. Del mismo modo, el programa enfocado a la Dirección, Soporte Jurídico Electoral y Apoyo Logístico, al que se destinaron 25 millones de pesos, tampoco parece orientado a reducir la desigualdad entre hombres y mujeres. Cabe también preguntarse por qué la Fiscalía General de la República —la institución que investiga delitos tales como el feminicidio— tiene 3 % menos recursos que en 2023. Pareciera que el Anexo 13 es un pretexto para presumir acciones concretas en materia de género que en realidad no son más que simulacros.
En este Día Internacional de las Mujeres, replantear los objetivos, presupuestos y políticas públicas en materia de género resulta urgente. El Anexo 13 no sólo fracasa a la hora de atender nuestras necesidades: tampoco tiene un enfoque interseccional que resuelva otros tipos de opresión que experimentan las mujeres en México. En tanto no haya un ejercicio serio de análisis sobre la desigualdad y la violencias que vivimos, así como una reflexión sobre cómo atacarlas de forma efectiva, el Anexo 13 seguirá siendo poco más que una lista de buenos deseos.
