Esta semana en Cuentas Claras analizamos cómo cada vez cuesta más seguirle la pista al poder.

Por un lado están los números:  El Comité Ejecutivo Nacional de Morena dispersó 135 millones de pesos en más de 252 mil pagos en “apoyos económicos” en la víspera de la elección de 2024, sin reportarlo al INE ni cumplir la ley antilavado. 

El monto duplica lo dispersado por el PRI en el Monexgate de 2012.

Por otro lado está la información. El gobierno presenta un “ecosistema digital” para identificar cuentas, medios y organizaciones críticas, señaladas como parte de una supuesta red coordinada para atacar al gobierno.

Mientras tanto, un reporte de MCCI y Signos Vitales advierte que el Estado ha perdido capacidades para producir y evaluar información pública al mismo tiempo que recopila cada vez más datos sobre los ciudadanos. 

Esto y más encontrarás en Cuentas Claras esperamos que sea de tu interés.

En 2024, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena dispersó 134.9 millones de pesos mediante Finabien en 252 mil 901 pagos, como parte de un contrato firmado en 2022 durante la dirigencia de Mario Delgado. Entre 2022 y 2024, el esquema sumó 144.5 millones de pesos en 276 mil 627 operaciones.

Una auditoría interna detectó que no se aplicaron protocolos para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, los contratos no permiten identificar con claridad el origen de los recursos ni el monto total de la operación.

Los 134.9 millones de pesos no aparecen identificados en los reportes de gastos de Morena ante el INE, pese a los millonarios gastos de campaña reportados en 2024. El esquema continuó en 2025, ya bajo la dirigencia de Luisa María Alcalde y con Andrés Manuel López Beltrán como secretario de Organización.

MCCI y Signos Vitales presentaron el informe “El deterioro de la Información Pública en México”, el cual advierte un deterioro de la infraestructura de información pública en México, provocado por recortes, desaparición de instituciones y pérdida de capacidades para generar y evaluar datos independientes. Esto limita la transparencia, la rendición de cuentas y la posibilidad de medir si las políticas públicas realmente funcionan.

Mientras disminuyen las capacidades para conocer y evaluar al gobierno, aumentan sus facultades para recopilar y cruzar información sobre los ciudadanos.

Esta semana María Amparo Casar analizó el llamado “ecosistema digital” presentado por el gobierno que es, en los hechos, una lista de personas, medios y organizaciones críticas de la 4T, señaladas como parte de una supuesta red coordinada para atacar al gobierno. La propia Luisa María Alcalde describió el ejercicio como un análisis de cuentas que participan en la “amplificación artificial” de tendencias.

Esta práctica no es nueva, viene desde el sexenio de López Obrador, cuando desde las mañaneras se exhibía y descalificaba recurrentemente a periodistas, medios y organizaciones opositoras. Como antecedente, la exposición de información fiscal de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera en 2024.

Estos señalamientos se acompañan de menor transparencia, nuevas restricciones legales y mayores controles sobre la expresión pública.

El contralmirante Fernando Farías Laguna, señalado como pieza clave de una red de huachicol fiscal integrada por marinos, empresarios y funcionarios, será trasladado de Argentina a México para enfrentar a la justicia. Está acusado de delincuencia organizada y delitos relacionados con hidrocarburos, que podrían implicar una pena de 20 a 40 años de prisión.

La investigación surgió tras el decomiso de un buque con más de 10 millones de litros de diésel de contrabando en Tampico, en junio de 2025, y derivó en la detención de una decena de funcionarios, entre ellos el hermano de Farías, Manuel Roberto. La trama es considerada uno de los mayores casos de corrupción investigados durante el gobierno de Claudia Sheinbaum y en MCCI la hemos documentado y recopilado en un micrositio dedicado únicamente a la trama de huachicol fiscal.

México mantiene un problema estructural de corrupción pese a décadas de reformas y cambios de gobierno. Diversos indicadores nacionales e internacionales coinciden en que el país sigue rezagado, sin embargo, el problema no depende únicamente de la voluntad de los gobernantes, sino de instituciones débiles e incentivos que permiten la impunidad.

Las experiencias de países como Estonia, Dinamarca, Finlandia, Singapur y Uruguay muestran que reducir la corrupción requiere instituciones profesionales e independientes, transparencia y mayores probabilidades de detectar y sancionar irregularidades. Para México, el reto no sería crear más organismos, sino fortalecer los existentes.