Ilustración de Oldemar González, cortesía de Nexos

 

Dame tres segundos, porfa… ―Malva me corta con el gesto la sobremesa― Es que le voy a llamar a mi novio.
Ya… ¿le llamas a una oficina o con la secretaria?
Nah… ―hace una mueca que me indica que no da crédito a mi pregunta―le llamo a su celular, como todo el mundo.

 

Para contextualizar esta charla: Malva tiene un novio. Su novio está en uno de los 19 centros penitenciarios de la Ciudad de México y, teóricamente, está prohibido que las personas privadas de la libertad tengan estos dispositivos. La explicación más sencilla sobre esta anomalía es que no es una anomalía: en el sistema penitenciario mexicano, la corrupción es el mecanismo natural de provisión de bienes y servicios de todo género.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016, cerca de 11% de la población interna declaró que, en 2016, un funcionario público le había pedido ―directa o indirectamente― alguna dádiva para hacer uso de las instalaciones, recibir bienes o servicios e, incluso, allegarse de objetos prohibidos dentro del recinto penitenciario.[1] Ambas fuentes de información ―Malva y la ENPOL― sugieren que, en el interior de las cárceles, la corrupción ha incentivado la generación de dos tipos de canastas de bienes y servicios: una, compuesta por aquello bienes a los que las personas privadas de la libertad tienen derecho, pero que le ha sido despojada o por los funcionarios o por otros compañeros; la otra canasta contiene toda clase de bienes o servicios que la ley proscribe pero que las circunstancias justifican su oferta.

Canasta A: La apropiación de los derechos de todos por unos pocos

La rutina de quien, por cualquier razón, se encuentra en un centro penitenciario es parecida a lo siguiente: abrir los ojos, apartar de sí las cobijas por las que tuvo que pagar y levantarse del espacio que renta para poder descansar; pagar por una cubeta con agua, tomar un baño y vestirse; pagar para tomar lista; asistir a algún curso o actividad deportiva; pagar por tener acceso a tales actividades; comer el “rancho” por el que tuvo que pagar o comer los alimentos que algún familiar o conocido ingresó, mediante un pago en la aduana del Centro; regresar a la celda, entretenerse con un radio o con un televisor y pagar la renta del aparato; esperar que el estafeta le avise si tiene visitas o debe ir al juzgado y pagar a éste por su servicio; pagar por estar seguro y libre de agresiones…

La cotidianeidad en los centros penitenciarios transcurre entre actos de corrupción y complicidades. Los datos de la ENPOL sugieren que 90% de las 22,708 personas que reconocieron haber pagado a las autoridades en 2016, lo hicieron para tener acceso a bienes o servicios que la ley contempla como una obligación del Estado.

Gráfica 1.

En 2016, 80% de las personas que dieron dádivas a las autoridades fue para conseguir alguno de los siguientes servicios: acceso a agua potable, energía eléctrica para la celda, pase de lista, acceso a visita conyugal o a los servicios médicos, psicológicos o escolares o para participar en algún taller que el Centro ofrece (Gráfica 1). Asimismo, 62% de las personas que en 2016 reconocieron que tuvieron que pagar, lo hicieron por tener una cama, colchoneta o cobijas, para recibir comida o tener aparatos eléctricos. Finalmente, 53% de este grupo declaró que en ese año había pagado para poder hacer uso de las instalaciones sanitarias, para salir al patio de visitas, para ir a los juzgados o acceder a los locutorios.  Es decir, desde la perspectiva de los que están dentro, cada aspecto de la vida está monetizado.

Canasta B: Bienes y servicios no contemplados por la Ley, pero requeridos en ese contexto

  • Todo tiene precio ahí… Todo ―dice Malva y abre los ojos desmesuradamente para que yo entienda que es holístico el asunto―Te juro que he sabido de gente que pagaba hasta 100 pesos con tal de que la dejaran usar una faja el día de la audiencia. Ya sabes: todas se quieren ver delgadas porque es el día que ven al novio, a la familia, a los hijos… y pues se quieren ver guapas.

La faja el día de la audiencia con el juez es una ilustración de los bienes de la Canasta B porque las personas privadas de la libertad deben presentarse únicamente con el uniforme puesto y el calzado reglamentario, con el rostro sin maquillar. A pesar de las disposiciones existentes, Malva relata casos de chicas que llegaban al juzgado en tacones y con los labios carmesí.  Por su parte, la ENPOL indica una faceta de la Canasta B menos colorida: algunas personas pagan por su protección o para cambiar de celda y así evitar peligros.

Canasta B

En 2016, 63% de los que declararon haber dado dinero fue para obtener bienes y servicios de la canasta B. Si bien, buena parte de estos pagos están destinados para comprar seguridad ―servicio ilegal cuya existencia está justificada por el clima de violencia y el autogobierno de los centros penitenciarios―, la corrupción abre espacios para la adquisición de bienes prohibidos en el contexto de encierro: en 2016, una de cada tres personas que reconoció haber dado algún beneficio a las autoridades, lo hizo para tener acceso a un teléfono.

¿Para qué tener un teléfono en un Centro penitenciario? El Instituto Federal de Telecomunicaciones presentó ante el Senado un estudio en que estima para 2017 que cerca de 3.7 millones de llamadas telefónicas salieron de siete penales federales y estatales.[2] También, el IFT señala algunos casos atípicos: en uno de los penales analizados, dos usuarios realizaron más de 1,000 llamadas en el periodo de una semana. Al respecto, el informe concluye:

“[p]ara la sociedad en general, estas cifras son alarmantes si se combinan con los reportes oficiales que señalan un incremento en actividades delictivas relacionadas con la extorsión y el secuestro”.

¿Quién recibe el dinero?

Los datos de la ENPOL indican que 87% de la población que reconoció haber hecho un pago identifica que fue a un custodio y 36% reportó que pagó a un interno. La suma de los porcentajes excede el 100% porque una persona privada de la libertad paga por varios bienes y servicios, a diferentes autoridades o a compañeros de reclusión. En el fenómeno participan varias personas y en todos los niveles.

Por lo anterior, las denuncias sobre corrupción en los centros penitenciarios son escasas. Durante 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos registró 302 quejas de internos ante las autoridades por cobros indebidos por parte de los custodios y de otros compañeros.[3] La ENPOL muestra que del total de las personas que reconocieron haber incurrido en esta práctica, sólo 5% denunció ante las autoridades. El temor a las represalias y el hecho de que la corrupción sea un acto tan común que es difícil considerarlo como un delito, son los principales motivos para no denunciar.

El bajo porcentaje de denuncia y el subreporte característico de las encuestas sobre corrupción[4] impiden captura la magnitud de las dos canastas que se ofertan en los centros penitenciarios de México. No obstante, la ENPOL nos demuestra, a través de la mirada de quienes respondieron, que en las cárceles se paga por disfrutar algo que les corresponde por derecho, pero también se paga por lo prohibido.

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  • Si pudieras eliminar lo peor de las cárceles, ¿qué sería?
  • Creo que la ignorancia de la gente y la falta de dinero. ―dice Malva entre tazas de café vaciadas hace horas― Sin conocimientos, cualquiera te ve la cara. Sin dinero, cualquiera te ningunea y empeora el encierro.

La corrupción en el sistema penitenciario debe ser un tema prioritario para toda la sociedad porque cancela la opción de la reinserción social. Malva lo sabe a cabalidad y cuenta todo esto con gran autoridad: alguna vez, ella estuvo ahí.

* La autora agradece a Malva por todos sus comentarios.

 

Vianney Fernández Villagómez. Es economista por la UNAM y maestra en Administración y Políticas Públicas por el CIDE. Está interesada en los temas de sistema penitenciario y de reinserción social. Actualmente, labora en The World Justice Project México en el área de Justicia Penal.

Twitter: @missgrandeko


[1] 22,708 personas de una población de 210,911 personas sentenciadas o en prisión preventiva, al momento del levantamiento de la encuesta. Para realizar inferencias sobre la población a partir de la muestra, los cálculos fueron elaborados con factores de expansión.

[2] Instituto Federal de Telecomunicaciones (2018).  Estudio Estadístico del número de terminales móviles y de casetas telefónicas públicas que operan dentro de una muestra de penales en el país (México: Comité Especializado de Estudios e Investigaciones en Telecomunicaciones) [Dirección URL https://goo.gl/K1oo8D].

[3] Comisión Nacional de Derechos Humanos (2017). Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. (México: CNDH) [Dirección URL: https://goo.gl/v1SahT].

[4] Una encuesta reciente realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad ilustra este subreporte entre quienes reciben directamente la pregunta de haber pagado una “mordida” y quienes la reciben indirectamente: https://goo.gl/SXvTmi.