(Publicado en Reforma, 18 de mayo de 2018)
En los últimos 12 meses, poco más de una cuarta parte de la población en México pagó o le fue pedido un soborno para un servidor público. Así lo revela una encuesta realizada por Grupo Reforma y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), realizada en abril pasado.
Esa proporción confirma la prevalencia de un problema arraigado y el dato es consistente con el resultado que reportó la más reciente edición de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2017) del INEGI. En ella, se registra que cerca del 26 por ciento de los mexicanos ha participado en actos de corrupción.
Por su naturaleza, expertos señalan que la corrupción en México es un problema que a las personas les cuesta trabajo reconocer en su círculo inmediato, pero que a todos preocupa.
El resultado de la Encuesta de Reforma y MCCI se obtuvo a partir del método de experimento de listas, un modelo de pregunta que permite obtener información sin que el ciudadano tenga que admitir frente a un encuestador haber dado alguna ‘mordida’.
A la pregunta directa si en el último año se había pagado alguna ‘mordida’, sólo 12 por ciento de los encuestados respondió afirmativamente. En contraste, con el experimento de listas esta proporción subió 13 puntos porcentuales hasta 25. Es decir, con el método de listas, la proporción se elevó a más del doble. En otras palabras, menos de la mitad de quienes habían dado una ‘mordida’ admitieron haberla dado cuando les fue preguntado directamente.
La diferencia entre la pregunta directa (en la que 12 por ciento de los encuestados admitió haber dado una ‘mordida’) y los resultados del experimento de listas (25 por ciento admitieron haber pagado) denota lo complejo que es hablar sobre corrupción cuando ésta se refiere a uno mismo.
Una hipótesis es que la corrupción es considerada el segundo problema que más preocupa a los mexicanos, sólo después de la inseguridad y la violencia (ENCIG 2017), por lo que no es fácil reconocer frente a un tercero que uno es parte de ese problema.
Otra hipótesis consiste en que las personas que no reconocieron directamente haber pagado un soborno sean mayoritariamente quienes ofrecieron la ‘mordida’. Es decir, dejan de ser víctimas para convertirse en victimarios de la integridad de un funcionario.
En este caso, se estima que la tasa de sub-respuesta es aún mayor que cuando los sobornos son solicitados por los funcionarios o policías, pues la carga moral no sólo contempla la violación a la ley al cometer la infracción, sino la intención de corromper al servidor público.
Entre Pedir y Dar
Si bien 7 de cada 10 ciudadanos reconocen que son ellos quienes permiten que exista corrupción (Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2012), responsabilizan en mayor medida a políticos, gobernantes, legisladores y empresarios y, en consecuencia, confían poco en ellos. Apenas 39 por ciento de las personas confía en servidores públicos y empresarios, 33 por ciento confía en gobiernos municipales, 29 por ciento en gobiernos estatales y sólo 25 por ciento confía en el gobierno federal (ENCIG 2017).
Con base en la encuesta de Reforma y MCCI, se sabe que dos de tres ‘mordidas’ fueron solicitadas por funcionarios y sólo una de cada tres fue ofrecida por el ciudadano. Es decir, los resultados obtenidos parecieran indicar que el principal problema radica en que los funcionarios son quienes exigen el pago de sobornos. Sin embargo, es posible que los ciudadanos que ofrecieron sobornos tiendan a subdeclarar con mayor frecuencia el pago de mordidas por vergüenza ante el encuestador.
De acuerdo con la encuesta, el monto promedio de la ‘mordida’ para “realizar un trámite o recibir un servicio o apoyo gratuito del Gobierno” fue de 330 pesos. Los montos más frecuentes reportados en la encuesta son de 100, 200 y 500 pesos, lo que probablemente esté relacionado con la denominación de los billetes, más que con la disposición a pagar o a recibir en sobornos.
