Ilustración de Jonathan Rosas, cortesía de Nexos.

El manto de irregularidades que cubre el proceso electoral poblano, que unos defenderán y otros atacarán, no deja contento a nadie. Los mismos morenovallistas confiesan que este no ha sido el proceso idílico, pero que es el que admitieron los partidos políticos y el único que permitía contrarrestar la ola de votos a favor de AMLO.

Si acaso, el proceso electoral es un reflejo de un Estado donde el virrey manda, la oposición es débil, las instituciones dependen de la voluntad del gobernante y los medios de comunicación –que en su mayoría dependen del patrocinio estatal- son maniatados por el gobierno. En resumen, todo menos una democracia. 

Balazos, robo de urnas y encuestas de salida

El 1 de julio será recordado como el más violento que se haya registrado en Puebla en los últimos treinta años. En la capital del Estado, la quinta ciudad en importancia en el país, hubo balazos y robo de urnas a plena luz del día y hasta el momento nadie lo niega, pero tampoco nadie lo ha podido esclarecer. No se sabe cuántas urnas fueron robadas, las casillas exactas en que ello sucedió, los lugares donde hubo balazos y no hay un recuento certero por parte de las autoridades estatales y federales.

Las instituciones poblanas se vieron rebasadas y, peor aún, inmiscuidas: una camioneta con los logotipos de la Fiscalía General del Estado –registrada a nombre de la Secretaría de Finanzas del Estado- volcó con material electoral presuntamente robado. Quienes debían garantizar la seguridad el día de la jornada eran precisamente señalados como parte de las acciones delictivas. El gobernador, Antonio Gali, sólo encontró lugares comunes para justificar lo que era evidente: la elección era tierra de nadie y ganaría quien tuviera mayores artimañas y defendiera mejor sus votos.

A ello se aúna la opacidad del Instituto Electoral del Estado que en todo momento protegió los intereses de la candidata del Frente, y que desde el día de la elección se ha negado a proporcionar información certera sobre ella. Por ejemplo, diez días después de la jornada electoral no se sabe la participación exacta en las distintas elecciones a nivel estatal; el Instituto tampoco ha definido el número de diputados que corresponden a cada partido por el principio de representación proporcional, cuando lo debió hacer legalmente hace unos días. Lo anterior ha sido denunciado por Morena como una maniobra para quitarle diputados y que el congreso no tenga una mayoría contraria a Martha Erika Alonso.

A este naufragio institucional hay que sumar que la mayoría de encuestadoras dio como ganador a Miguel Barbosa en la elección a gobernador en sus encuestas de salida, por un margen de diez puntos porcentuales. De nueva cuenta, como en otros procesos, o todas las encuestadoras son un fraude, o aquí hay indicios de tal. Que se equivoquen es completamente normal; que lo hagan por un amplio margen o habla mal de su trabajo o habla mal del proceso electoral.

Cada quien mira el vaso medio lleno o medio vacío.

Para colmo, el martes posterior a la elección, un grupo de simpatizantes y líderes de Morena irrumpieron en un hotel donde el PAN operaba con material electoral. Unos dicen que eran actas originales, otros que eran copias; unos afirman que había urnas, otros lo niegan. La autoridad detuvo a 62 personas para luego liberarlas. Hasta la fecha no se sabe qué delitos investiga, las razones por las que liberó a los detenidos, y tampoco se ha esclarecido qué hacía un magistrado del Tribunal Superior de Justicia y un trabajador de la secretaría de gobernación en el lugar de los hechos. El Estado ardía mientras unos denunciaban el fraude y otros la violencia.

El encono, los balazos, el robo de urnas, el martes negro y la equivocación de las encuestadoras apuntan en la dirección del fraude.

El peor candidato y la estructura que funciona

Cuando la candidata por el Frente, Martha Erika Alonso de Moreno Valle, salió a declararse ganadora, apenas a las seis de la tarde, lo hacía bajo mera especulación y como un acto de ajedrez político. Para ese momento –y dado lo cerrado del resultado que le beneficia- era imposible que Alonso tuviera las actas que le dieron el triunfo conforme al PREP o conforme a los cómputos distritales. Mera irresponsabilidad, secundada por el otro candidato, Luis Miguel Barbosa. La victoria cantada por ambos personajes condicionó todo el proceso. No se trata de si alguien mentía, sino que en ese momento los dos lo hacían: no tenían certeza de su triunfo.

La sociedad se encuentra en medio de dos versiones que exigen una profesión de fe: los que piensan que el proceso no fue limpio y los que creen que Martha Erika es el mal menor y, por eso, defienden el resultado electoral, aunque omiten los episodios de balazos, robo de urnas o coacción a la burocracia.

Lo curioso del resultado es que, en todo caso, Barbosa perdió la gubernatura en los Distritos en los que Morena triunfó a nivel local. El candidato obtuvo menos votos en los distritos clave de la capital y zonas conurbadas, justo donde los candidatos a diputados locales de Morena obtuvieron una ventaja contundente respecto de sus adversarios panistas. Barbosa perdió más de 100 mil votos en relación a la votación que obtuvieron sus compañeros de Morena que ganaron esos distritos.

La ecuación sólo deja lugar a dos hipótesis: Barbosa era realmente repudiado y un porcentaje importante del electorado eligió a Martha Erika por encima del senador con licencia –habiendo votado por Morena en toda las demás elecciones-, o hubo una operación contra Barbosa justo en esos distritos.

Si Barbosa hubiese logrado resultados similares que sus compañeros que aspiraban a una curul en los distritos clave, hubiese rebasado a Alonso de Moreno Valle sin posibilidad de sorpresa alguna. Así, la ecuación se reduce a la voluntad popular o la operación contra Barbosa. Esta segunda opción debió tener la complicidad de personajes ligados a Morena. En otras palabras, si hubo una operación contra Barbosa, también debió haber traición. No cabe lo uno sin lo otro.

Además, los datos arrojan que Barbosa fue un mal candidato.

Sus números se equiparan a los peores números de Morena, que son los de la elección a Presidentes Municipales. Lejos quedó el senador con licencia de los 1.7 millones de votos que favorecieron a AMLO. 1 de cada 3 personas que votó por Andrés Manuel no lo hizo por Barbosa. Algo que debe ser evidente para los dirigentes de Morena: quienes votaron por el partido de AMLO no quisieron (en un porcentaje alto) que Barbosa fuera gobernador. Ello se puede achacar a mil cosas, pero lo único que se puede afirmar es que Morena se equivocó de candidato. Con otro aspirante -menos repudiado-, la gubernatura hubiera sido un paseo dominical.

El escenario no podría ser peor para Barbosa: ha perdido la elección, debe impugnarla, Morena no quiere focos rojos a nivel nacional y, lo más preocupante es que, puede ser que no tenga elementos para demostrar jurídicamente las irregularidades que quien quiso pudo observar.

La tragedia doble

Esta termina siendo la peor noticia para los poblanos. La elección federal de 2006 donde resultó triunfador Felipe Calderón demostró que vivir seis años con dudas sobre la elección es un escenario poco halagador.

La sociedad poblana merecería una explicación de todo el proceso que despejara dudas sobre el triunfo de Martha Erika o que condujera a la nulidad de la elección. Es difícil que ello se logre.

El Instituto Electoral de Puebla está lejos de poder ser una institución con la autonomía para ello. En todo caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrá esa responsabilidad siempre que el escenario sea el ideal: que las partes aporten los elementos necesarios y que el Tribunal se abstenga de presiones políticas. Y no hay certeza de que uno y otro aspecto se vaya a dar.

La tragedia de los poblanos es doble: la elección no fue limpia (eso es obvio) y parece que nadie la puede (o la quiere) limpiar.

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Juan Manuel Mecinas. Doctor en derecho constitucional. Es profesor e investigador en el Cide. Experto en temas de nuevas tecnologías, democracia y su relación con el derecho constitucional. Ha sido investigador en diversas universidades de Estados Unidos y Europa.

Twitter: @jmmecinas