¿Cuál es la mejor forma de combatir la corrupción y la impunidad? En un entendimiento tradicional, el combate a la corrupción se lleva a cabo mediante instituciones jurídicas: la investigación de un fiscal, la sanción e inhabilitación de un funcionario o la sentencia condenatoria de un juez. Siguiendo esta línea, la impunidad se ve reflejada precisamente cuando los mecanismos jurídicos no son utilizados correctamente o ni siquiera son activados; es decir, cuando no se investiga y no se sanciona conforme a derecho.
Esta aproximación es bastante atractiva (al menos para los abogados). Sugiere que el éxito del combate a la corrupción y la impunidad descansa, por un lado, en la mera utilización de las instituciones con capacidad de imponer sanciones y, por otro, en la buena voluntad de quienes encabezan dichas instituciones. Implica que con presentar una denuncia se activará la maquinaria judicial y administrativa para corregir y evitar conductas dañinas mediante la imposición de un castigo.
Desde luego, esta visión está muy lejos de la realidad. Recientemente, Ernesto Canales Santos describió su paso por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo León en un libro.[1] Ahí afirmó que la voluntad política es insuficiente para combatir de forma efectiva la corrupción y la impunidad (y que por ello Rodrigo Medina no había permanecido en la cárcel). A la misma conclusión y por el mismo medio llegó Santiago Nieto, [2] el ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) que investigó los presuntos sobornos de la empresa brasileña Odebrecht a Emilio Lozoya para financiar campañas electorales del PRI, incluida —presuntamente— la del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Cabe recordar que Nieto fue después cesado acusado de divulgar información clave de la investigación y ahora es titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
Tanto Canales como Nieto coinciden en que el marco jurídico para erradicar la corrupción en México está colapsado. Es cierto, muchas veces no hay voluntad política para utilizarlo, pero ellos resaltan que ni con las mejores intenciones resulta útil para producir resultados, por lo que consideran urgente modificar nuestro arreglo institucional. Esto es especialmente importante para la debutante administración de Andrés Manuel López Obrador, que ha basado su estrategia anticorrupción en buenos deseos y propuestas engañosas.[3]
Entonces, si en el estado actual de las cosas nuestras instituciones y el derecho resultan inoperantes, ¿qué podemos hacer al respecto? Una respuesta aparentemente obvia sería apegarnos a lo dicho por los especialistas (como los propios Nieto y Canales) y reformar todas las leyes que no están funcionando. Sin embargo, resulta poco factible que un sistema pueda renovarse exclusivamente por la vía de las propias instituciones que están colapsadas. Por ello, el combate a la corrupción debe ir más allá del derecho e involucrar la movilización social.
Un muy buen ejemplo de esta idea se ve reflejada en On the basis of sex, la reciente película de Mimi Leder protagonizada por Felicity Jones que retrata la lucha de Ruth Bader Ginsburg (hoy ministra de la Suprema Corte de Estados Unidos) por la igualdad de género. Ante la inmensa desigualdad estructural que Ginsburg vivió desde los años 50, se planteó el litigio estratégico y la academia como medios de transformación social. En contraste, la cinta muestra cómo su hija adolescente inicialmente la confronta (durante la época hippie estadounidense) sobre su estrategia de cambio.
Para ella, el derecho y las aulas estaban sumamente alejadas de la cotidianeidad, por lo que eran inservibles para garantizar la igualdad de género. En su visión, el activismo y la presión política en las calles eran las mejores vías para consolidar derechos.[4] Finalmente, ambas posturas se reconciliaron e inclusive se combinaron para impulsar con mayor impacto la agenda por la igualdad. Varios años después, aunque con muchos pendientes, los avances son considerables.
La intención del ejemplo anterior es destacar que ya sea la lucha por la igualdad de género o el combate a la corrupción y la impunidad, estas formas de movilización social funcionan. La producción de conocimiento y la investigación aplicada impactan en la mentalidad y la formación de generaciones enteras. Por su parte, el litigio estratégico es un proceso tardado y puede provocar frustraciones, pero como la academia, su horizonte de impacto es el largo plazo.[5]
De igual forma, la participación activa de la sociedad civil es fundamental para transitar a nuevos modelos de convivencia social, incluyendo al derecho y sus medios coactivos (qué es permisible y qué es merecedor de castigo). Para ello, el periodismo de investigación resulta particularmente indispensable, pues representa a una ciudadanía informada que desenmascara y exige públicamente la erradicación de los peores vicios institucionales. Lo mismo puede decirse del activismo y la protesta pública.
Volviendo a la pregunta del inicio: ¿cuál es la mejor forma de combatir la corrupción y la impunidad? Debemos tener en mente que el derecho simplemente formaliza mediante instituciones ciertas prácticas sociales, por lo que resulta insuficiente para modificar por sí mismas las instituciones que crea y las prácticas que replica (esto para nada es un llamado a abandonarlo como herramienta de cambio). Por lo tanto, el combate a la corrupción y la impunidad debe trascender el entendimiento tradicional, basado únicamente en instituciones jurídicas. Es aquí donde se vuelve cada vez más necesaria la movilización social: una academia que arroje luz sobre futuros posibles, un periodismo que denuncie pasados inaceptables y un activismo que materialice estas demandas en el presente, todos bajo una gran participación ciudadana que exija de sus autoridades una mejor realidad de la que existe.
Luis Gutiérrez (@luisgutierrezmx) hace investigación y Litigio Estratégico en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
[1] Ernesto Canales Santos, ¿Cómo nos arreglamos? Testimonio del Primer Fiscal Anticorrupción de México, Grijalbo, 2018
[2] Santiago Nieto Castillo, Sin filias ni fobias: memorias de un fiscal incómodo, Grijalbo, 2019
[3] Como la propuesta de crear una Tercera Sala en la Suprema Corte bajo la bandera del combate a la corrupción, pero con el verdadero propósito de hacerse de su control. https://anticorrupcion.nexos.com.mx/?p=874
[4] Recientemente, ante el fallido sistema de justicia de Paraguay frente a la corrupción, un grupo de activistas decidió tomar las calles y a base de protestas con sartenes, papel higiénico y huevos podridos, han logrado que tres senadores acusados de corrupción renuncien a sus cargos.
[5] Con el tiempo, las leyes y su forma de interpretarlas inevitablemente cambian. El litigio estratégico puede acelerar estos procesos, por ejemplo, con sentencias que declaran la inconstitucionalidad de normas o controvirtiendo aquello que se tenía por sentado.
