El 1° de octubre, tras un litigio encabezado por la organización civil Fundar, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hizo pública la información de 27,263 contribuyentes que, entre 2007 y 2015, recibieron condonaciones y cancelaciones fiscales por 746 mil millones de pesos. Además, se dio a conocer que 201 contribuyentes están amparados para no dar a conocer su identidad y recibieron condonaciones adicionales por otros 101 mil millones. La suma total de 847 mil mdp equivale al monto presupuestado por la SHCP para las pensiones (800 mil mdp) o al costo del IMSS (825 mil mdp) para el ejercicio fiscal 2020.
La publicación de la información sobre condonaciones y cancelaciones fiscales alumbra una serie de problemas no diagnosticados con anterioridad. Uno de ellos puede ser que conocer la identidad de quienes se beneficiaron con las amnistías fiscales anteriores permite comprobar que éstas estén bien diseñadas, de forma que la hacienda pública recupere recursos y no se beneficie a grupos específicos. Si bien existen reglas de carácter general para que cualquiera que fuera elegible pudiera beneficiarse de ellas, en realidad se acabó por beneficiar mayoritariamente a los más grandes contribuyentes, quienes pudieron acceder a los mejores abogados para gestionar los beneficios de las amnistías. Por ejemplo, las mayores condonaciones (aquellas mayores a 310 mdp) le fueron otorgadas a un pequeño grupo de grandes contribuyentes, que representa el 10% de los registros de la lista.
Sin asumir dolo en el diseño y la aplicación de la amnistía fiscal, es evidente que, en los años durante los cuales se otorgaron estos beneficios, la autoridad no procuró enmendar los problemas en el planteamiento del programa y mantuvo a conveniencia un esquema que legalmente benefició en gran medida a quienes menos necesitaban de esos apoyos.
Otro ejemplo de la concentración de los beneficios fiscales es que 37% de las condonaciones se concentra en 0.7% de los contribuyentes: justamente quienes se ampararon contra la publicación de su identidad. Son ellos quienes tuvieron los medios para tramitar amparos para no formar parte de este listado público. Es cierto que a partir de ahora ya nadie puede ampararse contra la publicación de su nombre en estos casos, pues ya es jurisprudencia, pero incluso eso no es mérito del SAT sino del INAI y de la sociedad civil.
Tampoco es claro por qué algunos contribuyentes reciben condonaciones y otros cancelaciones.
Una condonación la puede solicitar cualquiera argumentando que requiere un apoyo económico bajo una circunstancia específica y por un tiempo definido; por ejemplo: como consecuencia de un desastre natural, con el objetivo de normalizar la situación económica del contribuyente, o a cambio de que se regularicen pagos atrasados. Sin embargo, al menos quince empresas perforadoras vinculadas a contratos de Pemex aparecen en el listado entre 2007 y 2015. Algunas de ellas -como Central America Drilling- fueron inhabilitadas por las propias autoridades federales y vinculadas a escándalos de lavado de dinero en los Bahama Leaks y los Panama Papers. Es como si con las condonaciones se estuviera rescatando a empresas cuya actividad es perjudicial para México.
Por otra parte, una cancelación ocurre cuando el SAT suspende sus intentos por cobrar los adeudos de un contribuyente porque el monto de la deuda es menor al costo de cobrarla o porque el deudor no puede pagarla. Si bien una cancelación no significa un perdón -pues si el contribuyente vuelve a tener recursos debe pagar-, en los hechos, las deudas canceladas no son recuperadas e incluso los deudores continúan con su actividad empresarial sin pagar un peso de sus deudas. Tal es el caso de muchos de los créditos fiscales que el SAT canceló entre agosto y octubre de 2019 y suman más de 126 millones de pesos, según documentó una investigación de Raúl Olmos en octubre 2019. Entre los beneficiarios de las cancelaciones recientes se encontraban empresas propiedad de “El Mono” Muñoz, presunto operador financiero de Los Zetas, así como empresas fantasma identificadas en la Estafa Maestra.
En resumen, algunos grandes contribuyentes no pagaron impuestos completos por años como estrategia fiscal. Pero la gran falta fue que la autoridad fiscal no buscó enmendar el problema y permitió condonar y cancelar adeudos millonarios a grandes contribuyentes. Esperamos que esto no vuelva a ocurrir, sin con ello eliminar los incentivos fiscales para contribuyentes cumplidos.
Sofía Ramírez Aguilar (@Sofia_RamirezA) es la directora adjunta de la Unidad de Investigación Aplicada en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
