Al menos en el discurso, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador insiste en que la tolerancia a la corrupción terminó con la elección de 2018. Sin embargo, las compras públicas de esta administración evidencian otra realidad. Este gobierno, al igual que los anteriores, ha beneficiado con contratos multimillonarios a personas cercanas al régimen. El problema no es solo el tráfico de influencias que beneficia a los amigos de los hijos del presidente, sino también que este gobierno ha promovido medidas que aumentan la discrecionalidad en la asignación de contratos públicos.
Esta opacidad se ha fomentado desde el gobierno de López Obrador. Tres ejemplos: ha intentado limitar al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Cada vez se publica menos información sobre contratos públicos, y cada vez existen más trabas que impiden saber en qué se gasta nuestro dinero. También es cada vez más común que el gobierno reserve información pública bajo el argumento de que se trata de asuntos de seguridad nacional, incluso cuando eso es llanamente falso. Ahora, además, busca cambiar las leyes a modo, al margen de la Constitución, para promover mecanismos poco transparentes y menos competitivos en las compras públicas.
En días pasados, los integrantes de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicamos una investigación sobre los contratos de la Administración Pública Federal en 2023. Encontramos que la transparencia ha disminuido debido a vacíos de información y datos mal clasificados. Esto pareciera ser una estrategia del gobierno federal para simular mejoras en las compras públicas cuando, en realidad, promueve el uso indiscriminado de las adjudicaciones directas y las invitaciones restringidas, al tiempo que aumenta la discrecionalidad en las contrataciones. Esto sucede porque los requisitos para no abrir una licitación —es decir: un concurso abierto a todas las firmas interesadas— son ahora mucho más laxos y permiten seleccionar a los proveedores.
En teoría, las licitaciones públicas deberían ser el principal mecanismo para que el gobierno contrate a proveedores privados, de acuerdo con las leyes de compras y la Constitución. Las adjudicaciones directas y las invitaciones restringidas deberían ser excepcionales. La ley establece que las autoridades deben justificar los motivos por los cuales quieren usar estas alternativas a la licitación.
Uno de los motivos que permiten no licitar es que el monto del contrato no supere cierta cifra, para así reducir los costos administrativos que generan las licitaciones cuando se trata de contratos pequeños. Para ello, año con año, la Secretaría de Hacienda publica en el Presupuesto de Egresos de la Federación tablas que establecen los montos máximos de los contratos públicos, ya sean para obra pública o adquisición de bienes, tanto para adjudicaciones directas como para invitaciones restringidas. Este límite evita abusos de la excepción de montos máximos, pues cualquier compra más cara tendría que ser licitada.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2023, de manera inusual, se ampliaron los montos máximos permitidos. Los aumentos de montos máximos, tanto para obra pública como para adquisiciones de bienes y servicios, fueron desde 60 hasta 153 % mayores que en 2022. En años anteriores, los aumentos eran en promedio de 6%. Es decir: en 2023, se elevaron de manera irregular los límites para hacer adjudicaciones directas o invitaciones restringidas, de manera que no se tuviera que justificar más que por monto.
Todos los contratos que utilizan este motivo para justificar no hacer licitación por ser de “montos menores”, pero que exceden el monto permitido, incurren en una violación a la ley. En 2023 el número de contratos que excedieron el monto máximo fue el menor de los últimos cinco años, con un total de 971. Comparado con los 1804 de 2022, es una disminución de casi la mitad de contratos. Sin embargo, el motivo de la disminución no fue por un mayor apego a la ley, sino por el ajuste del monto máximo.
Número de contratos que excedieron el monto máximo de actuación (2018-2023)
Al hacer el análisis de 2023, suponiendo que los montos máximos se hubieran mantenido en los límites establecidos en 2022, el número de contratos en 2023 hubiera sido de 2461. Sería, en realidad, el más alto de todo el sexenio. Es decir, con la ampliación de los montos se “legalizaron” 1490 contratos que de otra manera hubieran estado violado la ley.
Al revisar los montos de los contratos que se excedieron del límite de lo permitido encontramos que los 971 contratos que excedieron el monto en 2023 sumaron 2751 millones de pesos, esto con el aumento de los límites. Por su parte, los 2461 contratos que superaron en 2023 el límite establecido en 2022 alcanzan un total de 5251 millones de pesos. La diferencia implica que alrededor de 2500 millones de pesos adjudicados de forma indebida se legalizaron con los aumentos de los límites permitidos.
El problema no es nada más haber modificado las reglas para que a primera vista parezca que hubo una reducción de las ilegalidades del gobierno federal. Adicionalmente encontramos que al ampliar los montos están dando permiso para que se legalice que la selección de proveedores por adjudicación directa o invitación restringida sea más discrecional. Si ya la tendencia en las contrataciones por adjudicación directa es más la regla que la excepción, pues ocho de cada diez contratos son por esta vía, aumentar el límite para no hacer licitación promueve el abuso de estas figuras más opacas y menos competitivas.
La competencia es un componente esencial en las compras, ya que si hay más proveedores o contratistas que participan, entonces hay más opciones tanto en calidad, precio y características de los bienes o servicios a obtener. Por eso, la licitación pública debe ser la regla general para contratar, pues permite mayor participación, por ser un concurso abierto, lo que le permite al gobierno evaluar mejor las alternativas de menor precio. Además, en los concursos participan más actores, hay más etapas y los requisitos y criterios que usa el gobierno para elegir proveedores son más transparentes.
Sin embargo, si cada año el gobierno suaviza los límites a las adjudicaciones directas, vemos que contratos cada vez más grandes pueden evadir hacer una licitación. Este incremento del monto máximo, al parecer, busca incrementar la discrecionalidad del gobierno para elegir con poca o nada de competencia a sus proveedores favoritos. Esto incrementa las posibilidades de que las decisiones de gasto público se deban a nepotismo o tráfico de influencias, en lugar de criterios competitivos, como la experiencia, capacidad y calidad de los bienes o servicios ofertados.
Favorecer que exista más transparencia y una mejor rendición de cuentas es clave para fortalecer el monitoreo ciudadano de cómo se usa nuestro dinero, y así lograr que el gobierno lo gaste mejor. Que el gobierno promueva medidas que generan más opacidad y fomentan la discrecionalidad van en sentido contrario al bien público.
