Cuando hablamos de corrupción solemos pensar en el gobierno. Sin embargo, el problema no se limita al sector público. La corrupción y la impunidad no minan únicamente las instituciones del Estado; también corroen el ambiente de negocios. En el caso de México la corrupción reduce la competitividad, inhibe la inversión y encarece la operación de las 4.1 millones de empresas que existen en el país, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) elaborada por el INEGI.
En el sector privado la problemática de la corrupción se presenta en dos vías principales: por un lado, puede ocurrir al interior de las empresas, entre los miembros de la misma organización o con terceros también privados; por otra vía, ocurre en la interacción entre agentes del sector privado y del sector público.
Un ejemplo del primer caso, de la corrupción entre privados, es el fraude interno. Un estudio reciente de la consultora Kroll estima que en los últimos tres años, 86% de las empresas mexicanas fueron víctimas de fraude y corrupción a su interior y que solo 63% investigó las causas, debido a la falta de confianza en que estas investigaciones tengan realmente repercusiones judiciales.
Para el segundo caso, los riesgos de corrupción al interactuar con el sector público se materializan a través de sobornos, extorsiones, conflictos de intereses, contrataciones públicas arregladas, por mencionar algunos. Retomando los datos de la ENCRIGE, durante 2020, una de cada cuatro empresas sabían de un caso de corrupción en los trámites que estaban realizando.
Con el objetivo de profundizar en estas problemáticas, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en colaboración con el equipo de Coparmex y Data Coparmex, presentó los resultados de la Encuesta contra la corrupción en el sector privado. Los datos obtenidos evidencian el círculo vicioso de corrupción que padecen las empresas. La alianza con Coparmex nos permitió conocer a través de una encuesta realizada a 2471 empresas socias de Coparmex, las distintas dinámicas a las que están expuestas las empresas de diferentes tamaños y sectores en México.
El primer dato que resulta alarmante es que 39%, prácticamente cuatro de cada diez empresas, experimentó algún acto de corrupción en el último año. Esta cifra se encuentra en su mayor nivel desde el 2019. Los números corresponden al promedio nacional, pero la realidad en cada entidad es sensiblemente distinta: Chiapas, Quintana Roo y Nuevo León son las entidades que mayor experiencia de corrupción reportaron, con más de 60% de los socios en esos estados.
Si bien la experiencia de actos de corrupción difiere de los niveles de percepción, es importante destacar que esta última también es determinada por el entorno político, de seguridad, de impunidad y la cobertura mediática a los escándalos de corrupción, entre otros factores. Por ello, tiende a ser mayor que la experiencia directa registrada a través de encuestas. Sin embargo, es un indicador que nos permite visibilizar el problema y analizar su avance o retroceso a través del tiempo. Dentro del empresariado, nueve de cada diez encuestados cree que los actos de corrupción ocurren de forma frecuente en el país.
Al preguntar cuáles son las causas principales por las que las empresas se ven orilladas a participar en actos de corrupción, la respuesta más común fue para agilizar trámites, seguido por evitar multas, sanciones o clausuras y, en tercer lugar, encontramos obtener licencias o permisos. En este rubro, es evidente que necesitamos hacer más eficientes los trámites y servicios públicos para reducir los procesos burocráticos que dan espacio a actos de corrupción. Una estrategia que ha probado ser efectiva en ello es la digitalización de estos procesos.
Los resultados de la encuesta también son consistentes con los índices de impunidad a los que nos enfrentamos la ciudadanía en México, de acuerdo con el INEGI (ENCIG, 2021). Al preguntarle a las empresas que experimentaron actos de corrupción si realizaron alguna denuncia interna o externa, 75% respondió que no. Cuando analizamos cuál era el motivo principal detrás de los bajos niveles de denuncia, encontramos que 31% consideraba que no sirve denunciar. Esta percepción no sorprende al constatar que solo en el 5% de los casos denunciados, se sancionó al responsable:
Ante estos resultados, es importante recordar que no todos los actos de corrupción que involucran al sector privado ocurren en interacciones con el gobierno. Las empresas tienen también la responsabilidad de establecer controles mínimos necesarios para disminuir los riesgos de que exista corrupción al interior de su organización.
Estos controles se materializan en políticas de integridad, que pueden incluir la existencia de un código de ética, una estructura de gobierno corporativo, procesos de auditoría, políticas anticorrupción y antilavado de dinero y de prevención de fraude; sistemas de denuncias y sanciones, capacitaciones sobre estas políticas, entre otros.
La encuesta también buscó conocer los mecanismos más comunes con los que contaban las empresas para prevenir la corrupción. Encontramos que apenas 23% tenían un sistema de denuncia y sanciones, siendo este uno de los elementos más importantes para combatir y reducir la impunidad.
Los resultados de este estudio demuestran que aún hay mucho por hacer. Sin un esfuerzo conjunto entre el gobierno, el sector privado y la ciudadanía, las oportunidades para acabar la corrupción se reducen. A continuación, presentamos una serie de propuestas para la prevención de la corrupción desde el sector empresarial, basadas en los hallazgos de esta encuesta y los hechos de corrupción reportados por las y los empresarios:
- Implementar una cultura de integridad con los elementos mínimos necesarios: código de ética, políticas anticorrupción, gestión de relaciones con terceros, políticas de regalos, políticas de prevención de fraudes y antilavado de dinero.
- La formación de un gobierno corporativo con la integración de un consejo de administración que establezca mecanismos internos de rendición de cuentas.
- Ofrecer capacitaciones a todas las personas de la empresa para establecer mejores relaciones con el gobierno: eliminar el tráfico de influencias, no realizar pagos en efectivo, reportar incidentes en trámites, etc.
- Implementar una gestión de relaciones con terceros: establecer un análisis de riesgo y de debida diligencia como parte del proceso de contratación de proveedores. No contratar con terceros que no cumplen con los mismos estándares anticorrupción.
- Considerar capacitaciones periódicas también a terceros sobre la cultura de integridad de la empresa.
- Garantizar que todos los empleados reciban sus beneficios de ley.
- Fortalecer los sistemas de denuncias y sobre todo de sanciones al interior de la empresa.
Si deseas consultar los resultados completos de este estudio, visita nuestra Encuesta contra la corrupción en el sector privado aquí.
Claudia Torres Álvarez
Integrante de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
