El partido mundialista ya comenzó: movilidad, corrupción y desigualdad

A una semana de que comience la Copa Mundial de Fútbol 2026, México acelera obras de movilidad bajo presión. Sin embargo, más que corregir fallas estructurales, la preparación del torneo profundiza desigualdades y reproduce lógicas de opacidad.

El 11 de junio arranca el Mundial. Mientras el gobierno promete que todo estará listo a tiempo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, admitió algo que pocos funcionarios dicen en voz alta: “vamos contra reloj”. La frase, pensada para transmitir control, describe con mayor precisión el estado real de la preparación: obras inconclusas, ajustes de último momento y millones de capitalinos que asumen el costo cotidiano.

¿Para quién se está construyendo todo esto? No es una pregunta retórica. Su respuesta nos permite distinguir una política pública de una estrategia de imagen. Para ello, hay que mirar lo que ocurre en las calles —no en los comunicados—: cómo se mueve realmente la ciudad, quién paga el costo de las obras y bajo qué condiciones se toman decisiones que, en otros países sede, ya mostraron sus límites.

La movilidad como espejo

El Metro de la Ciudad de México movilizó más de 1,171 millones de pasajeros en 2024. La cifra es impresionante y la citan con frecuencia quienes insisten en que la capital “ya está lista” para el Mundial. Sin embargo, ese número esconde una dinámica social compleja.

Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), una persona que habita en el centro de la Ciudad de México destina, en promedio, 19% de su gasto al transporte. Mientras tanto, en la periferia —donde viven las familias con menores ingresos—, la proporción sube a 22.4%. Quienes menos tienen terminan pagando proporcionalmente más por moverse. Es una desigualdad estructural que rara vez aparece en la narrativa oficial.

La encuesta intercensal del INEGI documenta que 1.72 millones de personas se trasladan diariamente del Estado de México a la capital en trayectos que superan las dos horas. Estas personas sostienen el funcionamiento diario de la ciudad, pero sus recorridos no forman parte del relato de modernización ni de la imagen que se pretende proyectar hacia el exterior.

Fuera de las zonas metropolitanas, el panorama es aún más severo. En municipios alejados de las tres ciudades sedes, que son en realidad la gran mayoría del país, el transporte público es escaso, informal o inexistente. La inversión pública para el torneo mundial, concentrada en corredores específicos, no dialoga con estas realidades.

La movilidad, en este contexto, es una expresión concreta de desigualdad y de cómo se distribuyen los costos y beneficios del desarrollo urbano.

El problema no es la prisa, es la dirección

En noviembre del año pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión cercana a 2,000 millones de pesos por sede para proyectos de movilidad. Ese esfuerzo, sin embargo, no se ha traducido en avances consistentes. A días del arranque, 3 obras clave en la Ciudad de México avanzan con lentitud: la Línea 2 del Metro, la Calzada Flotante sobre Tlalpan y la renovación del Tren Ligero. El gobierno aún sostiene que todo estará listo, pero el estado actual de las obras hace parecer esa promesa cada vez más difícil de sostener.

El impacto cotidiano ya es visible. Los cierres en la Calzada de Tlalpan han generado congestionamientos de hasta 10 kilómetros. Trayectos que tomaban hora y media, se duplicaron. Comerciantes de Benito Juárez y Tlalpan reportan caídas de hasta 40% en ventas como consecuencia directa de la reducción del flujo peatonal, según datos de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO). Sin medidas de mitigación, algunos negocios podrían cerrar definitivamente.

El mismo patrón se repite en el Aeropuerto de la Ciudad de México—principal punto de entrada a la capital—. En marzo, su director reconoció que la remodelación no estaría lista antes del Mundial. A mediados de abril, el avance apenas alcanzaba entre el 60% y el 65%, con el aerotrén fuera de servicio y áreas clave cerradas. Al final, algunas de las remodelaciones serán inauguradas esta semana, pero el total de los planes de remodelación —adjudicadas sin licitación— se pausarán durante el torneo, para ser retomados después. El aeropuerto que deberá recibir a miles de visitantes internacionales en junio aún no logra ofrecer condiciones óptimas siquiera para quienes lo usan regularmente.

Monterrey y Guadalajara enfrentan problemas similares. A principios de abril, reportes locales documentaron retrasos en estaciones clave de la Línea 1 del Metro regiomontano para llegar al Estadio BBVA —Fundidora, Y Griega, Lerdo y Exposición: no había trabajadores visibles y era posible ver estructuras provisionales que ocultaban el avance real. En Guadalajara, la Línea 5 del tren eléctrico reportaba apenas 60% de los carriles confinados instalados a mediados de marzo.

A lo anterior hay que sumar los costos fiscales indirectos. Las exenciones y los compromisos financieros asumidos con la FIFA pueden afectar las finanzas públicas a mediano plazo. Es un costo que pagaremos todos, con o sin boleto al estadio.

Una avenida renovada que conecta el aeropuerto con el estadio no es en realidad una política de movilidad. Está pensada para los turistas, no para quienes viven en la ciudad. El problema no es que las obras existan, es que responden a la lógica del evento, en lugar de atender las necesidades de quienes viven aquí los otros 364 días del año.

El patrón internacional: la lección que nadie quiere aprender

México no es el primero en este camino y la evidencia comparada no es halagadora. En Brasil 2014, el costo de los doce estadios alcanzó los 3,800 millones de dólares —más de 3 veces el presupuesto original—. Al menos seis de esas obras fueron investigadas por corrupción, con testimonios de la constructora Odebrecht. Cuatro se construyeron en ciudades que no tenían un equipo de primera división. El de Brasilia hoy alberga bodas y oficinas administrativas. De las 80 obras de transporte comprometidas, 35 aún no habían concluido un año después del torneo. Las protestas de 2013 —las Jornadas de Junho— lo resumieron en una pregunta: “¿Copa para quién?”. Doce años después, la misma pregunta resuena en México.

En Sudáfrica 2010, los beneficios se concentraron en el turismo de élite, las grandes constructoras y la hotelería de lujo, sin generar un impacto estructural en las comunidades más vulnerables. 
En Qatar 2022, con más de 200,000 millones de dólares invertidos, el torneo estuvo marcado desde su asignación por acusaciones de corrupción en la FIFA. The Guardian documentó la muerte de más de 6,500 trabajadores migrantes, entre 2010 y 2020. La mayoría de las muertes registraron causas como “paro cardíaco natural”, una clasificación que impide legalmente cualquier indemnización laboral. Nadie ha recibido compensación.

El patrón es claro: la magnitud de la inversión no garantiza beneficios públicos ni para toda la población. Esto se debe, en parte, a instituciones débiles, contratos que carecen de transparencia y supervisión que llega tarde, si llega.

Corrupción como sistema, no como excepción

Según el estudio Latam Pulse de febrero de 2026 —elaborado por AtlasIntel en colaboración con Bloomberg—, 46% de los mexicanos considera que la corrupción es el problema más importante del país. No la violencia, no la economía: la corrupción. No es un dato menor. Es el telón de fondo sobre el que transcurren las obras del Mundial. Recientemente, la ENCIG del INEGI apuntó que 84% de la población considera que la corrupción es frecuente en el país.

Esto no es un problema sólo de corrupción. El IMCO ha documentado de manera sistemática adjudicaciones directas, sobrecostos y modificaciones contractuales que incrementan el valor de las obras sin licitación. Cuando se combinan la urgencia política, la alta visibilidad y la concentración de decisiones, los controles tienden a relajarse. Esta misma historia se ha repetido una y otra vez con estos megaeventos.

Pese a que el Congreso de la Ciudad de México ha pedido transparentar los contratos de movilidad vinculados al torneo de fútbol mundial, el gobierno sigue limitando la información. Organizaciones de la sociedad civil han advertido que varias obras podrían quedar inconclusas, mientras que especialistas han cuestionado la falta de sustento técnico en algunos de los proyectos. 

El problema de las obras contrarreloj está en la gobernanza de sus partes. Es una cadena de decisiones que diluye la responsabilidad y complica la rendición de cuentas: decisiones apresuradas, aumento de costos, controles debilitados, presiones por terminar a tiempo.

Lo que aún se puede exigir

El margen de maniobra es reducido, pero no inexistente. Lo más urgente es transparentar los contratos completos —montos, proveedores, plazos y sanciones por incumplimiento— en plataformas de acceso abierto, con datos descargables. Existen estándares internacionales —como los que promueve Open Contracting Partnership—, que México y particularmente la Ciudad de México ha aplicado en otros proyectos, pero que hasta ahora no se han extendido a las obras del Mundial.

También hace falta supervisión independiente en tiempo real. Esto evitaría los problemas que generan auditorías internas que llegan cuando el daño ya está hecho. En su lugar, organismos externos —sociedad civil, academia, instancias técnicas— deberían tener acceso al avance de las obras mientras estas se desarrollan. 

Con estos antecedentes, es importante también pensar en el proceso de planeación de las obras. Cada proyecto tiene que poder responder dos preguntas básicas antes de ser aprobado: ¿quiénes son los beneficiarios reales? ¿Qué pasa con quienes viven junto a la construcción durante los meses de caos? Responder esto con evidencia puede mitigar los efectos negativos que generan las obras.

Finalmente, es necesario tener canales de denuncia accesibles y protegidos. Una persona que trabaja en la obra, un proveedor o un vecino debe poder reportar irregularidades sin que le cueste el trabajo ni la tranquilidad. Que haya a quién decirle algo y que tenga consecuencias.

El partido que ya comenzó

La Copa Mundial de Fútbol 2026 ya está ocurriendo. Los contratos están firmados, las obras están en marcha y los compromisos ya fueron asumidos. Lo que todavía está en juego es cómo termina esta historia para quienes viven en México cuando se acabe el torneo.

Sudáfrica prometió beneficios que nunca llegaron. Brasil dejó estadios que hoy sirven de bodegas. En Qatar los costos humanos quedaron sin reparación. México tiene la oportunidad de hacer algo distinto, pero esa oportunidad requiere transparencia activa, exigencia ciudadana y mecanismos de rendición de cuentas.

El objetivo para México no debe ser el quinto o sexto partido. Más bien, debería ser la definición de cómo construir obras de movilidad que beneficien a la gran mayoría en sus vidas cotidianas.