Ciudad de México, a 30 de junio del 2016

En las elecciones estatales del 5 de junio, los ciudadanos enviaron un mensaje claro, refrendando el voto como herramienta para castigar a gobiernos estatales que han incurrido en presuntos actos de corrupción y abuso de poder. No obstante, ante el temor de ser investigados y procesados, en los últimos días los gobiernos de Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz han dispuesto maniobras legislativas y ejecutivas para evitar ser llamados a rendir cuentas.

Ante ello, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad rechaza:

El nombramiento exprés de personas ligadas a los gobernadores salientes como magistrados, fiscales, auditores, consejeros y otros funcionarios encargados de la prevención, detección y sanción de actos de corrupción, que genera un claro conflicto de interés y mina la confianza y legitimidad de las instituciones.

Las previsiones legales que garantizan condiciones de privilegio y abuso de poder por parte de los servidores públicos.

Cualquier ordenamiento que potencialmente obstaculice la fiscalización de la gestión, gasto y disciplina fiscal de los gobernadores y gobiernos salientes.

Por ello, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad:

Demanda a los congresos de esas entidades y a los aún gobernadores que deroguen o reviertan cualquier iniciativa legislativa que reste transparencia e impida la rendición de cuentas.

Exhorta a que la clase política, incluyendo a los congresos locales, anteponga el interés ciudadano a los privilegios que los actuales gobernadores buscan perpetuar y a los mantos de impunidad que, mediante albazos legislativos, buscan procurarse.

Pide a las dirigencias nacionales de los partidos políticos que asuman responsabilidad sobre las acciones de sus gobernadores salientes y candidatos electos, y coadyuven a una transición ordenada y transparente, particularmente en aquellas entidades en las que los ciudadanos votaron por una alternancia política.

Llama al Congreso de la Unión, al Gobierno Federal y a los órganos nacionales garantes de la transparencia y el combate a la corrupción a que, en el marco de sus facultades, se mantengan atentos y activos en torno a lo que se vive en esas entidades.

Los periodos de transición no deben caracterizarse por pactos y arreglos que generen complicidad e impunidad. Los gobiernos corruptos ya fueron sancionados por los electores el 5 de junio, pero las urnas no son el único tribunal ante el que deben rendir cuentas.