El desempeño de la economía mexicana previo al comienzo de la pandemia ya daba señales muy claras de una desaceleración preocupante. México cerró el 2019 con un crecimiento del PIB de -0.1% y al final de ese año, los pronósticos apuntaban en el mejor de los casos a un crecimiento del 1% para el 2020.  En términos de empleo la administración de López Obrador también ha dejado mucho que desear. En 2019 solamente se generaron 342 mil empleos formales, que es el menor número anual desde el 2009 (México Cómo Vamos) y que equivalen solo a la mitad de los generados en 2018 (661,000).

Los efectos económicos de la pandemia han agudizado la crisis. Para el primer trimestre de este año el crecimiento de la economía mexicana fue de -2.2 y a mayo el empleo formal había sufrido una drástica caída con una disminución de más de 838 mil plazas (IMSS).  A ello habría que sumar la pérdida de empleos informales que es difícil cuantificar que dan -o daban- cuenta de 5.6 de cada 10 empleos. El único proxy disponible es que, según el INEGI, la Población Económicamente Activa perdió 12 millones de personas solo entre abril y mayo.

Estas cifras se han traducido en un impacto social negativo que afecta particularmente a los jóvenes.

En México existían antes de la crisis del Covid-19, 29.3 millones de jóvenes de entre 18 y 29 años de edad de los cuales 5.8 millones o 24% son jóvenes que no estudian ni trabajan (JNET).  Con base en el comportamiento observado en crisis previas, se espera que la pérdida de empleos para los jóvenes derivado de la actual crisis sea cuando menos 16% superior a la que se observará entre los mayores de 29 años. Asimismo, se estima que el tiempo para recuperar los empleos perdidos entre la población de 15 a 29 años será alrededor de 15 meses, lo cual es 66% mayor a los 9 meses que se espera que tarden los mayores 29 años.

 Un estudio llevado a cabo por el Centro de Estudios Educativos y Sociales (CEES) estima que la contracción económica relacionada con el COVID-19 generará un aumento de 4.3 millones de jóvenes de 15 a 29 años que no estudian ni trabajan. Con este incremento, los jóvenes en esta categoría ascenderán a 10.6 millones hacia junio del 2020. Estamos hablando de 33.3% de las personas en este grupo de edad y que incluyen los que ya se encontraban fuera del sistema educativo y ahora, además, perderán su empleo, a aquéllos que tendrán que salir de la escuela prematuramente por la falta de recursos para seguir estudiando, y a cientos de miles que terminan sus estudios entre mayo y julio del 2020 y no podrán encontrar empleo por enfrentar un mercado laboral deprimido.

Estos indicadores son alarmantes pero, si cabe, lo son más las implicaciones que pueden derivarse de los mismos.

Efectos sobre las tasas de criminalidad

Según un estudio del Banco Mundial (Ninis en América Latina: 20 millones de jóvenes en busca de oportunidades”, 2016) el aumento de 13.7 puntos en la tasa de JNET implicaría un aumento de 16% en la tasa de criminalidad. Esto es porque de acuerdo a las estimaciones, por cada punto de aumento en la tasa de JNET, en promedio se incrementa en 1.16 puntos la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes.

Efectos sobre el bienestar presente

Para los hogares con jóvenes que ingresan a la categoría de JNET, se observa una reducción promedio de 25% en los ingresos.

Efectos sobre el bienestar futuro

Pertenecer a la categoría de JNET se asocia con un ingreso anual 10% menor durante los siguientes 20 años en comparación con jóvenes que logran ingresar al mercado laboral o que pueden seguir estudiando.

Efectos sobre la pobreza

El 25% de los JNET son jefes y jefas de hogar. Esto conlleva una elevada probabilidad de que alrededor de 1 millón de hogares adicionales caigan en la pobreza por este efecto.

Efectos Psicológicos

Aumentos en los niveles de depresión, proclividad a las adicciones, violencia intra familiar, embarazo adolescente, y otras vulnerabilidades.

Atender a este segmento de la población es indispensable y es posible con programas basados en la evidencia disponible. El aumento en el número de Jóvenes que No Trabajan ni Estudian puede evitarse. Para ello se requiere, en primer lugar, que el gobierno reconozca que los programas diseñados desde el inicio de la administración ni son adecuados ni tampoco suficientes para la magnitud del problema. Con los pocos datos que existen pues la opacidad de esta administración es proverbial, se ha demostrado la ineficacia del programa estrella del gobierno de López Obrador dirigido a esta población: Jóvenes Construyendo el Futuro.

En un trabajo de próxima aparición de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, se muestra que éste programa -en operación desde el 1er trimestre de 2019- sólo logró disminuir el 1% de JNET. Insistir en la misma ruta no tiene futuro.

El otro programa de la administración, Becas para el Bienestar Benito Juárez, que de hecho viene de tiempo atrás con el componente educativo de Prospera, tampoco parece estar teniendo el impacto deseado. Más allá de si en efecto el dinero en efectivo está siendo utilizado para los propósitos buscados, las becas no parecen estar llegando a sus destinatarios. Para 2020, se previó un presupuesto para los primeros dos trimestres (enero-junio) de $26,314 millones de pesos y a mayo se registraba un subejercicio de 97% o $24,948 millones de pesos. Es decir solamente se gastarom 1,366 mdp.

En segundo lugar, se requiere también estar abierto a nuevas propuestas que sí tendrían el potencial de mitigar el impacto de la crisis sobre los jóvenes. En particular, rediseñar y re-direccionar los programas existentes pensando tanto en las opciones educativas como en las laborales, esto es, apoyar con políticas gubernamentales a la población de 15 a 29 años en 4 modalidades específicas de reinserción escolar y 4 mecanismos de promoción del empleo.

Desde la óptica educativa, las opciones son múltiples: i) incrementar el número y monto de becas de educación superior y posgrado a partir de agosto del 2020; ii) expandir la oferta de espacios educativos en Institutos Tecnológicos y Universidades Politécnicas que ofrecen carreras de 2 años, y aumentar el número y monto de becas para atraer a los JNET a estas modalidades; iii) ofrecer apoyos económicos a los JNET para que reingresen al sistema educativo para continuar sus estudios y para completar ciclos escolares truncos, mediante modalidades abiertas y a distancia; iv) ofrecer capacitación profesional a JNET en sectores que se prevé que retomarán dinamismo durante la reactivación de la economía.

Desde el ángulo laboral, las propuestas incluyen: i) eximir de pago de ISR e IVA (con valor promedio del 40% del salario) en la contratación de jóvenes entre 18 y 29 años en empleos formales, condicionando a no despedir trabajadores de otras edades; ii) ofrecer capacitación profesional a JNET con iniciativas emprendedoras para desarrollar un plan de negocios y ofrecer crédito en condiciones preferenciales a proyectos financieramente viables; iii) establecer un programa de empleo temporal en servicios públicos o comunitarios para JNET que buscan empleo; y iv)capacitación profesional a JNET de alto desempeño académico y vocación docente para apoyar la regularización académica durante el ciclo escolar 2020-21 de alumnos con rezago en aprendizajes derivado de la pandemia.

La viabilidad financiera de estas propuestas no requeriría más que de la reorientación de los recursos provenientes del subejercicio de los programas de Jovenes Construyendo el Futuro y Becas para el Bienestar Benito Juárez que no funcionan o no operan al ritmo esperado y que se prevé que para julio de 2020 sea de 36 mil millones de pesos.

Redireccionar el gasto social y rediseñar los programas puede ser la última oportunidad para evitar que el bono demográfico del que aún goza México, se convierta en deuda o pasivo demográfico. No la dejemos pasar.


Estudio