En la Ciudad de México, el presupuesto participativo es un instrumento mediante el cual la ciudadanía vota para decidir en qué deberá aplicarse una cantidad determinada de recursos públicos para el mejoramiento de su entorno, como proyectos de obras y servicios o equipamiento e infraestructura urbana. El presupuesto participativo se ha ido transformando y, después de cada consulta realizada, ha adquirido valor social. La evolución en la comunicación, la ejecución y el seguimiento de los proyectos ha generado un sentido de pertenencia dentro de las colonias con las vecinas y los vecinos más políticamente activos.
El responsable de realizar la consulta es el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que se encarga de comunicar, seleccionar y realizar la logística para la elaboración de la consulta en cada Unidad Territorial. Así, se genera un proceso autónomo y sin ninguna relación gubernamental hasta el momento en que se ejecuta el proyecto.
Este instrumento de participación ha sido históricamente utilizado por los gobiernos de las alcaldías —antes delegaciones— para justificar la incorporación de la ciudadanía en decisiones de sus colonias. Sin embargo, los proyectos considerados en el presupuesto participativo son, en realidad, propuestos por las vecinas y los vecinos; las alcaldías no son las que ponen su presupuesto a consulta, es mediante un externo —el IECM— que se realiza la consulta y se promueve la participación ciudadana. Por lo que la decisión no está en manos de los gobiernos locales.
No es una sorpresa encontrar proyectos seleccionados para ser votados en la consulta que en realidad son obligaciones presupuestales de las alcaldías, por ejemplo: la renovación, mantenimiento o colocación de alumbrado público, la renovación de parques, la colocación de cámaras de videovigilancia, entre otras. Por lo que podría parecer que el presupuesto participativo funciona como un ejercicio democrático de los gobiernos locales con acciones que deberían realizar con o sin consulta.
El vicio no está en lo que se hace con el presupuesto, sino en que estos recursos no pueden ser ejecutados sin la participación de las alcaldías, que podrían oponerse a financiar proyectos con los que no están de acuerdo. Aquí nace el problema de la reciente propuesta de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México: las alcaldías nunca han querido que su presupuesto dependa de actores externos y aprovechan cualquier ocasión para evitarlo, pero los instrumentos de participación —en este caso las consultas en el presupuesto participativo— las obligan a destinar un presupuesto específico a proyectos que no están bajo su control.
La jefa de Gobierno envió al Congreso local una iniciativa para añadir dos transitorios a la Ley de Participación Ciudadana. Esta adición pretende que los recursos considerados para el ejercicio fiscal 2021 que se encuentren en algún supuesto de impedimento temporal —permanente o que ya hayan sido realizados de manera previa con recursos de las alcaldías distintos a los del presupuesto participativo— puedan reorientarse de manera excepcional. Los transitorios presentados por la jefa de Gobierno fueron modificados dentro de las comisiones unidas de Participación Ciudadana y Presupuesto y Cuenta Pública para delimitar la temporalidad de esta propuesta y limitarla a 2020 y 2021.
Esta iniciativa es muy agresiva contra la raíz de las consultas ciudadanas y la democratización del presupuesto en las alcaldías, ya que no hay una razón de peso para cancelar los proyectos y redirigir los recursos: para 2021, la ejecución de proyectos de presupuesto participativo representa 3.5 % del presupuesto de egresos de cada alcaldía, repartido de manera equitativa entre todas las colonias.
La propuesta generó un debate sobre si reorientar los recursos significa cancelar el presupuesto participativo, ya que la consulta en la que votaron las vecinas y los vecinos de cada colonia no sería tomada en cuenta. La jefa de Gobierno y la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad han argumentado que no se trata de una cancelación, ya que las alcaldías tendrían que justificar una acción similar en favor del mejoramiento del entorno de las colonias para poder utilizar el presupuesto.
Abrir la posibilidad de no realizar el proyecto ganador de una consulta es quitar la participación ciudadana de la ecuación del presupuesto participativo. En los hechos, el presupuesto pasaría a ser una decisión totalmente gubernamental y se eliminaría la participación de las vecinas y los vecinos sobre proyectos que representan un monto marginal de los recursos de las alcaldías. Esta acción atenta contra la democratización del presupuesto y las bases con las que se ha construido una política de participación durante los últimos años en la Ciudad de México y sienta un precedente preocupante: las consultas ciudadanas son o no válidas dependiendo de algún factor externo.
Al acercarse más al problema, parece que no existe una razón de peso para no ejecutar de manera normal el presupuesto participativo en las 1767 unidades territoriales de la Ciudad de México. El Instituto Electoral de la Ciudad de México informó que existe un avance de más de 71 % en la conformación de los comités de ejecución y vigilancia; por este motivo, no existiría impedimento legal, formal o material para reorientar el presupuesto en esas unidades territoriales. Sólo en 11 unidades territoriales no se presentaron proyectos ni existe una confirmación de comisiones de vigilancia y ejecución; en éstas sí podría existir un impedimento legal. Así, pareciera que la intención no es subsanar los recursos de las alcaldías con el presupuesto participativo, sino tomar control de recursos sobre los que formalmente no tienen decisión.
En la unidad territorial Jamaica, de la alcaldía Venustiano Carranza, el proyecto ganador fue “Luminarias”, con el que se propone renovar el alumbrado público de esa colonia. La reorientación de este presupuesto no es posible ya que, hasta antes de la aprobación de la reforma de la jefa de Gobierno, se habían conformado los comités de vigilancia y ejecución; además, ya se habían recabado las firmas para la ejecución del proyecto. Todos los requisitos que estipula la Ley de Participación Ciudadana fueron cumplidos. Este proyecto muestra los problemas no resueltos con esta herramienta: por una parte, la propuesta de la jefa de Gobierno queda sin peso presupuestal por el avance de la obra; por el otro, la alcaldía no iba a cancelar un proyecto que le evitará gastar presupuesto para atender una obligación de proveer servicios públicos.
Parece que la iniciativa no tiene intención de dotar de mayor presupuesto a las alcaldías, ya que sería complicado que un alto porcentaje de los proyectos pudieran ser reorientados. Por lo tanto, parece que la intención es atentar contra la decisión ciudadana y la participación de institutos autónomos dentro del presupuesto.
Egresado de la carrera de Ciencias políticas y administración pública en la FES Acatlán, UNAM. Promotor de la participación política de las juventudes. Fan del rap.
